En México la tortura es una práctica común y se utiliza para manipular la verdad, así lo revela Artículo 19.
En su informe Falsas Verdades en el Sistema de Justicia Penal. Las decisiones políticas y fisuras jurisprudenciales que sostienen la tortura, la organización documenta que, aunque han sido tomadas decisiones a nivel formal para evitar y combatir esta actividad en México, se sigue cometiendo a nivel nacional.
Desde 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que la tortura y los malos tratos en contra de personas después de que fueron detenidas y antes de ser puestas a disposición de la justicia ocurren en un contexto de impunidad y son usadas con la finalidad de castigar u obtener confesiones.
Una encuesta realizada por el Inegi en 2016 mostró que de 64 mil personas privadas de su libertad en centros de reclusión el 57.8 por ciento confesó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada; de ellas, el 19 por ciento indicó haber recibido descargas eléctricas; 36 por ciento fueron estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; 59 por ciento recibió puñetazos o patadas, mientras que el 28 por ciento manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de herir a sus familiares.
57.8
Aun cuando la ONU sostiene que en México existe evidencia de la participación de elementos policiales y ministeriales así como de Fuerzas Armadas en actos de tortura, también denuncia la tolerancia o complicidad que se da por parte de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces
Salvador Leyva, secretario técnico de combate a la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, respaldó dicha aseveración, al declarar que para detener estas agresiones también es necesario sancionar a funcionarios que no denuncian el delito.
“Personalmente yo agregaría a defensoras públicas, la CNDH, la Comisión Nacional de Búsqueda y Migración ya que tan solo al día de hoy tenemos más de 500 denuncias contra las corporaciones de seguridad por actos de tortura”, explicó.
Por su parte, la organización World Justice Project (WJP), evidenció que la incidencia de tortura es del 73 por ciento sobre el total de arrestos de delitos de fuero federal y del 70 por ciento para el fuero común.
Ante dicha situación, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México, afirmó que dicha práctica en el país es utilizada por distintas instituciones de seguridad de manera generalizada y sistemática lo cual lleva a tener falsos culpables o juicios mediáticos.
Al 30 de junio de 2017, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura que formaba parte de la Procuraduría General de la República —hoy Fiscalía General de la República—, tenía 4 mil 390 investigaciones en curso. Asimismo, entre septiembre de 2016 y junio de 2017 se dispuso que se iniciaran más de 750 investigaciones penales sobre señalamientos del mismo delito.
4,390
Amezcua aseguró que México tiene deficiencias en registrar los casos de tortura ya que a nivel local hay cifras completamente inverosímiles.
“Hay estados como Guerrero que por varios años reporta cero denuncias de tortura, y hay que decir que desde diciembre de 2018 hasta hoy, solo se han dictado dos sentencias por tortura: una en Yucatán y otra en Chihuahua”, agregó.
Ruelas afirmó que en el informe de Artículo 19 se explica que la tortura es una forma de pervertir la verdad y sobre todo deriva en que las instituciones simulen una buena actuación.
Cuando se tortura a alguien es para que se declare culpable de un determinado delito sin necesariamente ser el responsable. Las instituciones hacen esto para decir que sí están trabajando y poder entregar resultados
Camino de reparación para la tortura
Ángeles Estrada, académica del Instituto Tecnológico de Monterrey, confirmó que para erradicar esta práctica es fundamental que las altas esferas del poder dejen de proteger a los perpetradores y se combata su utilización.
“Durante la investigación, policías llegaron a decir que les enseñan prácticas de tortura para obtener información en las academias, es decir, muchas de estas acciones se las enseñan entre sus profesores y compañeros”, comentó.
Otro de los motivos por los cuales no se logran impedir estas agresiones es que frecuentemente el registro de detención y los exámenes médicos son deficientes y no constatan evidencias. Además, no existe un control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al Ministerio Público, no se accede a una defensa adecuada de manera inmediata y las declaraciones se presentan sin intervención judicial ni en presencia de un abogado.
En entrevista, Octavio Amezcua, experto en tortura de la Oficina del Alto Comisionado en México, recalcó que esta actividad sigue vigente en el país por falta de voluntad política para detenerla.
“Desde mediados de este año, sabemos que una tercera parte de los estados no cuenta con una instancia especializada en tortura; y los que sí, no tienen suficientes agentes de ministerios públicos o los recursos humanos necesarios para investigar el delito.
“Todavía a eso hay que sumarle que sigue sin existir un registro de casos como lo ordena la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura vigente desde 2017”, indicó.
En el tema de reparaciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado y establecer un mecanismo de monitoreo para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y del uso de la fuerza.
Además, la CIDH determinó que México no investigó, juzgó o sancionó a todas las personas materiales e intelectuales responsables, por ello ordenó la realización de una investigación exhaustiva que incluyera todas las obligaciones de autoridades federales y estatales.
