Un día después de los ataques del presidente en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respondió al titular del Ejecutivo diciendo que los integrantes del Poder Judicial actúan con responsabilidad y autonomía.
“Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El #CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.
Al respecto, Gonzalo Monroy considera que la contestación de Zaldívar fue tardía.
“Una respuesta tibia. Llama mucho la atención porque el presidente de la Corte se pronuncia hasta el medio día del viernes cuando la amenaza fue hecha el jueves por la mañana. Salieron primero el Colegio y la Barra de Abogados y muchas otras instituciones y figuras a defender la actuación del juez Gómez Fierro y de otros”.
Prueba de fuego para la Suprema Corte
La suspensión emitida por el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, por el momento es provisional, sin embargo busca volverse definitiva, paso que se debe dar para que llegue a la Corte y sea estudiada de fondo.
“No es ningún secreto, legisladores de oposición van a promover juicios de inconstitucionalidad ante la SCJN, por lo que siguiendo los procesos de la Corte, podemos prever que en aproximadamente seis meses, la máxima autoridad judicial, atraerá el caso.
“Esa es la razón de las suspensiones, un mecanismo que tiene como único objetivo evitar la implementación de la ley hasta que se resuelva la materia de fondo: si es constitucional o no, es decir, si se viola el artículo 28 que es la libre competencia y del cuarto constitucional que es el derecho a un medio ambiente limpio y sano”, explica Monroy.
Para el especialista, cuando la Corte atraiga el caso se pondrá a prueba su independencia así como la autonomía de cada magistrado, pues para que una ley sea declarada inconstitucional, ocho de los 11 magistrados deben de votar en contra.
A pesar de que Monroy pronostica que la máxima autoridad judicial en el país declarará como inconstitucionales los cambios en materia energética, hay figuras que podrían entorpecer estas predicciones.
“Existen personajes como Yazmín Esquivel, que podrían apoyar ciegamente al presidente. De no alcanzarse la negativa definitiva, esperemos se logre al menos la mayoría simple (seis votos), ya que esto al menos permitiría a los afectados defenderse con amparos.
“Si ni siquiera se alcanzan los seis votos en contra de la ley por parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, entonces esta campaña de intimidación por parte del presidente se convertiría en una realidad, dejando en claro la falta de autonomía del Poder Judicial y, con ello, la carencia de un Estado de Derecho en el país”.