‘Tijeretazo’ a la seguridad

Los recortes presupuestales que afronta el país ante la caída de ingresos petroleros, redujeron sensiblemente los fondos federales de seguridad pública que recibirán las autoridades de Jalisco durante este año, a pesar del repunte de la violencia.

La Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han disminuido los recursos correspondientes a Jalisco en 187 millones 340 mil 707 pesos, lo que es ya una quinta parte menos a lo obtenido en 2015.

Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
Comparte esta nota

El Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), un fondo que se invertía en la conformación de unidades policiales con un nivel de especialización, fue cancelado por completo en 2016
https://youtu.be/dJNqkejmGTY

Los recortes presupuestales que afronta el país ante la caída de ingresos petroleros, redujeron sensiblemente los fondos federales de seguridad pública que recibirán las autoridades de Jalisco durante este año, a pesar del repunte de la violencia.

La Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han disminuido los recursos correspondientes a Jalisco en 187 millones 340 mil 707 pesos, lo que es ya una quinta parte menos a lo obtenido en 2015.

En 2015 Jalisco recibió 872 millones 151 mil 839 pesos con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) y el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA).

Para 2016 todos los fondos no sumarán más de 684 millones 811 mil 132 pesos (MDP), pese a los grandes retos del estado, como la depuración inconclusa de sus Policías, el proyecto de una nueva corporación metropolitana, y la amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El FASP que se dirige al Gobierno estatal tuvo una baja del 15 por ciento al pasar de 363.5 millones de pesos (MDP) en 2015 a 309.5 MDP en 2016, y el Pronapred, la principal estrategia para atajar las condiciones sociales precursoras de la inseguridad, cayó 26 por ciento.

Así que si en 2015 el Área Metropolitana de Guadalajara recibió 127.3 MDP del Pronapred, en 2016 serán solamente 93.6 MDP, el recorte es de 33.7 MDP.

El SPA, un fondo que se invertía en la conformación de unidades policiales con un nivel de especialización y equipamiento superior al resto, fue cancelado por completo en 2016, lo que a Jalisco le significa una pérdida de 99.9 MDP con respecto a 2015.

Y finalmente, el Subsemun para los municipios, convertido en el Fortaseg (Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública), se mantuvo prácticamente intacto, de 281.2 MDP en 2015 a 281.5 MDP en 2016, pero dejando fuera a Ocotlán.

Crisis ocotlense

La Gendarmería sufrió una emboscada en Ocotlán, bastión del CJNG, el 19 de marzo de 2015. En ese hecho murieron cinco agentes y tres sicarios, además de tres personas no involucradas.

Los problemas de Ocotlán con el Subsemun datan de 2015, cuando el gobierno del exalcalde del PRI, Enrique Robledo Sahagún, no comprobó adecuadamente el ejercicio de esos fondos, lo que llevó a su cancelación ese año.

No obstante, los 10 MDP que se le asignaron en 2015 y que hoy no tendrá, vendrían a triplicar el presupuesto propio de su Policía que este año será de apenas 19.8 MDP, según el Presupuesto de Egresos municipal por 282.4 MDP totales; su exalcalde dejó además 119.6 MDP de deuda: 73.6 MDP en bancos y 45.9 MDP a corto plazo.

La urgencia que representa la Policía ocotlense cobra dimensión al saber que la Policía Federal detuvo a cinco de sus oficiales por participar en el ataque a la Gendarmería, lo que evidencia el grado de infiltración por el CJNG; y que cuatro más fueron consignados por trata y abuso sexual infantil por la Fiscalía en 2015.

En el recurso de transparencia 004/2016, el gobierno del alcalde Paulo Hernández Hernández, del PMC, indicó sobre la delicada situación de Ocotlán:

“En 2015 se suscitaron dos hechos delictivos que marcaron de manera permanente a los ciudadanos ocotlenses, aumentando la percepción de inseguridad”, cita primero la emboscada a la Gendarmería, y después:

“22 de mayo de 2015, enfrentamiento suscitado en Tanhuato, Michoacán, entre policías federales y personas del crimen organizado en el que se registraron 42 decesos de personas del crimen organizado y de los cuales 30 eran ciudadanos ocotlenses, entre ellos, exelementos de la Policía de Ocotlán”.

El Ejecutivo no ha reaccionado a la crisis policial de Ocotlán, aunque sí ante la baja de estos fondos abriendo la llave del endeudamiento: de su último crédito por 3 mil 800 MDP de 2015, mil 327 MDP los argumentó con fines de seguridad.

Indemnizar policías

Los recortes por más de 187 MDP en los fondos federales de seguridad para Jalisco, nublan aún más el proceso inconcluso de depuración de sus Policías iniciado desde 2010, con miles de oficiales reprobados en las pruebas de confianza que siguen en sus filas.

Hoy están en activo 2 mil 789 agentes no confiables en las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Jalisco. 

De estos, el 40 por ciento o mil 122 están bajo las órdenes del fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez, que los mantiene en su Policía Estatal (669), en sus Agencias del Ministerio Público y Policía Investigadora (370), y entre sus custodios penitenciarios (83). 

Así pues, el gobierno estatal, a la mitad del sexenio, no ha podido concretar aún cuerpos de seguridad plenamente confiables.

Mientras que los mil 667 oficiales reprobados restantes –el otro 60 por ciento- continúan en las Policías municipales, todo según los datos que recolecta la asociación Causa en Común con corte a marzo pasado.

Empero, una novedad en el nuevo Fortaseg, a diferencia del Subsemun, es el apartado de gasto exclusivo para indemnizar a los agentes no aptos que, por ley, deben ser cesados.

Con eso se responde a uno de los principales argumentos de los gobernantes para no alcanzar la depuración: la falta de recursos.

En el artículo 16, fracción I, de sus Lineamientos, dice: “La indemnización de policías operativos sólo podrá efectuarse a aquellos que no hayan aprobado las evaluaciones de control de confianza, incumplan con alguno de los demás requisitos de permanencia establecidos en la ley, o que por su edad o condición física ya no puedan desarrollar sus funciones de manera óptima”.

La indemnización no podrá ser mayor a tres meses de percepciones, y los Ayuntamientos deberán remitir al SESNSP una lista con los agentes candidatos a más tardar el 29 de julio próximo para su validación.

Los damnificados

El nuevo Fortaseg dejó, además de Ocotlán, a otros dos Ayuntamientos como principales damnificados: Guadalajara y Zapopan, cuyos alcaldes respectivos son Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus Navarro, ambos del PMC.

Guadalajara perdió 9 millones de pesos al pasar de 89.5 MDP en 2015 a 80.4 MDP en 2016: un 10 por ciento menos justo cuando se busca crear una Policía metropolitana, aunque inmersa en la incertidumbre ante el modelo nacional que será impuesto como mando único estatal; Zapopan también perdió 10 por ciento, pasó de 79.3 MDP a 71 MDP. 

Las otras Policías tuvieron alzas, entre ellas El Salto, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Tepatitlán, Tlajomulco, Tonalá, Zapotlán El Grande y Tala.

Sin confiabilidad

Aún están en activo oficiales que reprobaron las pruebas de confianza:

> 2,789 agentes no confiables en las instituciones de seguridad y procuración de justicia
de Jalisco

> 1,122 elementos no confiables están bajo las órdenes del fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez

> 669 agentes reprobados se mantienen en la Policía Estatal

> 370 elementos en sus Agencias del Ministerio Público y Policía Investigadora

> 83 elementos se mantienen entre los custodios penitenciarios

> 1,667 oficiales reprobados continúan en las Policías municipales

*Datos de la asociación Causa en Común con corte a marzo pasado.

Síguenos en Google News para estar al día
Salir de la versión móvil