En medio de críticas por las deficiencias que contiene de origen, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el nuevo esquema, que entrará en vigor una vez que sea promulgado por el Ejecutivo, se aumentó el número de sujetos que deberán abrir su información a petición de los ciudadanos.
“Se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. En atención a la demanda ciudadana, se amplió el catálogo de sujetos obligados, ahora, estarán sujetos a esta ley, a la par de las dependencias y entidades tradicionalmente obligadas”, señaló en tribuna Abel Octavio Salgado, presidente de la Comisión de Gobernación.
Sin embargo, diputados de partidos de izquierda se opusieron al proyecto argumentando deficiencias que permitirán que en algunas áreas de gobierno siga imperando la opacidad.
“En este dictamen se deja a las instancias, como la SEIDO, el Estado Mayor Presidencial, la Sedena, el Cisen, el Centro de Planeación de Análisis e Información para Combatir a la Delincuencia Organizada, que no serán sujetos obligados, por ser quienes toman la decisión en temas de seguridad nacional”, reclamó Zuleyma Huidobro, diputada por Movimiento Ciudadano.
Los diputados de oposición pidieron que se eliminara un artículo transitorio en el que se establece que será hasta el último día de agosto cuando las nuevas disposiciones de transparencia entren en vigor para el Congreso de la Unión.
“Pues las preguntas que van a hacer todos: ¿y qué esconden? ¿Por qué ahorita no pueden ser públicos? ¿Por qué ahorita no pueden ser transparentes? Ese transitorio de la confesión de parte a mí me parece vergonzoso y creo que lo deberíamos quitar”, expuso Fernando Belaunzarán, diputado del PAN.
La nueva Ley de Transparencia fue aprobada sin cambios, tal como fue enviada del Senado.
Anticorrupción… después
En el Senado, en cambio, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue pospuesto hasta la próxima semana.
Las comisiones que analizaron el tema expusieron las modificaciones que hubieran querido realizar a la minuta enviada por la Cámara de Diputados; sin embargo, por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, el Sistema se aprobará sin modificaciones.
El único cambio que fue aprobado fue una adición a la exposición de motivos donde quedará establecido que se harán cambios legales para la eliminación del fuero de todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República; así como la obligación de hacer públicas las declaraciones de intereses y patrimoniales de los funcionarios.
PUNTOS PRINCIPALES DE LA INICIATIVA:
1 Se creará el Sistema Nacional de Transparencia.
2 Se permitirá la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
3 Los ciudadanos podrán solicitar información sobre gastos relativos a contratos, concesiones, convocatorias, personas físicas o morales que reciban recursos públicos.
4 Se estableció la prueba de daño y la prueba de interés público en el que una dependencia debe argumentar la negativa a dar una información probando que es dañino para el país darla a conocer.
5 Se estableció también la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o, bien, cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.
LAS CRÍTICAS:
> La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tendrá la facultad de interponer recursos ante la SCJN cuando se considere que la información solicitada pone en peligro la seguridad nacional.
> La información sobre la condonación de impuestos será entregada solamente hasta que un juez determine que no pone en peligro la estabilidad económica del país.
