"Si no se frenan (las modificaciones), pues en realidad, lo que estaría ocurriendo es una enorme limitación a los avances que en materia de transparencia se han tenido"
Con los cambios que se proponen, argumentan los legisladores, se fomenta discrecionalidad en la Administración Pública
Apesar de que ya se venció el plazo para que sean aprobadas las leyes de transparencia, su negociación continúa empantanada en comisiones del Senado.
Esto debido a una serie de modificaciones que son impulsadas por el PRI y en las que los partidos de izquierda no están de acuerdo.
Senadores del PRD acusaron que el tricolor impulsa alrededor de 80 modificaciones al dictamen de la Ley de Transparencia, entre las que se encuentran que la información sobre las violaciones graves a derechos humanos, a delitos de lesa humanidad o a actos de corrupción sea abierta “hasta que una autoridad competente resuelva la materia”.
Se contempla, además, eliminar del catálogo de sujetos obligados a los Fondos y los Fideicomisos gubernamentales.
“Si no se frenan (las modificaciones), pues en realidad, lo que estaría ocurriendo es una enorme limitación a los avances que en materia de transparencia se han tenido”, denunció Armando Ríos Piter, senador por Guerrero.
Los priistas han planteado una ampliación del catálogo de temas y tópicos que deben permanecer reservados, intención que resulta “intransitable” para los perredistas.
Aunado a esto, el tricolor intenta que en algunas dependencias o entidades ni siquiera se considere la obligación de establecer un consejo de transparencia, acusaron.
En ese supuesto se encontrarían el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Protección, la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y el Estado Mayor Presidencial y de las Fuerzas Armadas.
El PRI busca también eliminar la necesidad de que se exprese “la prueba de daño”, a través de la cual las dependencias que decidan no hacer pública una información deben justificar cuál sería el daño que se haría al país si se revela.
Se busca también matizar la figura de la recomendación, que la oposición considera como fundamental para la prevención y que se busca dejar con un carácter no vinculante.
“Esto va totalmente en contra de lo que existe en Estados Unidos y en el mundo, esto es una regresión”, afirmó el perredista Zoe Robledo, senador por Chiapas.
En la reserva de información sobre los Fondos y Fideicomisos, los perredistas alertaron sobre la opacidad que habrá sobre el manejo de recursos en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y de los tres niveles de Gobierno que están radicados en esas figuras.
Dolores Padierna acusó que se intenta ocultar principalmente la información proveniente del Fondo Mexicano del Petróleo.
“Hay que decir que los recursos millonarios que hay en los fondos y fideicomisos son recursos públicos y que, por lo tanto, deben de tener máxima transparencia, más aún si se trata del Fondo Monetario del Petróleo se trata de ingresos petroleros que deben de estar a la vista al día, diario se saca petróleo, diario hay ingresos petroleros, diario tenemos que revisar cómo se va conformando este Fondo Mexicano del Petróleo”, afirmó Padierna.
Los legisladores acusaron que con los cambios que se proponen, se fomenta que exista un ambiente de discrecionalidad en toda la Administración Pública.
Por su parte, el PRI definió el tema de transparencia como una de sus prioridades en este periodo de sesiones y han acusado que es la oposición quien no quiere continuar con la negociación del tema.
Sin embargo, los perredistas acusaron que las modificaciones no provienen de la bancada del PRI, sino directamente de la Presidencia de la República, por lo que no hay con quién negociar.
“Los corchetes tienen un origen. ¿Con quién vamos a discutir los corchetes, las diferencias? Lo que nosotros estamos planteando al PRI es que no tiene ninguna razón estar discutiendo con quien no está realizando las modificaciones. Si hay corchetes de última hora, necesitamos discutir con quien puso esos corchetes”, señaló Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Los legisladores se pronunciaron por llevar a cabo el debate de las modificaciones de forma abierta y que los debates sean transmitidos por el Canal del Congreso.
