Existe un decreto virreinal que les otorga a las comunidades wixaritari propiedad sobre 244 mil hectáreas al norte de Jalisco, en su frontera con Nayarit y Zacatecas
“Su respuesta (de Carlos Zataraín) fue que si no había sangre, cuál era el problema. Y ya le dijo el Consejo de Vigilancia que si lo que quería era sangre, ya tenían a dos hermanos asesinados”
El conflicto que en el norte de Jalisco han tenido que enfrentar las comunidades wixaritari escalaría hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno de México atienda las demandas legítimas de esta comunidad que fue despojada de sus tierras comunales.
Desde agosto del 2014 la comunidad logró que el Tribunal Unitario Agrario XVI fallara en su favor para que se comenzara a restituir una primera parte de las tierras originarias en Huajimic, La Yesca, en Nayarit. Invadidas por 45 propietarios que deben ser entregadas a la comunidad en San Sebastián Teponahuaxtlán.
Actualmente están en disputa 12 mil hectáreas de terreno originario del que fueron despojadas las comunidades wixárika, aún cuando existe un decreto virreinal que les otorga propiedad sobre cerca de 244 mil hectáreas de terreno al norte de Jalisco, en su frontera con Nayarit y Zacatecas.
Han pedido que el conflicto y entrega de tierras se haga a través del programa de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que esta dependencia pague las deudas derivadas del pago de indemnización por la tierra que será entregada a sus legítimos propietarios.
Así lo determinaron en una pronunciamiento dirigido el pasado 9 de julio al presidente Enrique Peña Nieto y a otras instancias.
“Exigimos a los diputados del Congreso de la Unión y a quien corresponda, asignen presupuesto a la Sedatu para que resuelva vía Cosomer, el conflicto Agrario de San Sebastián y Tuxpan contra Huajimic, Nayarit. Para que a los pequeños propietarios se les bonifique con el fin de que entreguen las tierras que históricamente le pertenecen a la comunidad”, dice el documento.
Piden negociación
A decir de los líderes indígenas, este agravio a la comunidad fue perpetrado por el Estado mexicano al permitir la venta irregular de hectáreas de tierra que eran originarias de la comunidad.
Piden que inicie una negociación monetaria con los pequeños propietarios a través de este programa gubernamental.
Sin embargo, Carlos Ernesto Zataraín, funcionario de alto rango en la Sedatu que se encarga de administrar este programa, dijo en una reunión con la comunidad que ellos ya habían comprado varias partes de la tierra en disputa, señalando a los líderes las partes que habían comprado vía Cosomer.
De las 10 mil 500 hectáreas que hoy están en conflicto para su reposición, el 50 por ciento serían pagadas a través de Cosomer para que se entreguen al pueblo originario, y en el otro 50 por ciento debía aceptarse la presencia de los pequeños propietarios; el Consejo de Mayores de la comunidad indígena rechazó esa propuesta.
“Las cosas fueron subiendo de tono, a tal grado que el señor (Zataraín) se alteró mucho y se puso a reírse de nosotros, y lo tenemos grabado, el Consejo de Vigilancia le pidió que no se riera de nosotros, pues no íbamos a pedir un favor, íbamos a exigir que cumplieran con su trabajo. Pero su respuesta fue que si no había sangre, cuál era el problema. Y ya le dijo el Consejo de Vigilancia que si lo que quería era sangre, ya tenían a dos hermanos asesinados”, relató Ubaldo Valdez, líder de la comunidad indígena que arrastra cuatro décadas de lucha con el Estado mexicano y su burocracia.
Insuficiente restitución
Los líderes de la comunidad indígena podrían tomar cartas en el asunto a nivel internacional, interponiendo una demanda en contra del Estado mexicano por los delitos de despojo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este tema también intervendrán otros organismos de participación indígena, para que ayuden a esta comunidad a que el despojo perpetrado por el gobierno mexicano sea reparado a nivel internacional.
De acuerdo con los líderes wixárikas, se estaría discutiendo la necesidad de acudir al Consejo Nacional Indígena para que la vocera de la candidatura, María de Jesús Patricio, acuda a otras comunidades para solicitar apoyo a favor de los wixárikas.
“Si Sedatu no nos da resultados sustanciales en un mes, el punto de acuerdo de las tres comunidades indígenas de la zona norte de Jalisco, los wixáritaris, vamos a demandar al Estado Mexicano en organismos internaciones, comenzando por pedir medidas cautelares para los líderes y las autoridades tradicionales. La Fiscalía de Jalisco está constantemente presente en la comunidad, pero la zona de conflicto está en Nayarit, y Nayarit no manda Fiscalía, se vuelve una tierra de nadie”, expresó Ubaldo Valdez.
La frivolidad gubernamental se enmarca en la tensión que se vive en la zona norte de Jalisco, pues apenas hace unos meses fueron asesinados los hermanos Agustín y Miguel Vázquez Torres, líderes de la comunidad y piezas clave en la disputa por la tierra.
La autoridad afirmó que esto se debió a la presencia de miembros del crimen organizado, de los cuales fueron víctimas, pero ahora no impera la seguridad para el resto de los pobladores originarios, lo que derivó en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una solicitud al Gobierno de Jalisco para que proporcione seguridad a las familias de los hermanos asesinados.
Instancia internacional
El Consejo de Mayores de la comunidad indígena rechazó la propuesta de Cosomer:
>> 10,500
Hectáreas están en conflicto para su reposición
>> 50
Por ciento serían pagadas por Cosomer para entregar al pueblo originario
>> 50
Por ciento debía aceptarse la presencia de los pequeños propietarios
