El caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de México. A unos días de que cumplan 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Guerrero, las dudas siguen en el aire y Tomás Zerón de Lucio, quien era el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue prófugo en Israel.
Lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, aún no se ha resuelto con certeza. Pese a los múltiples esfuerzos por resolver el caso, el paradero de los jóvenes sigue siendo incierto y Zerón tuvo un papel central en las investigaciones con las que el gobierno sustentó la llamada “verdad histórica”.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, el próximo 1 de octubre, será la tercera administración que lleva a cabo investigaciones tratando de esclarecer lo ocurrido a los jóvenes, pues tanto Enrique Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador realizaron sus propias pesquisas y se reunieron con las familias de los familiares, a quienes les prometieron justicia.
La llamada “verdad histórica” y Tomás Zerón
La llamada “la verdad histórica” fue la primera versión oficial de lo ocurrido a los jóvenes hace 10 años, en ella se afirmaba que los 43 estudiantes habían sido detenidos por policías locales, de Iguala y de Cocula, luego de tomar autobuses para viajar a la Ciudad de México.
Tras ser retenidos, los estudiantes habrían sido entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y luego incinerado en un basurero de Cocula, Guerrero.
La verdad histórica, que fue presentada por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmaba que restos de los estudiantes habrían sido arrojados al río San Juan.
Esos restos fueron enviados a la Universidad de Insbruck para ser analizados, dando como “positiva” la identificación de los restos óseos con los estudiantes.
Sin embargo, en julio pasado, Vidulfo Rosales, abogado y representante legal de la mayoría de los familiares de los estudiantes, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador les confirmó que los restos óseos analizados por la ahora Fiscalía General de la República (FGR) en 2015 no pertenecen a los desaparecidos.
Esta “versión oficial” de Tomás Zerón ha sido criticada tanto por los familiares de los estudiantes desaparecidos, como por organismos nacionales, científicos, defensores de los de derechos humanos y hasta el gobierno de López Obrador.
¿Quién es Tomás Zerón de Lucio?
Tomás Zerón fue nombrado director de la AIC en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Zerón es licenciado en Administración Industrial, por el IPN, y tenía estudios de Maestría en Ciencias Penales, Universidad España y México.
Fue designado como presidente regional por los países que conforman la Región de Norte y Centroamérica (NCAR) de Blancos Regionales por el Departamento de Justicia y la DEA.
Lideró la reconfiguración del Policía de Investigación de acuerdo con los cambios en el Condigo Nacional de Procedimientos Penales, además de proponer la homologación de los criterios para la operación a nivel nacional del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.
Se le encomendó investigar los casos delicados en materia de seguridad, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado. Así pues, con la desaparición de los jóvenes, era natural que Zerón tomara la investigación del caso Ayotzinapa.
Zerón lideró la investigación, recorrió varias veces el río San Juan, estuvo presente en las entrevistas con los detenidos, la mayoría integrantes de Guerreros Unidos. Fue también responsable de obtener los registros telefónicos, de los estudiantes, los policías y los criminales, así como sus intercambios de mensajería instantánea.
La “verdad histórica” se presentó en enero de 2015, apenas cuatro meses después de la desaparición, como un hecho comprobado, que sustento en las declaraciones de detenidos, los mensajes de WhatsApp y en la evidencia que se afirmó se recuperó en el basurero de Cocula y en el río San Juan.
Críticas a la “verdad histórica” de la PGR
Desde el principio, las familias de los estudiantes y activistas de derechos humanos cuestionaron la veracidad de esta versión. Los padres afirmaron que la investigación estaba plagada de irregularidades y acusaron que se buscaba darle un “carpetazo” al asunto.
Acusaron múltiples irregularidades, como la manipulación de pruebas y tortura a los detenidos para obtener confesiones.
Uno delos principales críticos de esta versión fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso.
Ese mismo año, 2015, el GIEI presentó un informe, basándose en peritajes científicos, que desmentía la verdad histórica, pues demostraba que no había condiciones para realizar una cremación de tal magnitud en el basurero de Cocula.
Posteriormente, las investigaciones del GIEI y de otros organismos revelaron que los detenidos por el caso Ayotzinapa habían sido torturados para obtener sus confesiones.
Otras irregularidades se hicieron evidentes en 2016, cuando se revelaron imágenes de Tomás Zerón realizando una inspección en el río San Juan en octubre de 2014, en la que supuestamente se encontró una bolsa con restos humanos.
Pero la revisión no fue registrada formalmente en la carpeta, el GIEI criticó que el hallazgo de los restos calcinados podría ser un caso de manipulación de pruebas.
La validez de las pruebas presentadas por Zerón y la PGR se vieron comprometidas. Una ola de críticas se desató sobre el funcionario, Murillo Karam, el gobierno de Peña Nieto y la llamada “verdad histórica”.
Zerón se defiende y finalmente escapa a Israel
La presión sobre Tomás Zerón siguió en aumento conforme se encontraban más y más irregularidades. En 2018, con la llegada de López Obrador al poder, los familiares de los estudiantes pensaron que habría una esperanza de esclarecer el caso y obtener justicia.
En el primer día de su presidencia, López Obrador se reunió con los padres de los normalistas, pronto se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
La Comisión determinó que Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que funcionarios del más alto nivel fueron los responsables de crear la “verdad histórica“.
En 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón por su implicación en el caso Ayotzinapa.
Zerón fue imputado por tortura, manipulación de pruebas y desaparición forzada. Pero el exfuncionario ya no estaba en el país. Con labores de inteligencia fue ubicado en Israel, país con el que México no tiene un tratado de extradición.
La FGR ha trabajado para lograr su extradición y enviado solicitudes al gobierno de Israel para su detención, pero hasta el momento, Zerón sigue prófugo.
En febrero de este año, Tomás Zerón dio una entrevista a la británica BBC, en ella, afirmó que nunca torturó a nadie y que se limitó a realizar las pesquisas con apego a los protocolos.
“En ese momento se desplegaron más de 10 mil efectivos del gobierno federal, de la Marina, de la Sedena, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República. Todavía no teníamos una teoría de lo que había pasado, lo que yo hice fue el enviar policías, enviar peritos forenses para empezar a analizar toda la información”, dijo a la cadena británica.
Tomás Zerón, el tema incómodo entre México e Israel
El gobierno mexicano no ha logrado la extradición del extitular de la AIC, pese a haber solicitado formalmente a Israel su cooperación.
Ha acusado públicamente al gobierno de Israel de proteger al funcionario, pese a que les han enviado los cargos penales por los que se le busca, algunos muy graves como la tortura y la desaparición forzada, todo ello por las violaciones a los derechos humanos que implican, así como los actos de corrupción.
La embajada de Israel en México indicó a Reporte Índigo que aún están analizando las pruebas que envió el gobierno de López Obrador y que de ninguna manera han sido omisos con la solicitud.
“Las autoridades judiciales israelíes siguen trabajando en el análisis de las pruebas enviadas por México respecto a Tomás Zerón. Cabe recordar que Israel es un país comprometido con la justicia y, pese a no tener un tratado de extradición con México, ha colaborado en diversas ocasiones, prueba de ello es lo referente a Andrés Roemer“, informó la embajada.
10 años sin justicia, 10 años sin respuestas claras
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es una herida abierta en México, a 10 años del secuestro y desaparición de los jóvenes, sigue sin haber certeza de qué ocurrió esos 26 y 27 de septiembre.
Las familias no han podido encontrar a sus hijos, padres, hermanos; los restos óseos que les afirmaron pertenecían a los jóvenes resultaron no ser de ellos. Llevan 10 años recorriendo el país con la exigencia de que las autoridades den con el paradero de los estudiantes, 10 años demandando justicia.
La versión oficial que Tomás Zerón ayudó a construir, la llamada “verdad histórica” ha sido desmantelada por las investigaciones posteriores, pero la desaparición de los estudiantes y su paradero sigue sin resolverse.
