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Las comparaciones entre la actual administración y la saliente ya son inevitables. Apenas un mes después de que se diera el cambio en el Ejecutivo Federal y con el arranque del 2019, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tendrá cada vez menos margen de tiempo para que se empiecen a ver los resultados de algunas de sus principales políticas y acciones implementadas. O bien, tendrá que asumir el costo político de las medidas y decisiones más impopulares que ha anunciado.
A pesar de que el tabasqueño rindió protesta el 1 de diciembre, entre la ciudadanía todavía quedaba un ligero resabio de lo hecho por la administración priista a la cual aún se le reclamaba por las condiciones en las que se encuentra el país, tanto en materia de seguridad, como económica y social.
De no demostrar con datos confiables que sus promesas hechas en campaña se están cumpliendo, López Obrador podría perder legitimidad frente a la ciudadanía por las altas expectativas que ha creado su gobierno
Sin embargo, a partir de ahora, todos esos reclamos se le harán llegar al gobierno morenista, al cual no le bastará con prometer soluciones a todas las problemáticas que aquejan al país como lo ha hecho hasta el momento, sino que tendrá que comenzar a demostrar los resultados de sus acciones y comprobarlas con datos certeros, pues en los temas que más preocupan a la ciudadanía, como lo es la violencia y la corrupción, los mexicanos ya comienzan a llevarle la cuenta a la nueva administración.
Ahora, frente a las altas expectativas que ha generado el nuevo gobierno y ante la urgencia de la ciudadanía por ver cumplidas las promesas hechas en campaña, la legitimidad que obtuvo Andrés Manuel López Obrador con los más de 30 millones de votos que le dieron los mexicanos podría verse amenazada si la cuarta transformación no empieza a reflejarse de manera tangible en el corto plazo.
Como ejemplo de esta situación se encuentran los cada vez más comunes señalamientos, tanto por parte de los medios de comunicación como de la ciudadanía; de las organizaciones civiles y de los partidos políticos de oposición, quienes han cuestionado y criticado fuertemente la estrategia anticorrupción y de seguridad anunciada por el jefe del Ejecutivo.
Tal es el caso de la publicación realizada el día de ayer por un medio de circulación nacional el cual aseguró que durante el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador los homicidios dolosos aumentaron en un 65 por ciento en comparación con los últimos 30 días del gobierno entonces encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con dicha publicación, el número de homicidios dolosos registrados durante el último mes de la pasada administración priista fue de 537 víctimas, mientras que al cierre de diciembre esa cifra subió a 887 ejecuciones.
Sin embargo, la revelación fue respondida de inmediato por el presidente de la república en su mensaje matutino del 2 de enero, en donde aseguró que la información era falsa y que los delitos van a la baja en realidad; aunque no dio cifras que comprueben sus aseveraciones.
En relación a esta polémica, el Observatorio Nacional Ciudadano, organismo no gubernamental cuyo objetivo central es informar a la ciudadanía sobre la situación en materia de seguridad y justicia del país, lamentó la respuesta que dio el primer mandatario mexicano, pero aclaró que las bajas y las alzas en cuanto a las cifras de homicidios dolosos contabilizadas “aún son inercia del gobierno anterior” y que los resultados de la nueva administración todavía tardarán tiempo en verse reflejados
No obstante, la senadora panista y excandidata a la silla del águila, Josefina Vázquez Mota, solicitó a Andrés Manuel López Obrador asumir su responsabilidad por la cantidad de homicidios ocurridos durante su primer mes de gobierno.
“Debe asumirse la responsabilidad desde los que gobiernan. Cuando ya se gobierna, por una decisión en las urnas, no solamente se tiene el poder de ejercer este gobierno sino también la responsabilidad de asumir las consecuencias y las realidades que se están enfrentando […] eso es lo que implica el ejercicio de Gobierno: asumir aquello que se pueda considerar buenas noticias, pero sobre todo, asumir y enfrentar aquello que está lastimando a miles de ciudadanos”, dijo.
Aunado al reto de cumplir con las expectativas creadas en un corto plazo de tiempo, la administración federal tendrá que conducirse con extremo rigor y de forma muy cuidadosa en la investigación sobre el accidente en donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y el Senador Rafael Moreno Valle, ya que después de toda la controversia, los resultados y las explicaciones deberán ser muy claros y contundentes para evitar generar más polémica de la que ya existe.
De lo contrario se podrían comenzar a gestar una serie de conflictos, como el que actualmente detonó con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por la construcción del Tren Maya -una de las prioridades en materia de infraestructura para AMLO- con otros de sus principales proyectos.
Estrategia dividida
Durante su primera conferencia matutina del 2019, Andrés Manuel López Obrador no sólo aprovechó para responder a las acusaciones respecto al aumento en el número de homicidios dolosos en el primer mes de su gobierno, también anunció el siguiente paso a seguir para la conformación de la polémica Guardia Nacional y dio a conocer algunas de las medidas que el Gobierno federal ha tomado para revertir la crisis de violencia e inseguridad que heredó de administraciones pasadas.
La convocatoria para formar parte de la Guardia Nacional fue presentada por el tabasqueño sin que la creación de este organismo haya sido aprobada por el Congreso de la Unión
Entre las acciones ya implementadas el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, informó que desde el 1 de diciembre de 2018 las Fuerzas Armadas y la Policía Federal desplegaron 35 mil 745 efectivos en las 150 coordinaciones regionales en las que se dividió al territorio nacional con miras a la creación de la Guardia Nacional.
Y dijo que estos elementos se encuentran realizando actividades de prevención y combate a delitos del orden común; las relacionadas con el desarrollo nacional y seguridad pública como recorridos sobre rutas y áreas específicas, detención en flagrancia y apoyo a la ciudadanía, así como la implementación de la estrategia para la atención a las instalaciones de Pemex, con la que aseguró se ha disminuido el robo de hidrocarburos.
Junto con estos datos que buscan devolver la tranquilidad a la ciudadanía y demostrar que efectivamente se está trabajando para cumplir a cabalidad el compromiso de regresar la paz y la tranquilidad al país hecho por el tabasqueño, también se presentó la convocatoria de reclutamiento de jóvenes para su integración a la Guardia Nacional.
Ante lo que el presidente de México explicó que este cuerpo de seguridad pública será el encargado de prevenir el delito, preservar la seguridad y hacer frente a la delincuencia dentro de un marco de respeto a la ley y a los derechos humanos; y agregó que las mujeres y hombres que se unan a las filas de la Guardia Nacional tendrán estabilidad laboral, sueldo digno y seguro de vida; servicio médico para los integrantes y sus familiares; alojamiento y equipamiento, así como educación y desarrollo profesional, sin embargo no ahondó en detalles.
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Sin embargo, este anuncio trajo más críticas que aplausos, pues ni siquiera se ha aprobado la creación de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, cuya discusión sigue trabada en la Cámara baja ante las críticas de que dicha estrategia fomenta la militarización del país.
Pero la aprobación para la creación de la Guardia Nacional no es el único pendiente, pues tampoco se ha nombrado a quien será el Fiscal General de la República, un proceso que lleva en marcha desde la 63 Legislatura, que no se ha podido resolver y que también le ha valido fuertes críticas al representante del Ejecutivo Federal por parte de partidos de la oposición como de organizaciones de la sociedad civil, quienes aseguran que la recién aprobada Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República no garantiza un Fiscal General autónomo ante la falta de una reforma al artículo 102 constitucional ni brinda garantías de su funcionamiento debido a que no existe un reglamente claro bajo el cual se indiquen las características con las que debe ser seleccionado el nuevo titular de este órgano autónomo.
De no dirimir estos conflictos con prontitud para poder cumplir con una de sus principales promesas de campaña, el nuevo gobierno podría no sólo verse cada vez más presionado ante la búsqueda de resultados que la ciudadanía espera obtener, sino que su plan de acción para transformar a México podría comenzar a sufrir serios rezagos y contratiempos que eventualmente le traerán más críticas no sólo de sus opositores, pero también de quienes le entregaron su confianza.
El plan presentado por el nuevo gobierno en materia de seguridad no ha sido bien recibido, pues ante los ojos de especialistas, de la oposición y de la ciudadanía éste fomenta la militarización del país y rompe con la promesa de AMLO de regresar al Ejército a los cuarteles
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