Senado aprueba que trabajadores accedan a créditos accesibles de vivienda

Por segundo día consecutivo, el Senado de la República aprobó por unanimidad de 106 votos el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución Política para que trabajadores puedan acceder a créditos accesibles de vivienda a través de un sistema con orientación social para las y los trabajadores.

Ayer, también por unanimidad se reunió la mayoría calificada, al aprobarse el dictamen que eleva a rango constitucional los apoyos sociales. Con estas dos reformas, hasta el momento, suman seis las aprobadas en el mismo sentido.

La reforma que eleva a rango constitucional el derecho a la vivienda adecuada para personas trabajadoras y convierte al Infonavit en constructor y arrendador, pues le permite comprar suelo, construir vivienda y rentarla a trabajadores.

En la sesión de este jueves, se avaló sin cambios la minuta que envió al Senado la colegisladora, la cual plantea que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, obligación que se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores.

Dicho fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.

La reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.

Precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder del 30% del salario de las personas trabajadoras. En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia; además, la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.

Buscan construir más de un millón de viviendas

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que con esta reforma se podrán construir poco más de un millón de viviendas en seis años, lo que es relevante para la ciudadanía.

Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, añadió que, de ese millón de viviendas proyectadas para el sexenio, 165 mil se edificarán en 2025, entre las que habrá varias para renta, lo que beneficiará especialmente a jóvenes cuyos ingresos no les permite alquilar un hogar.

Alejandro González Yáñez, del PT, manifestó que en México viviendo una triple tragedia en materia de vivienda: según la Encuesta Nacional de Vivienda, el déficit es de 8 millones 200 mil 200; centenares de miles viviendas están abandonadas y millones de familias están hacinadas.

Ante este panorama, subrayó que la iniciativa debe de ser un derecho y no una mercancía. “Debe de ser una porción de la patria para cada familia mexicana y no un vil negocio”.

Más de 55 millones de trabajadores serán beneficiados

Se prevé que la reforma beneficiará a aproximadamente a 55 millones de trabajadores y sus familias. A través de un nuevo texto constitucional, se fortalecerán las capacidades del Estado y se garantizará el derecho a una vivienda adecuada, estableciendo mecanismos claros novedosos y con vocación humanista.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, explicó que no sólo en México, sino en las principales ciudades del mundo, existe una severa crisis de vivienda y, lo peor del caso, es que esta crisis afecta principalmente a quienes ya de por sí enfrentan severas dificultades: grupos históricamente vulnerados y sistemáticamente marginados

Detalló que 61% de la población urbana en Nuevo León vive en condiciones de pobreza en asentamientos irregulares y marginados ubicados en zonas inadecuadas, donde la disponibilidad de servicios básicos es virtualmente inexistente.