La tortura sexual en México es una práctica de la que poco se habla y que llega a ocurrir de manera constante durante las detenciones de mujeres a cargo de distintas corporaciones de seguridad y justicia nacionales, advierte un informe presentado este miércoles por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
De acuerdo con la organización, en los últimos cuatro años han sido contabilizados más de 112 casos de mujeres que denunciaron formalmente haber sido víctimas de algún hecho considerado como tortura sexual y durante un proceso penal de traslado o reclusión, muchas veces infundado por autoridades nacionales.
Entre los diferentes actos denunciados, destacan categorías como violaciones o amenazas, abuso sexual, actos violentos en en zonas sexualizadas del cuerpo, hostigamiento sexual y actos que impactan en la libertad y seguridad sexual.
“La práctica de este tipo de tortura está estrechamente vinculada con las políticas de seguridad, de guerra y de mano dura que hemos vivido durante la última década”, dijo Santiago Aguirre, subdirector del Prodh.
En un México donde 9 mujeres mueren al día, a la par de que por cada hora se presenta al menos una denuncia por violación sexual, aseguró Araceli Olivos, integrante de dicha organización, es necesaria la documentación de este tipo de casos y más cuando los mismos ocurren a manos de personal de las fuerzas del Estado.
De acuerdo con el documento titulado “Mujeres con la Frente en Alto”, son 12 entidades del país donde se tiene detectada la práctica de la tortuga sexual: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.
Asimismo, el informe retoma 29 casos donde elementos de la PGR, SEIDO, SEDENA, Policía Federal y diversas Fiscalías estatales han realizado detenciones arbitrarias, prolongadas, injustificadas y donde el factor común ha sido la tortura sexual como un método recurrente de agresión e intimidación en contra de las mujeres.
Recomendaciones
Bajo un contexto de violencia e inseguridad nacional, no sólo a manos de personas involucradas con el crimen organizado, sino también a cargo de elementos de instituciones públicas de seguridad e impartición de justicia, el Prodh emitió una serie de recomendaciones para frenar dicha problemática:
– Al poder judicial, reconocer y comunicar mediante políticas y programas internos la recurrencia de la tortura sexual contra mujeres en el país, sumado a la capacitación de sus operadores de justicia para prevenir y erradicar dichas prácticas.
– A la PGR y corporaciones estatales, realizar en un plazo razonable delas investigaciones correspondientes para la identificación delos responsables de cualquier acto de tortura, la transmisión de mecanismos y procedimiento para tratar los referidos hechos, una capacitación al personal competente, así como no invisibilizar el tema.
– A las fuerzas armadas (principalmente Sedena, Marina y la Policía Federal), se exhorta a que sus mandos y efectivos se abstengan de incurrir en actos que vulneren de cualquier forma a las mujeres, evitar traslados de detenidos y detenidas a bases militares o espacios oficiales, además de respetar los derechos humanos de toda persona.
