Todos contra Orozco

La destitución de Esther Orozco como rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) está en puerta y, con ella, una serie de enredos jurídicos y políticos.

Así lo aseguran los integrantes del Tercer Consejo Universitario, que desde hace más de dos años se han opuesto a su gestión tras una serie de acciones en su contra.

Para empezar, la Comisión de Asuntos Legislativos de la UACM delinea una propuesta de procedimiento de revocación de mandato de Esther Orozco y su personal más cercano.

Además, la han denunciado penalmente por el supuesto delito de usurpación de funciones y de sembrar acusaciones en contra de los huelguistas que tuvieron tomadas las instalaciones de la casa de estudios el año pasado.

En respuesta, los afines a la rectora presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el ombudsman capitalino y las autoridades locales porque aseguran, tanto el Gobierno del DF como la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), habían acordado remover a Esther Orozco.

Por eso, el ambiente dentro de la institución es de enfrentamiento.  Y al conflicto se suman las advertencias de que los brotes de violencia en el CCH Naucalpan podrían expandirse a la UACM, lo que sería el comienzo de una nueva batalla.

Petición de fondo

A finales de diciembre de 2012, la Comisión de Asuntos Legislativos de la UACM advirtió que preparaba una propuesta de procedimiento para revocar a distintas autoridades universitarias, entre ellas la rectora Esther Orozco.

El argumento central era que habrían incumplido todos los acuerdos del máximo órgano de gobierno (Consejo Universitario) y las normas internas.

Durante la segunda sesión extraordinaria del Tercer Consejo Universitario se informó que entre los funcionarios que han incurrido en desacato de la ley de la UACM, el estatuto general orgánico y los acuerdos para solucionar el conflicto universitario están la rectora, la coordinadora de Certificación y Registro, Isabel Eugenia Contreas, la contralora, Verónica Cuenca Linares, y la coordinadora de Comunicación, Claudia Macedo Ramírez.

Además los disidentes –que son mayoría– aprobaron un exhorto para que la rectoría y la contraloría cumplan la recomendación 14/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Esta recomendación “constata violaciones al derecho a la educación, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a la igualdad y a la no discriminación, al debido proceso y a las garantías judiciales, a la libertad sindical y derecho de asociación, así como el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, de acuerdo con los inconformes.

La acusación también incluye al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés y al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados.

En respuesta, la UACM ha asegurado que es “ilegal” el presunto proceso de revocación de la rectora Esther Orozco, iniciado por un grupo de consejeros universitarios electos.

Mediante un comunicado, la institución afirmó que la única instancia legalmente facultada para aprobar acuerdos, emitir lineamientos y, en su caso, iniciar procesos de esta naturaleza es el Tercer Consejo Universitario creado el 22 de agosto, que está vigente y que, de manera oficial, no ha promovido ninguna acción.

“Por tanto, todas aquellas actuaciones que resuelvan otras agrupaciones y las personas de la comunidad universitaria que se ostenten o lleguen a presentarse como integrantes del Tercer Consejo Universitario estarán al margen de la legalidad”, dice el documento.

“De lo anterior, se desprende la incompetencia del grupo de consejeros electos que, durante reuniones informales, han pretendido emitir lineamientos y acuerdos ajenos a la institucionalidad universitaria.

“Por eso las propuestas carecen de validez jurídica y son nulos de pleno derecho no sólo el presunto proceso de revocación de la rectora, sino un supuesto reglamento de responsabilidades universitarias y los supuestos procedimientos para sancionar a funcionarios de la institución”.

Cúmulo de denuncias

Académicos y estudiantes de la UACM también acusaron a su rectora de usar un título apócrifo en el que aparece como Químico Bacteriológico Parasitólogo para ocupar el cargo.

En una conferencia de prensa, los opositores a la rectoría aseguraron que existe una denuncia penal contra la rectora desde el 14 de noviembre pasado por el delito de usurpación de funciones.

Uno de los integrantes del Foro Académico de la Universidad, Javier G. Magdaleno, exigió la renuncia inmediata de la rectora y la devolución del dinero que ha percibido desde que llegó al puesto.

Por su parte, la rectora rechazó que haya incurrido en usurpación de funciones, y asegura que tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado, debidamente acreditados ante las instituciones a las que ha pertenecido.

De manera oficial dice que además es investigadora emérita del Conacyt y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Y que las aseveraciones en su contra forman parte de una estrategia política de los disidentes.

En la contraofensiva, destaca una denuncia que hicieron los afines a Esther Orozco ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la CDHDF y su titular, José Luis González Plascencia.

Incluso, ayer un grupo de estudiantes, profesores y trabajadores identificados como integrantes de la Comunidad por la Legalidad y la Autonomía (CLA) realizaron una protesta ante la CDHDF.

En un comunicado de prensa indicaron que en su actuación, el ombudsman capitalino se extralimitó en sus funciones, por ser juez y parte en el conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El bloque cercano a la rectora también afirma que tanto el secretario de Gobierno de la administración mancerista, Héctor Serrano, como el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF, Manuel Granados, acordaron derrocar a Esther Orozco. 

Por esa razón, todos los actores involucrados prevén la salida de la rectora en los próximos días, aunque el conflicto se alargará por las acciones jurídicas emprendidas por ambos bandos.