Tragedia migrante en Ciudad Juárez revela cadena de anomalías en el INM

La tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, destapó irregularidades y una serie de violaciones a la ley.

Entre los hallazgos de las investigaciones se reveló que la mayoría de las víctimas del incendio fue asegurada de manera ilegal y fuera de los puntos de revisión migratoria.

También, en una de las audiencias en contra del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, el Ministerio Público de la Federación denunció que el Instituto ha seguido una política migratoria inconstitucional.

Garduño Yáñez fue acusado de haber incurrido en una serie de omisiones que provocaron una protesta con fuego en la estación provisional de Juárez, la cual derivó en un incendio en el que murieron 40 extranjeros y otros 27 resultaron lesionados.

En la audiencia realizada el pasado 25 de abril se dio a conocer que solo tres de las víctimas fueron detenidas cuando pretendían cruzar la frontera con Estados Unidos.

Las otras personas que fallecieron fueron aseguradas cuando vendían dulces, limpiaban parabrisas o pedían ayuda económica en los cruceros de Ciudad Juárez.

El Ministerio Público presentó la declaración de una de las víctimas que se encontraba en la estación migratoria el día del siniestro, identificada con las iniciales Y.S.C.

“Ella dijo que la mañana del 27 de marzo estaban junto con un grupo de amigos —todos oriundos de Venezuela— trabajando en un crucero y fueron sorprendidos por agentes del INM, quienes los subieron a un vehículo y los trasladaron a la estación migratoria ubicada junto al puente internacional Reforma-Stanton en la calle General Rivas Guillen”.

Entre ese grupo de personas iba Jeison Daniel C.R., quien actualmente está acusado de ser uno de los tres extranjeros que iniciaron el fuego para inconformarse por la falta de agua potable, comida insuficiente y falta de enseres.

Otra mujer que se encontraba en la estación migratoria, de iniciales F.Y.P.C., originaria de El Salvador, narró al MP que ella y su padre —quien murió en el incendio— fueron detenidos el 24 de marzo, es decir tres días antes de que ocurriera el siniestro y también fuera de un punto de revisión migratorio.

Uno de los sobrevivientes, E.D.J.C., declaró ante la representación social que llegó a México desde septiembre del 2022 y se instaló en Ciudad Juárez. El 27 de marzo salió a trabajar en la remodelación de una casa, pero no pudo llegar porque en el trayecto fue detenido ante la presunción de que si caminaba por el sector pretendía cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Esa víctima recordó que al momento del incendio él suplicó por ayuda tanto al personal del INM y a los guardias de CAMSA, pero nadie le prestó auxilio y se refugió en el baño.

Otras irregularidades

Además de las detenciones fuera de los puntos de revisión migratoria, los fiscales dijeron que se ha documentado una serie de irregularidades en la política migratoria que ejerce el INM, como la falta de procedimientos administrativos a las personas que ingresaban al área de alojamiento.

Al momento del incendio había unas 68 personas, pero solo se elaboró el procedimiento administrativo a 52 de ellos.

También se denunciaron actos de corrupción, ya que el personal de la empresa de seguridad que daba el servicio de vigilancia en la estación migratoria, CAMSA, solicitaba presuntamente mil dólares a los migrantes para dejarlos salir de forma inmediata, los guardias argumentaron que el dinero era para uno de los jefes.

Otra irregularidad ventilada por el MP es que los migrantes estaban encerrados bajo candado, aunque la ley prevé que deben estar en instalaciones dignas que incluyan áreas de esparcimiento.

Funcionarios bajo proceso penal

Hasta el momento ocho funcionarios públicos están sujetos a procesos penales por diversos delitos relacionados con el incendio.

El de más alta jerarquía es el comisionado Francisco Garduño Yáñez, quien fue acusado de ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, continuará al frente de la dependencia pues el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, se negó a suspenderlo temporalmente del cargo. También enfrenta el proceso en libertad, solo con la obligación de acudir a firmar cada 15 días en el juzgado.

El 25 de abril fue vinculado a proceso el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio M.D., también por ejercicio indebido del servicio público.

El contralmirante Salvador G.G, extitular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, fue vinculado a proceso el 22 de abril por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez e integrante de la Unidad Interna de Protección Civil, Eduardo A.M. y Juan Carlos M.C., respectivamente, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.

Los primeros en ser vinculados a proceso, el 4 de abril por homicidio y lesiones, fueron Daniel G.Y., quien era el representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G. por los delitos de homicidio y lesiones.

Aumentan quejas

En 2019, primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 714 quejas.

Para el 2022 se recibieron dos mil 141 quejas, lo que representa un incremento de 199 por ciento en comparación con el 2019. En ese año, Chiapas permaneció en primer lugar con 583; Ciudad de México 249 y 227 Tabasco.