Tierra de nadie

El deseo del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez se le cumplirá este martes: al fin dejará el cargo que nunca pidió. El relevo llega en los tiempos que marca la Constitución, no en la forma arrebatada que solicitaba el catedrático venido a político, quien en más de una ocasión expresó públicamente su intención de adelantar la transición.

La condición de narco estado bajo la cual asumió la gubernatura interina Ortega Martínez podría transitar en los próximos meses a una situación de estado fallido, similar a la que aún se resiente en el estado el Michoacán.

El clima de violencia, la marca de Ayotzinapa, la crisis económica, los grupos de autodefensa y la presencia de al menos cinco cárteles de las drogas disputándose el control del territorio, auguran un nada fácil periodo de administración para el gobernador electo, que tendrá que transitar de la mano de la federación, para evitar que el estado siga siendo tierra de nadie.

La resistencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), convertida en la cabeza nacional de la oposición a la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, ya representa para el nuevo gobierno del estado la principal tarea a solucionar, debido al crecimiento y fortalecimiento que alcanzó durante el periodo fallido de Ángel Aguirre Rivero.

La nueva administración estatal de Guerrero –reconocen periodistas locales especializados en la fuente del gobierno estatal- tiene como principal reto remontar la herencia de corrupción y tragedia dejada por Ángel Aguirre, donde resalta la marca de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en una cadena de hechos que a la fecha no ha exonerado a ningún mando estatal ni municipal de Iguala.

Pero más allá del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al nuevo gobernador le asiste la obligación de enderezar lo remediable: la seguridad pública, explicó el periodista David Espino. Y es que solo en lo que va de este año, en Guerrero se han registrado mil 800 homicidios, lo que coloca a esa entidad como la más inseguridad de todo el país.

Las cifras de la pobreza lo ubican en el segundo lugar nacional, luego de Chiapas; o la del analfabetismo, que lo colocan en segunda posición del ranking nacional superado apenas por Oaxaca.

Durante el periodo de gobierno de Rogelio Ortega, Guerrero fue la segunda entidad del país, después de Michoacán, que más recursos y programas del Gobierno federal recibió, en donde el principal índice a reducir fue la marginación y la pobreza.

Zona de cárteles

De acuerdo a fuentes de la PGR, en Guerrero se disputan el control de las rutas de trasiego de enervantes y de los cuerpos de policía local, al menos 83 células bien definidas que pertenecen a los cárteles de los Hermanos Beltrán Leyva, Pacífico, La Familia, Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación.

A la lucha que encaran los grandes cárteles nacionales se suman cinco grupos locales de delincuencia organizada. En Guerrero siguen operando cuatro agrupaciones delincuenciales independientes: Los Rojos, Los Ardillos, Los Granados, Guerreros Unidos y Cártel Independiente de Acapulco, todo con alianzas estratégicas con diversas bandas nacionales.

Los Guerreros Unidos mantiene desde hace cinco años una alianza con el cártel de la Familia Michoacana, lo que les ha dado la posibilidad de controlar la zona limítrofe de las dos entidades y parte de la Costa Grande. La Familia Michoacana suministra sicarios a Los Guerreros Unidos, cuya finalidad es la persecución de sus enemigos.

Los Rojos siguen actuando al amparo de la presencia del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva en la zona de Tixtla, Chilpancingo, Tierra Caliente, Ciudad Altamirano y Arcelia, donde se ha incrementado el índice de homicidios, al mantener una disputa con Los Guerreros Unidos. Los Rojos mantienen un grupo armado conocido como La Barredora que tiene como finalidad única la persecución de los miembros de Guerreros Unidos y de la Familia Michoacana. 

El Cártel Independiente de Acapulco ha podido consolidar una alianza con el del Pacífico, el de ‘El Chapo’ Guzmán, y se ha hecho de los servicios de un grupo de sicarios que se reconocen como Comando del Diablo, que tiene como única finalidad la persecución de los integrantes del cártel de Los Rojos a los que consideran sus principales enemigos. Así es como ha podido mantener su supremacía en Acapulco, Zihuatanejo y la Costa Grande de Guerrero.

El grupo de Los Ardillos es una organización criminal, que de acuerdo a los anales de la PGR, mantienen un pacto de unidad con los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios, lo que ha hecho que mantengan el control de la región de Olinalá, Metlatónoc, Igualapa y Ometepec. Los Ardillos también cuentan con un grupo de sicarios a sus órdenes. Los Pelones son los que hacen las ejecuciones y tienen como único fin la persecución de los Rojos.

Gobernador guerrillero

Más allá de sus frases mediáticas como la de “si ya hay gobernador electo, yo para qué tengo que seguir lidiando este toro”, a Rogelio Ortega se le recordará por la polémica decisión de poner en libertad a nueve presuntos integrantes de la guerrilla. Estaban sentenciados a más de 35 años de prisión, pero en base a sus facultades optó por darles beneficios de ley.

Entre ellos estaban dos  presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), uno del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y dos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). La liberación se verificó el pasado 15 de septiembre.

Los nueve “presos políticos” como los calificó el gobernador en su momento, ya habían cumplido entre 12 y 17 años de prisión. Todos estaban considerados como reos de buena conducta y en base a ello Ortega decidió firmar su puesta en libertad.

Tras decidir la liberación de los nueve presuntos guerrilleros, Ortega desahogó el trámite en menos de 15 minutos. Los detenidos abandonaron el Centro de Reinserción Social de Las Cruces. Entre los liberados estaba Ismael Padilla Nava, sentenciado a 35 años de prisión el 11 de julio de 2004 por el secuestro de Raúl Astudillo García, en Tixtla.

También le devolvió la libertad a Tomás de Jesús Barranco, quien fue detenido el 29 de agosto de 1996 en la comunidad de Tixtla, luego de un choque con la policía judicial. Purgaba una sentencia de 40 años de cárcel. Fue sentenciado por terrorismo y por la muerte de Silvio González Miranda y Joel Juvenal Narciso Cruz Miranda.

También Francisco Cristino Crescencio fue liberado. Estaba preso desde los 13 años edad, cuando el 7 de junio de 1998 se enfrentó a balazos con miembros del Ejército en la comunidad de El Charco, donde fue uno de los sobrevivientes al quedar muertos sus 11 compañeros presuntamente del ERPI que organizaban una reunión en Ayutla de los Libres.

Los otros liberados que causaron polémica entre la sociedad guerrerense fueron María Elena Mesino Parra, Amadeo Ocampo Ríos, José Antonio Morales Nicolás y Ceferino Morales Lorenzo, así como los dos reconocidos integrantes de la CRAC Miguel Espinoza Catalán y Raúl Manzanares Navarrete.

El peor desempeño

De acuerdo a datos del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, la administración del estado de Guerrero, durante el periodo de gobierno de Rogelio Ortega Martínez, fue una de las más ineficientes al tener el peor de los desempeños en materia de seguridad pública, educación, justicia, gasto público, rendición de cuentas y honestidad.

Las cifras de México Evalúa colocan a Guerrero como una de las entidades en donde la población en general refiere el mayor índice de corrupción sobre sus autoridades. El 90 por ciento de los guerrerenses estima que sus autoridades son corruptas, principalmente porque no hay mecanismos de transparencia sobre el manejo de recursos públicos.

Solamente el 2 por ciento estima que vive en condiciones de óptimas de seguridad y que se encuentran a salvo de las agresiones de la delincuencia organizada, aunque no de la delincuencia común.

Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es la principal marca histórica que deja la administración de Rogelio Ortega Martínez, pues aunado a que se socialmente se responsabiliza directa o indirectamente del hecho a la administración de Ángel Aguirre Rivero, al gobernador saliente se le culpa de no haber hecho lo suficiente para el esclarecimiento del ominoso crimen que puso a Guerrero en la boca del mundo.