La llegada de Raúl Cervantes a la PGR plantea una nueva etapa para la investigación del Caso Iguala y el replanteamiento de la investigación de delitos federales
En su comparecencia ante la instancia legislativa, Arely Gómez se comprometió a no tirar por la borda 30 años de carrera profesional en su nueva responsabilidad
Objetivo: amalgamar lucha anticorrupción
Arely Gómez, quien tomó ayer protesta como nueva titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tendrá entre sus funciones el encabezamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el que colaborarán todas las autoridades del país en un proyecto en que necesariamente deberá ir de la mano de la sociedad civil.
“Hoy agradezco al Senado mexicano la ratificación a la titularidad de la Secretaría de la Función Pública que el presidente Enrique Peña Nieto me ha conferido”, indicó en la red social Twitter.
El dictamen por el que se ratificó el nombramiento de la exprocuradora propuesto por el presidente de la República fue aprobado por 95 votos a favor y tres en contra, durante la sesión ordinaria de ayer en la Cámara Alta.
Al presentar su nueva encomienda, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de Gómez González al frente Procuraduría General de la República (PGR), pues “su dedicación y esfuerzo en el ejercicio del cargo es ejemplo de excelencia en el servicio público y compromiso en la lucha contra la delincuencia en nuestro país”.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, llamó a la funcionaria al pleno legislativo para tomarle la protesta de ley de manera inmediata.
El SNA es el mayor esfuerzo para el combate contra las malas prácticas de los funcionarios públicos en el país.
En tribuna, la legisladora Dolores Padierna Luna, del PRD, manifestó su respaldo a la nueva titular de la Función Pública y argumentó que su trayectoria puede ayudar a mejorar la situación del país en el terreno del combate a la corrupción.
La senadora María Marcela Torres Peimbert, del PAN, expresó que uno de los retos es el acercamiento a la ciudadanía con las acciones para combatir la corrupción. Estos retos deben de ser atendidos para dar certeza y transparencia a las acciones del Sistema Nacional Anticorrupción desde la SFP.
El legislador Héctor Yunes Landa, del PRI, valoró este nombramiento y expuso la necesidad de contar con instituciones afines al combate a la corrupción y a la atención a las demandas de la ciudadanía para tener un mejor ejercicio del poder público.
La SFP deberá encabezar ahora la política de transparencia y combate a la corrupción de la mano del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los organismos locales de acceso a la información y de la mano de las organizaciones de la sociedad civil.
Luna Canales señaló que la exprocuradora Arely Gómez al frente de la Función Pública, tiene ante sí el gran reto de organizar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Ayer, en su comparecencia ante la instancia legislativa, Arely se comprometió a no tirar por la borda 30 años de carrera profesional en su nueva responsabilidad.
Arely Gómez es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México), con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.
Por una fiscalía autónoma
Raúl Cervantes Andrade deberá trabajar de la mano con el Congreso de la Unión, la sociedad civil y la academia para desarrollar el mejor modelo de lo que será la Fiscalía General de la República, una versión renovada de la actual Procuraduría.
La Fiscalía dejará de ser una entidad de gobierno y se convertirá en una entidad autónoma de acusación y de la investigación del delito, lo que plantea una entidad más libre y de representación social que carezca de la injerencia de los poderes e influencias políticas.
El cargo al que aspira Cervantes Andrade es transexenal, pues se plantea que el fiscal responsable de esta entidad dure en el cargo nueve años.
La Procuraduría actualmente tiene a su cargo el combate a los ilícitos federales, como el narcotráfico y el lavado de dinero. Asimismo, lleva las riendas de temas en los que el ojo público ha estado muy atento, principalmente el Caso Iguala, en el que desaparecieron 43 estudiantes normalistas.
Cervantes es doctor en derecho constitucional, militante del PRI y es el tercer procurador general que nombra el presidente Enrique Peña Nieto.
El primero, Jesús Murillo Karam, nombrado en diciembre de 2012, dejó el cargo en febrero de 2015 en medio de una polémica por las investigaciones del Caso Iguala suscitado en septiembre de 2014 tras su defensa de la “verdad histórica”, que dice que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala y entregados a narcos que los asesinaron y sus cuerpos fueron incinerados en un basurero.
Arely Gómez llegó a la fiscalía meses antes de la llegada de un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desechó la “verdad histórica” y recomendó otras líneas de investigación. Gómez se ha reunido en varias ocasiones con los padres de los 43 estudiantes y sus abogados.
Ahora, la llegada de Raúl Cervantes a la PGR plantea una nueva etapa para la investigación del Caso Iguala y el replanteamiento de la investigación de delitos federales, con la conformación de la Fiscalía General de la República (FGR).
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Armando Luna Canales, del PRI, dijo que objetivo de su nuevo encargo es que la justicia penal esté a la altura de las exigencias sociales y las necesidades del país.
Raúl Cervantes Andrade es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, el donde obtuvo mención honorífica y en grado cum laude por esa misma casa de estudios.
Cuenta con cuatro especialidades, en derecho económico corporativo, derecho financiero y comercio internacional, derecho penal y en amparo, así como un posgrado en derecho bancario.
También es egresado de la Especialización en Amparo correspondiente a la Carrera Judicial Federal
que imparte el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Programa de Alta Dirección de Empresa en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
