El delito de despojo ha crecido de forma imparable en México en los últimos años.
El 17 de noviembre de 2020, Raymundo Rosales se enteró de que su predio en la Ciudad de México había sido invadido por los allegados de un político local.
Él vive en el estado de Veracruz y uno de sus vecinos lo alertó de que el terreno, localizado en la calle Plan Sexenal, en la colonia Huichapan, Xochimilco, había sido ocupado.
“El predio es de mi papá, las escrituras son del año 1974 y nunca lo vendió”, dice. Al enterarse, Raymundo regresó a la capital y enfrentó a las personas que estaban dentro de su propiedad.
“No pude sacarlos, me tiraron la barda, todos los árboles que estaban. El terreno estaba desocupado y yo quería dejarlo para que fuera un área verde para la colonia”, explica.
El hombre cuenta que quería donar el terreno a la coordinación territorial de Huichapan porque la comunidad no tiene espacios recreativos. Previo a la contingencia sanitaria de COVID-19, que inició formalmente el pasado 23 de marzo de 2020, ya estaba en trámite la formalización de la donación.
Sin embargo, cuenta, los invasores —quienes se identificaron como simpatizantes del político local del Partido Verde de México, Sergio Flores— aprovecharon la pandemia porque sabían que denunciar y comprobar la propiedad del terreno sería más difícil por la disminución de actividades como medida para evitar contagios.
El 26 de noviembre interpuse la denuncia ante el Ministerio Público, pero no pude dar recibos del predial, porque por la contingencia los trámites están detenidos. Ellos se aprovecharon de eso y después me enteré de que dieron como prueba de que es suyo unas escrituras falsas y un registro de propiedad apócrifo
Actualmente, la carpeta de investigación por despojo está en proceso y hasta el momento, los invasores siguen en su predio.
“Lo que me dicen los vecinos, es que a eso se dedica Sergio Flores, que es un político tolerado por la alcaldía que mete gente a vivir en predios para quedar bien”.
El caso de Raymundo se ha vuelto común en México y, pese a la pandemia de COVID-19, esta problemática no ha disminuido. En el último lustro, el delito de despojo ha ido al alza.
De enero de 2015 a diciembre de 2020 se han abierto 150 mil 706 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos en todo el país, indican los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con los registros, en el 2015 se iniciaron 21 mil 618 carpetas de investigación; mientras que en el 2016 fueron 21 mil 766; en el 2017 la cifra creció a 24 mil 702; para 2018 se registraron 25 mil 618; en el 2019 el número volvió a incrementarse con 28 mil 416 y el 2020 cerró con 28 mil 586.
Las entidades con más denuncias fueron la Ciudad de México, con 21 mil 598 casos; el Estado de México, con 21 mil 520; Jalisco, con 11 mil 276; Veracruz, con 8 mil 954; y Baja California, con 7 mil 079.
Delito de despojo al alza
El informe titulado “El delito de despojo: situación actual y labor legislativa en el tema”, dice que éste es un delito patrimonial que usurpa la propiedad de un bien en perjuicio de su legítimo propietario.
El documento, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que una de las modalidades más difundidas es el relativo a la invasión de predios, que puede incluir la modalidad de violencia, ya sea física, o por amenazas
De acuerdo con el informe, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se han presentado tres iniciativas relativas a este tipo de delito en la actual Legislatura, dos de las cuales están pendientes en Comisiones de la Cámara de origen y una ya fue retirada.
La propuesta presentada por la senadora Sasil Dora Luz de León Villard, del Partido Encuentro Social (PES), busca que se considere la agravante de este delito cuando la víctima se trate de un adulto mayor, ya que deben considerarse como entes vulnerables y desprotegidos.
La iniciativa refiere que la población mundial está envejeciendo y que la violencia en México continúa recrudeciéndose, y en ese contexto, los adultos mayores también son víctimas, ya que el delito de despojo es el segundo que más se comete contra ellos después del robo.
“Si bien es cierto, nuestro Código Penal Establece sanciones por la comisión de este tipo de delitos (robo y despojo), también lo es que resulta necesario establecer sanciones más profundas y específicas para los casos en los cuales los delitos sean cometidos en contra de adultos mayores”, señala.
En tanto, la iniciativa propuesta por la diputada Carolina García Aguilar busca garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, es decir, las personas que se han visto obligadas a huir de su lugar de residencia por situaciones ajenas a su control, entre ellas el despojo ilegal de su patrimonio.
En el Congreso de la Unión se han presentado tres iniciativas relativas a este tipo de crimen en la actual Legislatura, dos de las cuales están pendientes de análisis y una ya fue retirada
La propuesta retirada fue presentada por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz y buscaba endurecer las sanciones cometidas en áreas naturales protegidas, como el despojo, con sanciones que iban de los 2 a los 10 años de prisión.
