El partido Morena y su candidato Alberto Maldonado Chavarín desaprovecharon la oportunidad que les ofreció la elección extraordinaria de Tlaquepaque para haber consolidado la presencia de ese partido en el Área Metropolitana de Guadalajara y en Jalisco.
Mucho se dijo que, de haber ganado la nueva elección de Tlaquepaque, Morena habría podido conformar un eje de Ayuntamientos bajo su poder al Oriente del Área Metropolitana de Guadalajara, donde ya gobierna los municipios de Tonalá y Zapotlanejo, sin embargo, los resultados de los comicios extraordinarios no le están siendo favorables.
Actualmente, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene una población total de cinco millones 179 mil 874 habitantes, de los cuales 607 mil 579 se encuentran gobernados por el partido Morena en los municipios de Tonalá y Zapotlanejo, esto es, el 11.72 por ciento de todos los que residen en la principal conurbación de Jalisco.
Por lo tanto, de haber triunfado en Tlaquepaque en la elección extraordinaria celebrada este domingo, y considerando que su población actual asciende a 687 mil 127 habitantes, Morena habría llegado a gobernar a una población total en la urbe de un millón 294 mil 706 personas, lo que hubiera representado una cuarta parte de todos los que viven en el AMG (24.99 por ciento).
Pese a ello, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), coloca en un primer lugar a la candidata del partido Movimiento Ciudadano (MC), Mirna Citlalli Amaya de Luna, y en un segundo sitio al candidato de Morena, Alberto Maldonado Chavarín.
El partido MC ha gobernado Tlaquepaque durante los últimos seis años, mediante dos periodos de gobierno de la exalcaldesa María Elena Limón García, actual diputada federal; a Limón García se le considera la jefa política del grupo que impulsó a Amaya de Luna para retener esa presidencia municipal, lo que, al parecer, habrían conseguido.
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La anulación
La elección ordinaria de Tlaquepaque fue anulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 30 de septiembre de 2021, debido a la intervención ilegal del arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez; los resultados de esos comicios habían favorecido también a la candidata de MC, Amaya de Luna.
La causa de la anulación fue el video mensaje que difundió el arzobispo emérito, el 31 de mayo de 2021 —seis días antes de la elección—, intentando influir en la decisión de los votantes; ante ello, la Sala Superior resolvió en los expedientes SUP-REC-1874/2021 y SUP-REC-1876/2021.
“El mensaje difundido por el ministro de culto religioso vulnera el principio histórico de separación Iglesia-Estado, debido a que la Constitución prohíbe, expresamente, que los ministros de culto realicen proselitismo a favor o en contra de algún partido político o candidatura.”
Paso trastabillante
El primer reto importante que enfrenta la nueva consejera presidenta del IEPC de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, la elección extraordinaria de Tlaquepaque, no dejó un saldo enteramente positivo para la autoridad electoral, la cual lució trastabillante en su relación con el Poder Ejecutivo del estado.
Los problemas para el IEPC de Ramírez Höhne surgieron cuando dio un espaldarazo público a la promoción que ha estado realizando el Gobierno estatal de la próxima consulta del Pacto Fiscal, como consta en su comunicado del 13 de noviembre del 2021.
En la sesión de aquel día, los representantes de los partidos políticos Hagamos, PRI, Morena, PRD, PAN y Futuro: “Hicieron señalamientos sobre la promoción de la consulta popular por parte de funcionarios del Gobierno estatal y solicitaron la intervención del órgano electoral para impedirlo”.
Sin embargo, la consejera presidenta secundó al Ejecutivo, pues mencionó que “el Instituto no tiene elementos para impedir dicha promoción; recordó que la Ley del Sistema para la Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del estado de Jalisco establece que quien está facultado para hacer la promoción de los mecanismos de participación es el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza integrado, entre otras instancias, por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y el Congreso”.
Incluso agregó que “prohibir esta promoción no únicamente sería violatorio de la ley y de los derechos humanos, en particular el de la libertad de expresión, al que tienen derecho todas las personas, incluidos los funcionarios públicos”.
Esta postura de la presidenta fue celebrada por el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez; sin embargo, unos días después, y ante las críticas que recibió por mostrarse complaciente con el Ejecutivo, el IEPC cambió de postura y ordenó retirar la promoción que hace el Estado de la consulta del Pacto Fiscal por la veda electoral de los comicios de Tlaquepaque.
El 19 de noviembre, el IEPC justificó: “El jueves pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC valoró una denuncia por la publicación de diversos mensajes en redes sociales, realizada por funcionarios del gobierno estatal.
Tomando en cuenta el contenido de los mensajes, el medio por el que fueron difundidos, pero, sobre todo, el momento en que estaban publicados (el periodo de silencio, de veda electoral en Tlaquepaque) la Comisión estimó que era necesario emitir la medida cautelar, es decir, ordenó retirarlos de la red”.
El Gobierno estatal hizo manifiesta su molestia ante las “contradicciones” del IEPC, desde el 18 de noviembre: “El pasado sábado 13 de noviembre, el instituto envió un comunicado donde defendía el derecho a la libertad de expresión de funcionarios, agregando que sería violentar la ley el prohibirles la promoción de la consulta del Pacto Fiscal, sin embargo, este jueves considera que esas mismas expresiones como propaganda gubernamental que viola la veda por la elección extraordinaria de Tlaquepaque, por lo que el Gobierno del estado considera contradictorio el actuar del IEPC”.
