El tiempo terminó. El plazo de 90 días que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de la Unión para que legislara una regulación de la cannabis en el país venció.
En lugar de tener un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que regule la siembra, producción, venta y uso de la planta, así como a la industria medicinal y recreativa, existe un preproyecto de dictamen atorado en las comisiones de Justicia y de Salud en el Senado de la República, el cual ha sido duramente criticado por especialistas, pacientes, activistas y hasta por los mismos legisladores.
Según las voces detractoras, este proyecto seguirá promoviendo el mercado negro y criminalizando a los usuarios, ya sea por uso médico o lúdico, y sobre todo beneficiará a la industria establecida sobre los miles de campesinos que ven en este nuevo “oro verde” una oportunidad para tener una mejor calidad de vida.
“Yo creo que en general es un dictamen que si bien avanza, es mejor regular de manera no punitiva y seguir con este mandato de la Corte que reconoce el derecho a la salud, a la seguridad, a la paz, a los derechos humanos. Tiene un empaquetado muy bueno en términos de las definiciones.
“Ya en el desarrollo del articulado deben de cambiar muchas cosas porque tienes una regulación medio de libre mercado donde el Estado no entra para construir un piso parejo para las comunidades campesinas que han puesto los muertos, han vivido situaciones de inseguridad muy fuertes y que además tienen mucha experiencia en la producción y en la siembra de la cannabis”, explica la senadora de Movimiento Ciudadano, Patrica Mercado, una de las integrantes de la Comisión de Salud y de las encargadas de elaborar el proyecto.
Ante la tardanza y desacato de los legisladores, el Pleno de la Suprema Corte, tiene todo en sus manos para emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud, siempre y cuando sea aprobada por ocho votos de sus integrantes.
Según especialistas consultados por Reporte Índigo, esta posible declaratoria de inconstitucionalidad, sería la segunda de su tipo que se emita en el marco de la nueva Ley de Amparo, por lo que en vez de tener una regulación que podría traer múltiples beneficios al gobierno, empresas y usuarios, se liberaría el mercado sin ninguna regla. Siempre y cuando la SCJN no les de más plazo a los legisladores.
Me gustaría que la Suprema Corte no les diera más plazo (al Congreso) para que entre el proceso de inconstitucionalidad y sientan pasos en la azotea, de otra manera van a seguir pateando la pelotita.
“Esto es algo a lo que le tienen mucho miedo, sería liberar el mercado como en el viejo oeste, ni ellos ni nosotros queremos esto. Queremos una regulación responsable, consensuada y que favorezca a todas las partes involucradas”, dice a Reporte Índigo José Manuel García Vallejo, un paciente de epilepsia que en 2013 encontró en la cannabis una opción para tener una mejor calidad de vida y que actualmente dirige la asociación de Autocultivo Medicinal en México (AMEM).
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Regulación a la espera
Justo hace un año, el 31 de octubre del 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un par de amparos que consideraban inconstitucional prohibir el uso recreativo de la cannabis en México por atentar en contra del desarrollo de la libre personalidad, con lo que se estableció jurisprudencia, ya que antes hubieron otras cuatro resoluciones en el mismo sentido.
El 19 de febrero de 2019, la SCJN envió el oficio SSGA-I-4044/2019 dirigido al Congreso de la Unión informando sobre la admisión de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 respecto a los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, por lo que en consecuencia y por disposición del articulo 107 de la Constitución, la Suprema Corte dio un plazo de 90 días naturales para que modificaran o derogaran dicho articulado.
Pese a que se han presentado varias iniciativas para reformar estos artículos e incluso armar una ley federal más completa, el tiempo se les terminó a los legisladores.
Es por eso que el día de ayer el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que el debate sobre la regulación de la cannabis se “enfriaría por un tiempo moderado” a causa de supuestas presiones de empresarios, industria, laboratorios y farmacéuticas.
Además recalcó que la legislación se realizará aun cuando haya vencido el plazo legal que fijó la Suprema Corte, ya que existe un andamiaje jurídico que permite a la Cámara alta tomarse más tiempo sin incurrir en desacato.
Lo que queremos es enfriar un poco los ímpetus, porque algunos mencionan que legalizar la mariguana sería la solución, que va a haber recursos, que se pagará la deuda externa, que se generarán empleos, que la economía se aliviará, pero son soluciones mágicas que yo temo no sean así”, dijo Monreal.
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Prohibición de la cannabis a medias
Para Julio Salazar, abogado del programa de políticas de drogas de la asociación Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD), el predictamen que elaboraron en conjunto la Comisión de Justicia y la de Salud de la Cámara alta tiene muchos problemas y podría generar más daños que beneficios.
“En el caso del autoconsumo, al igual que ahora, te obligan a tramitar un permiso ante la autoridad administrativa que van a crear. Esta autoridad te va a establecer condiciones que tienes que adaptar en tu hogar para poder tener tus plantas. Además te van a someter a un proceso de solicitud de importación de semillas, te van a obligar a recibir visitas de verificación para que vayan a ver tus plantas, que coincidan con las semillas, que no tengan sustancias añadidas y que tengas solo cuatro plantas. De no ser así te sancionaran penalmente. Es casi lo mismo a lo que tenemos en este momento”, explica el especialista.
Según el artículo 59, toda semilla, planta o plantación de cannabis que no este registrada y, por ende, no autorizada por el Estado, se considerará ilícita, por lo que será objeto de aseguramiento y decomiso.
Las sanciones para los infractores irán desde una amonestación, multa, decomiso, suspensión de la licencia o permiso, hasta trabajo en favor de la comunidad y arresto por 36 horas.
“Esta regulación va a seguir fomentando el mercado negro porque pone demasiado costos a la población y los somete a demasiados trámites administrativos y los sigue sometiendo al sistema penal”, acusa el especialista.
Según MUCD la despenalización efectiva de la cannabis solamente se lograría reformando el artículo 198 del Código Penal Federal, el cual establece prisión de uno a seis años a las personas que siembren, cultiven o cosechen plantas de mariguana y cuando en ellas concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica.
La iniciativa de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis además prohibe comercializar, distribuir, donar, regalar, vender y suministrar productos de cannabis a menores de edad, mujeres embarazadas, que estén lactando y a personas con discapacidad, por lo que la planta no podría ser utilizada por niños enfermos que requieran de la cannabis para tener mejor calidad de vida.
“Tienes que ser mayor de 18 años y no tener ninguna discapacidad. Todas las personas enfermas que vayan a requerir tratamientos estarían violando esta ley y a su vez las madres que les den a sus hijos estos tratamientos también estarían violando la ley”, explica José Manuel García de AMEM.
El proceso de la siembra de cannabis comienza con la semilla y según el predictamen ésta solamente podrá ser adquirida a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el cual otorgará productos certificados de importación.
“Si ya tenemos semillas de primer nivel en este país para que demonios depender de otras personas, nos va a complicar la operación y vamos a perder mucho del genoma que tenemos aquí en México, genomas muy especiales que ellos se llevaron para poder hacer sus semillas en sus bancos”, critica el especialista en autocultivo.
Finalmente, la empresa creada por el Estado vigilará todo el proceso de crecimiento y venta de la planta, la cual se tendrá que hacer en un empaque elaborado con materiales sustentables, reciclables, biodegradables y compostables.
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¿Solución a la violencia?
Tres días después de la peor crisis de seguridad de este Gobierno, cuando el Cártel de Sinaloa logró la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Culiacán, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado dijo que era urgente entrar en un proceso para regularizar las drogas, empezando por la cannabis.
Al respecto la senadora Patricia Mercado opinó que lo ocurrido en Culiacán pudo haber servido para acelerar el proceso de regulación de la cannabis.
“Quizá si no hubiera sucedido el proceso se podría alargar y solamente hubiéramos tenido una reforma a la Ley de Salud y no la Ley Federal de Regulación. El tema de la regulación sí es un tema de seguridad, pero no es el tema central, tiene que ver con reconocer derechos y de aprovechar una planta que tiene mucho potencial para fines terapéuticos y medicinales”, dijo la legisladora.
La propuesta de dictamen establece la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis así como un impuesto del 12 por ciento a los productos derivados de la mariguana y un costo adicional de 2 pesos por cada gramo de cannabis, aún cuando esté mezclada con otras sustancias.
“Se trata de arrebatarle a las redes de narcotráfico y al crimen organizado para que entiendan que van a entrar a la legalidad, que va a ser otro el mercado, que van a ser otras las reglas del juego y que van a pagar impuestos para atender la problemática de salud”, agregó Mercado.
Lorena Beltrán, asesora en el Senado en materia de regulación y directora de Cannabisalud, opina que la legalización de la cannabis es un buen primer paso para comenzar a pacificar al país, pero no es una solución mágica.
“Es un primer paso, hay que legalizar todas las drogas, porque cuando las legalizas se abre un mercado regulado.
“Bueno fuera que el narcotráfico sea solo venta de mariguana, porque regulándola se terminaría, pero no es así. El narcotráfico, el crimen organizado, ya no gira en torno de la mariguana, son otras sustancias, cocaína, heroína, fentanilo”, explica la especialista.
Finalmente Beltrán opina que este Gobierno cambió de paradigma y volteó a ver la regulación al darse cuenta del impacto económico que genera el mercado de la cannabis.
“Al final del día nuestro gobierno necesita mucho de los impuestos, ahorita no hay recursos para muchas cosas. Obviamente el Gobierno está hambriento por impuestos y ve a la industria de la cannabis como una generadora de estos impuestos”, concluye.