Pese a la supuesta apertura de esta administración por generar canales de comunicación abiertos a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), algunos grupos locales han mostrado su descontento por una relevancia que no pasa del discurso.
Las organizaciones Impulso Trans, Unión Diversa de Jalisco y Familias en la Diversidad (Fadis) saldrán a las calles este sábado para marchar en pro de que se legisle y apruebe una Ley de Identidad de Género en la entidad.
Argumentan que se entregó al Ejecutivo y Legislativo local una propuesta de iniciativa para que esta ley sea una realidad, como ya ocurre en entidades como la Ciudad de México, Nayarit y Michoacán, pero su petición ha llegado a oídos sordos.
El escrito va dirigido a tres entidades estratégicas en su lucha por el reconocimiento jurídico de las personas trans, sobre todo al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, al Congreso del Estado de Jalisco y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón.
Las organizaciones Impulso Trans, Unión Diversa de Jalisco y Familias en la Diversidad (Fadis) marcharán este sábado en pro de que se legisle y apruebe una Ley de Identidad de Género en la entidad
Indocumentados, sin identidad
En julio de 2016 los diputados locales votaron a favor de un acuerdo para instar a la Secretaría de Gobernación a tomar medidas pertinentes con referencia al discurso de odio y discriminación a nivel nacional de sectores como el LGBTTTI, sobre todo la comunidad transexual, pero al interior la crítica ha sido nula sobre el papel poco relevante que tuvo este tema en la presente legislatura.
“Somos invisibles para nuestro estado, pues no se reconoce jurídicamente nuestra identidad de género. Somos violentados en nuestros derechos, pues el estado de Jalisco no respeta a quienes ya hemos accedido al reconocimiento jurídico de nuestra identidad”, expresaron las organizaciones en una misiva enviada a los medios de comunicación.
Sobre este tema destaca lo que desde 2008 apuntaban documentos auspiciados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, de Rodolfo y Abril Alcaraz, en donde apuntan que la indefensión de esta comunidad significa para ésta una situación de gran vulnerabilidad, no sólo por el dilema psicológico al que los lleva la sociedad frente a su libre desarrollo de la personalidad, sino también con respecto a su carencia de personalidad jurídica acorde a su identidad genérica.
“Puede afirmarse que la condición de las personas transgenéricas, transexuales y travestis ha sido y sigue siendo tomada por las autoridades (y en general por la sociedad) como si se tratara de una enfermedad vergonzosa, una desviación, perversión o anormalidad, lo que provoca estigmatización, discriminación, exclusión y violencia contra este grupo”, se lee en el documento de Conapred.
Como lo expresado por Candy Chávez, presidenta de la Red Mexicana de Mujeres Trans en Jalisco, al decir “somos indocumentadas, no tenemos un documento que avale nuestra identidad” en entrevista con medios locales.
La necesidad de una definición jurídica para esta población se hace patente al encontrar que tal indeterminación llega a vulnerar su vida en términos de que no pueden acceder de forma cómoda al entorno laboral, debido a los prejuicios de que son objeto, pero también con respecto a los servicios de salud que no prevén las instituciones a causa de su identidad.
“La condición de las personas transgenéricas, transexuales y travestis ha sido y sigue siendo tomada por las autoridades (y en general por la sociedad) como si se tratara de una enfermedad vergonzosa”
Actas de nacimiento, tema esencial
Desde diciembre la Red Mexicana de Mujeres Trans había establecido plazos para la entrega de un documento acorde a las necesidades de alrededor de 600 personas trans en Jalisco que requieren ser reconocidas por sus derechos fundamentales en la Constitución.
El problema de las actas de nacimiento es esencial para esta población, pues aunque existen marcos legales locales en otras entidades, a la hora de que las personas acceden a estos derechos en otros estados no logran ser reconocidos a nivel local, pues el personal de los registros civiles argumenta que no se pueden destruir actas de nacimiento previas al cambio de identidad porque la ley local no lo permite.
La población trans se ve en el dilema de utilizar una doble tramitación para poder ser reconocida, lo que al mismo tiempo implica la estigmatización de una identidad que ya no tiene coherencia con la forma de vida común que asume esta población.
El problema reside desde el planteamiento mismo de que no hay un modelo único de definición de estas condiciones para adecuar la acreditación de la identidad jurídica, apuntan Irma Ramos Salcedo y Benjamín González Mauricio, académicos de la Universidad de Guadalajara, en su texto Derecho a la identidad jurídica de las personas trans, publicado por el Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos de la CEDHJ.
“La dificultad de encontrar ese modelo comienza por el reto jurídico que implica el reconocimiento de las personas trans para el derecho; ello, en función de cómo fue formada la sociedad estructuralmente, desde los albores de la modernidad, para el control y determinación de identidades fijas e inmutables”, resaltan los académicos.
A pesar de las diversas manifestaciones públicas por parte de las caras más visibles de la comunidad LGBTTTI para exigir sus derechos, los funcionarios públicos y representantes locales no se han manifestado con respecto al tema.
Desde el 18 de octubre las representantes de Impulso Trans denunciaban ante el Legislativo local la constante agresión a esta comunidad, y del tema no ha habido posición al respecto.
