Tortura sistemática contra mujeres encarceladas

La inmensa mayoría de las mujeres que fueron consultadas para elaborar el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de Libertad en México, denunció haber sufrido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante su proceso penal.

Esta investigación que realizó la Secretaría de Gobernación (Segob) para dar cumplimiento a uno de los puntos contenidos en la sentencia “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México”, que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018, detectó, además, que el Poder Judicial también presenta serias deficiencias para identificar y sancionar las prácticas de tortura.

“Del análisis de las mil 280 entrevistas a mujeres en 66 centros penitenciarios femeniles y mixtos, ubicados en las 32 entidades federativas al interior de la República Mexicana, se identificó que a nivel nacional aún existen deficiencias para la prevención, sanción y erradicación de la tortura sexual cometida en contra de las mujeres.

“Se identificó que el 79.3 por ciento de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, durante su arresto, traslado al Ministerio Público, estancia en el Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en el centro penitenciario, incluyendo servicios de salud. Asimismo, el 32.19 por ciento del total de mujeres refirió haber sufrido tortura sexual en al menos una etapa de las descritas en el presente diagnóstico”, señalan las conclusiones generales del Diagnóstico Nacional.

El catálogo de actos de tortura de naturaleza sexual que practican los integrantes de las instituciones del sistema de justicia en México contra las mujeres, incluye prácticas como desnudez forzada, amenazas de violación o violación sexual, practicar sexo oral de manera forzada, tocamientos en senos, glúteos o genitales, introducción de objetos en cavidades, toques eléctricos en senos, glúteos, vagina, y violencia enfrente de sus familiares para coaccionarlas a realizar prácticas de connotación sexual, dice el documento.

Entre los testimonios que fueron recabados por este Diagnóstico Nacional, se encuentra el siguiente:

Historias de tortura

Las narraciones que recupera este Diagnóstico Nacional de las mujeres que han sido víctimas de tortura por parte de agentes gubernamentales, ofrecen una descripción puntual de las situaciones extremas a las que pueden ser sometidas para obligarlas a emitir una declaración de culpabilidad, o incluso para doblegar a sus parejas sentimentales.

“Fui detenida el 24 de noviembre de 2010 por personas no identificables, más de 10 elementos varones y tres mujeres; una de ellas participó, presenció y videograbó los actos de tortura sexual. Fui trasladada a un lugar desconocido, donde permanecí poco tiempo, después me llevaron al C4 y en los baños fui violada de manera multitudinaria, me orinaron, me introdujeron arma de fuego en boca, vagina y ano; recibí descargas eléctricas en genitales y me dislocaron el brazo izquierdo”.

También se expone esta: “Me detienen con mi esposo los federales, al querer que él se declarara culpable ante una cámara nos torturaron estando yo embarazada, cuando le dicen a mi esposo que diga que él cometió el delito ante la cámara mi esposo no quería porque a la persona secuestrada ya la traía la policía, no la encontraron en nuestro domicilio, es cuando me empiezan a romper la ropa y a tocar a la fuerza, amenazándonos con que me iban a violar con una macana y es cuando mi esposo se declara culpable para que me soltaran”.

Fallas judiciales

La investigación corroboró, sin embargo, que las deficiencias para detectar y castigar las prácticas de tortura también están presentes en el Poder Judicial, y no únicamente en las fuerzas de seguridad, Fiscalías y centros penitenciarios del país.

Por ejemplo, en la Etapa de juicio y sentencia, se encontró que el 14.29 por ciento del total de mujeres entrevistadas refirieron que, en algún momento de su proceso judicial, la persona juzgadora les preguntó directamente si fueron víctimas de tortura, mientras que el 75.85 por ciento no fueron cuestionadas, el 9.83 por ciento no proporcionó información.

Esto significa que aunque el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos y el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a las personas juzgadoras a calificar la detención conforme a los parámetros constitucionales, y pese a que los jueces tienen la obligación de recibir y verificar cualquier alegato, denunciar sobre un acto de tortura sexual en cualquier momento, así como dar vista a la autoridad ministerial ante la sospecha de la misma; se detectó que en muy pocos casos, las mujeres sobrevivientes tuvieron la oportunidad de informar a la persona juzgadora si fueron víctimas de tratos humillantes o agresiones sexuales por parte de autoridades.

El Poder Judicial, además, abona a la impunidad que rodea a la tortura en México.

“Del 15.23 por ciento del universo total de mujeres que manifestaron a la persona juzgadora hechos de tortura y violencia sexual, solo ordenaron su investigación en el 27.17 por ciento, mientras que en el 72.82 por ciento no se emprendieron acciones para la indagación del delito. (…) El 15.23 por ciento del total de mujeres que refirieron tortura sexual a los juzgadores, se encontró que, de las investigaciones iniciadas, en el 3.07 por ciento de los casos se emitió sentencia por el delito de tortura; mientras que en el 96.92 por ciento no ocurrió; es decir, las agresiones por estos delitos difícilmente se sancionan”.

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