La vida y los derechos de las mujeres durante la pandemia del COVID-19 tuvieron un particular desarrollo, pues enfrentaron situaciones inherentes al género femenino, como la desigualdad, la violencia y la impunidad, de la misma forma para trabajadoras sexuales.
El informe “Nos cayó el 20” realizado por diversos grupos feministas que conforman el Observatorio Género y COVID-19 dio a conocer que las mujeres vivieron un impacto diferenciado consecuencia de la pandemia en materia de salud, economía y justicia; en este sentido, las trabajadoras sexuales fueron uno de los grupos más afectados.
De acuerdo con el reporte, para febrero de 2020, las trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero de la vía pública sumaban 7 mil 500 en la Ciudad de México, con mayor representación en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco.
“En ese mes –cuando se comenzaba a escuchar del COVID-19– algunos grupos de trabajadoras empezaron a buscar estrategias para sobrevivir. Entre ellas, solicitaron el apoyo del Gobierno con apoyo de la Brigada Callejera de Apoyo a las Mujeres, para evitar el uso incorrecto de sus datos personales por instancias publicas.
“Del Gobierno solo se logró la entrega de un apoyo monetario de mil pesos para cada trabajadora solicitante y 600 pesos para despensas”, indica el informe.
Además, señala que, a un mes de declarada la pandemia, los espacios laborales de las trabajadoras sexuales, como los hoteles, comenzaron a cerrar; por lo que se vieron orilladas a vivir en la calle, lo que repercutió en un mayor número de contagios del coronavirus.
“A causa de que los servicios de salud especializados son insuficientes y poco accesibles, las mujeres que han enfermado deben atenderse por cuenta propia”, denuncia el reporte.
De este modo, la Brigada Callejera registró un aumento de 300 por ciento en la demanda de atención médica, “por lo que se requirieron medicamentos por cuadros de infección, tos y fiebre, que generaron un gasto fuerte a la asociación”.
En el caso de las trabajadoras que tienen edad promedio de 20 a 30 años, la demanda laboral disminuyó 80 por ciento, por lo que se orilló a la clandestinidad y al aumento de los abusos policiacos.
“Uno de dichos riesgos ha sido el aumento de la violencia por parte de agentes policiacos, quienes hacen uso arbitrario y excesivo de la fuerza para retirarlas del espacio público”, afirman.
Según datos de la Brigada Callejera, 90 por ciento de las trabajadoras tienen cuatro o más personas que dependen económicamente de ellas, “viven al día y no cuentan con recursos” ni prestaciones laborales.
Además, “en el caso de las mujeres trans, esto se suma a la violencia sistemática de sus derechos por motivo de su identidad de género, también la situación de violencia se recrudece en el caso de mujeres migrantes, quienes carecen de redes de apoyo y recursos, tanto financieros como humanitarios para acceder a la justicia en este país”, subrayan.
Es así que el informe alerta que la crisis financiera de la pandemia ha provocado un incremento en la oferta de trabajo sexual, “a causa de las miles de mujeres que han quedado sin trabajo y se encuentran en condiciones de precariedad”, y destaca que existen alrededor de 15 mil 200 mujeres cisgénero y transgéreo que continúan ofreciendo sus servicios en la vía pública.
