Andrea es una joven transexual cuya historia está marcada por dos viajes. La chica salvadoreña renunció al género que le fue asignado al nacer y luego abandonó su país por la violencia y discriminación transfóbica y a la comunidad LGBTIQ+ del crimen organizado.
Esas dos travesías la llevaron a Tapachula, una ciudad chiapaneca cercana de la línea que separa a México de Guatemala. La joven aceptó los aventones de tres desconocidos y cruzó las frontera caminando el río Suchiate para huir de las agresiones en su tierra natal.
“Mi familia siempre me apoyó, pero a veces recibía insultos o golpes por parte de las maras. Me cansé, decidí que ya no quería pasar por la misma situación y me fui a escondidas de mis papás cuando cumplí 19 años”, narra Andrea desde el Parque Central Miguel Hidalgo.
La joven salvadoreña detalla que en una ocasión los integrantes de una pandilla la tiraron al suelo y la patearon en todo el cuerpo. Su única reacción fue taparse el rostro.
Me dejaron un mes en cama y no me podía levantar… Decían que las personas como yo no debían existir… Me salí del país por miedo
La historia de Andrea es similar a la de otras personas transgénero, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales o no binarias que migran desde Centroamérica hacia México desplazados por la violencia.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los individuos LGBTIQ+ se encuentran dentro de los perfiles de riesgo de los solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras, por lo que la agencia reconoce que estas personas necesitan protección internacional según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.
“Las personas LGBTIQ+ son un perfil que está en riesgo en sus países y que es muy probable que requieran protección como refugiados por la transfobia, la homofobia y discriminación que hay en su contra por parte de pandillas, autoridades y la población en general”, dice en entrevista Sofia Cardona, asociada de protección en ACNUR.
Amnistía Internacional publicó en el informe Sin lugar que me proteja que diversas organizaciones registraron que las personas LGBTIQ+ en El Salvador, Guatemala y Honduras son blanco de distintas formas de violencia como intimidación, amenazas, agresiones físicas, violencia sexual e incluso asesinatos.
El 88 por ciento de las personas solicitantes de asilo y refugiadas LGBTIQ+ del Triángulo Norte de Centroamérica entrevistadas para el informe Población LGBTI en México y Centroamérica 2017 reportaron haber sufrido violencia sexual y de género en sus países de origen
Cada uno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica presenta violencia en contra de las personas con preferencias e identidades diversas.
De acuerdo con la organización Red Lésbica Cattrachas, 264 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Honduras desde 2009 hasta julio de 2017, de las cuales 152 eran hombres gays y 86 personas trans.
El Salvador también es un país peligroso para la diversidad sexual. La Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS) reportó 28 ataques graves, la mayoría asesinatos, que fueron perpetrados contra personas LGBTIQ+ entre enero y septiembre de 2017.
Guatemala se encuentra en la misma situación. La madrugada del pasado 23 de abril, los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados cerca de Jalapa, al este de la capital guatemalteca, con señales de tortura y violencia. Junto a los cadáveres se encontró la fotografía de una de ellas con un mensaje lesbofóbico.
De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, el año pasado fueron asesinadas 24 personas LGBTIQ+ en Guatemala. La Asociación Somos eleva esta cifra a 33.
Es por eso que la violencia es uno de los factores que provocan que las personas con identidades y preferencias distintas a la heterosexual dejen sus países, busquen oportunidades y un poco de paz en México o Estados Unidos.
Las personas LGBTIQ+ en El Salvador, Guatemala y Honduras son blanco de distintas formas de violencia como intimidación, amenazas, agresiones físicas, violencia sexual y asesinatos
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México, un mal refugio para personas LGBTIQ+
México no es el lugar lleno de oportunidades que buscan las personas LGBTIQ+ de Centroamérica. Al contrario, en el país encuentran discriminación, explotación laboral e incluso la muerte.
Andrea hace memoria y dice que nadie la trata distinto en Tapachula por su identidad ni su aspecto, pero considera que abusan de ella por su situación irregular.
Un tiempo trabajó en un centro botanero que contrata migrantes sin documentos ni hojas de empleo, pero las jornadas laborales eran largas y los sueldos bajos.
El país que los migrantes centroamericanos tienen que cruzar para llegar a Estados Unidos no cuenta con las capacidades institucionales para brindarles la vida y oportunidades que buscan estas personas
“Me salí porque entraba al mediodía y salía a las 4 o 5 de la madrugada. Me tenían como una esclava, me pagaban mil pesos a la semana y no tenía ni para el taxi o la combi”, narra.
En la anécdota sobre su empleo en el centro botanero de Tapachula, la joven transexual relata que sí hubo ocasiones en la que la trataron distinto a otros empleados por su identidad de género.
“Mi jefe era muy explosivo y como yo soy del género al que pertenezco (masculino) me pedía que levantara cosas pesadas, pero le contestaba que no podía y me descontaba o trabajaba la semana completa y no me pagaba”, cuenta Andrea.
Por un tiempo la joven salvadoreña soportó su empleo en México, pero una agresión de su jefe provocó que decidiera renunciar.
“El jefe era muy vulgar, muchas veces se pasó. Un día de pago había bebido demasiado e intentó tomarme por detrás, ya no le recibí el dinero y le dije que ya no quería seguir trabajando con él”, dice la joven.
Ante este tipo de violencia, Andrea intentó tramitar cualquier documento que le permitiera salir de Tapachula, una ciudad que tiene retenes migratorios en todas sus fronteras y los empleados del Instituto Nacional de Migración no permiten que ningún extranjero avance al interior del país sin una credencial oficial.
“Yo fui a tramitar mis documentos dos veces y no me los dieron. Ya no me agendaron más citas y por eso me quedé en Tapachula”, comparte la joven salvadoreña.
La meta de Andrea es trabajar en Tijuana o Monterrey porque en esas ciudades tiene buenos amigos. El norte del país representa comenzar una nueva vida y juntar dinero para ayudar a su mamá
“No nos deberían discriminar porque todos somos humanos, y no deberían negar los documentos porque venimos de nuestros países por necesidad”.
De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), México otorgó menos estatus de refugiado a personas LGBTIQ+ en 2018 en comparación con 2017. El año pasado entregó los documentos para garantizar el asilo a 35 individuos y en 2017 a 140.
La situación de Andrea se repite en la vida de sus amigos que la acompañan en el parque principal de Tapachula. Héctor, un joven hondureño de 22 años, asegura que dejó su país porque sufría discriminación por sus preferencias sexuales, pero, en México también lo tratan mal.
“Te dicen que eres ratero o que la homosexualidad no está en la biblia, entonces no me siento bien porque cada quien es libre de hacer lo que uno quiere”, asegura el joven hondureño.
Según ACNUR, dos tercios de las personas LGBTIQ+ solicitantes de asilo y refugiadas provenientes del Triángulo Norte, entrevistadas en 2016 para un estudio, reportaron haber sufrido discriminación y violencia sexual y de género en México tras cruzar la frontera por puntos ciegos.
Sofia Cardona, asociada de protección en ACNUR, comenta que las personas LGBTIQ+ que son víctimas de desplazamiento forzado experimentan una varios tipos de discriminación en México.
“Son vulnerables porque experimentan rechazo por su origen nacional y se suma la discriminación por su preferencia sexual y por su identidad de género”, explica Cardona.
La asociada de la agencia de la ONU identifica que en México los migrantes LGBTIQ+ son más vulnerables a la violencia por parte de autoridades nacionales o de los agentes por los que huyeron de sus países.
“Hay mucho riesgo de explotación y violencia sexual. También enfrentan distintos obstáculos en términos de acceso a empleo, a lugares de vivienda y en algunos casos acceso a albergues o a servicios médicos”, describe la asociada de protección.
Cardona comparte que las personas LGBTIQ+, solicitantes o refugiadas, que participan en los diagnósticos de ACNUR dicen que son víctimas de homofobia y transfobia, tanto por personas de su país de origen que están con ellas en albergues o de quienes brindan servicios en las instituciones gubernamentales, como por parte de la comunidad receptora mexicana.
“Esa homofobia o transfobia se demuestra a través de acoso verbal, físico o ataques directos”, describe la asociada de la agencia de la ONU.
Sin mirar atrás
Aunque algunos mexicanos discriminan o agreden a las personas migrantes LGBTIQ+, para algunos centroamericanos implica más peligro regresar a sus países de origen.
Así sucedió con Camila, una mujer trans de El Salvador que fue asesinada pocos meses después de que el gobierno de Estados Unidos la deportó. La joven participó en una caravana migrante que partió el año pasado con la intención de ingresar al país que encabeza Donald Trump.
Después de su muerte, activistas salvadoreños informaron que Camila recibió múltiples amenazas en su contra, las cuales la llevaron a viajar a Estados Unidos. Tras su deportación el año pasado, vivió en El Salvador cerca de 5 meses antes de ser asesinada.
Las personas que abandonan sus países de origen en busca de mejores oportunidades o huyendo de la violencia y el acoso salen sin la intención de regresar por el miedo a las represalias
Pero más allá de la violencia, los jóvenes LGBTIQ+ no quieren regresar a sus países sin buscar oportunidades en otro lugar que no sea Chiapas.
Gerardo es el tercero de un grupo amigos que se reúne en el parque de Tapachula. Es un joven de 21 años que salió de Honduras porque nadie le daba trabajo por sus preferencias sexuales y sus expresiones de género. Es por eso que migró hacia México, pero no quiere regresar sin antes lograr ayudar a su familia.
“Yo le diría a Comar que, con todo el corazón, mi proceso sea más rápido para poder avanzar más rápido y tener una vida mejor para poder ayudar a mi familia que está en Honduras, yo les pido que no me vayan a negar mis papeles”, comenta el joven.
En este sentido, Sofia Cardona, asociada de protección de ACNUR, asegura que es importante reconocer que las personas LGBTIQ+ fueron forzadas a huir y necesitan apoyo de un Estado para resguardarse
“Es super importante entender que la vida de las personas que fueron forzadas a huir está en riesgo si regresan a su país. Hay una obligación primordial de darles acceso al sistema de asilo para que puedan solicitar la condición de refugiados si eso es lo que desean”, dice la asociada de protección de la agencia de la ONU.
De acuerdo con el informe Sin lugar que me proteja de Amnistía Internacional, algunas de las mujeres trans y hombres gays entrevistadas por la organización que habían sido deportadas a su país o que habían aceptado el llamado retorno voluntario señalaron que el miedo era tal al llegar a su tierra natal que el mismo día de su deportación, volvieron a tomar un autobús para cruzar la frontera.
Otras personas se quedaron por algunas semanas o meses en una zona o ciudad del país distinta a la que habitaban antes, buscando sus propias estrategias para sobrevivir.
A partir de 2011 se reconocen en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo tanto, las autoridades quedan obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas de otros países.
“Los pactos y los tratados internacionales son claros en decir que los Estados tienen la obligación de respetar las convenciones internacionales de derechos humanos para todas las personas que se encuentren dentro de su territorio, sin distinción de si están dentro del territorio de manera regular o irregular”, concluye Carmona.
De acuerdo con el derecho internacional, es obligación del gobierno mexicano proteger a aquellas personas transgénero, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales o no binarias que migran desde Centroamérica desplazadas por la violencia
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