Testigos de oídas

Durante el sexenio de Felipe Calderón se creó la figura del “testigo protegido”. En ese formato, delincuentes confesos hacían declaraciones orales que adquirían rango de prueba jurídica suficiente para incriminar a cualquier persona.

A cambio de esas acusaciones, el testigo obtenía beneficios procesales, privilegios judiciales y apoyos económicos.

Actualmente, 128 presos federales acusados por “testifos protegidos” de delitos graves como delincuencia organizada y fomento a la salud mantienen sus procesos penales sin avance, ante la imposibilidad de careos constitucionales con sus acusadores.

La Procuraduría General de la Republica (PGR) desconoce el paradero de “El Pitufo” y “Paco”, quienes –junto con “El Grande” y “La Jennifer”- lograron incriminar a medio centenar de políticos, funcionarios judiciales y militares.

“El Pitufo” y “Paco” no han acudido al llamado de los jueces federales que los reclaman y ante ese hecho, los procesados se encuentran imposibilitados para avanzar en sus casos.

Para el penalista Martín Aguilar Contreras, esta situación constituye un acto deshonesto por parte de la PGR.

El abogado oaxaqueño -próximo a presentar un estudio sobre las acusaciones “de oídas” que ha hecho la PGR en los últimos años- destacó el caso de “El Pitufo” y “Paco”, quienes hicieron señalamientos en al menos 458 expedientes procesales abiertos contra personas que se encuentran recluidas en cárceles federales. Pero en 128, esos testimonios son la única “prueba” que mantiene en reclusión a los inculpados.

Aguilar Contreras recordó que uno de los casos más sonados fue el del diputado local de Oaxaca, Luis Díaz Pantoja, quien a la fecha ya cumple un año sin que su proceso avance, debido a que no ha sido posible la ubicación de esos dos acusadores para sostener un careo. 

“El Pitufo” y “Paco” acusan al exdiputado del Partido Nueva Alianza de ser miembro de una célula criminal. Sus declaraciones mantienen al legislador preso en la cárcel federal de Sonora.

La respuesta de la PGR ante la solicitud de el funcionario -y de cientos de presos federales que reclaman conforme a derecho carearse con sus acusadores- es siempre la misma: 

“Esta representación social se encentra imposibilitada para presentar ante este juzgado al testigo colaborador con nombre clave ‘Pitufo’ ya que dejó de pertenecer a los lineamientos de protección a testigos colaboradores de la PGR, y al ateste con nombre clave ‘Paco’, ya que fue sustraído de su domicilio particular y se desconoce su paradero”, se lee en un escrito de machote.

De la curul a la cárcel

Uno de los casos más emblemáticos de apresamiento ilegal –en donde ha habido violación a los derechos humanos, según reconoce la prestigiada ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.- es el de Luis Díaz Pantoja.

El diputado del Partido Nueva Alianza en Oaxaca tiene un año en la cárcel federal de Hermosillo sin poder cerrar su proceso, ante la imposibilidad de la PGR de presentar a los acusadores.

La respuesta del Ministerio Público en torno a este caso es la misma que han recibido cientos de presos: los dos testigos acusadores están desaparecidos. Fin.

La falta de careos con los testigos protegidos -que aportan la principal carga acusatoria contra cientos de reos federales- ha motivado una oleada de amparos ante los juzgados federales a fin de que se desestime la principal prueba de cargo que ofreció la PGR al momento de la solicitud del auto de formal prisión.

“Sobre el caso del diputado Luis Díaz Pantoja, la PGR ha violentado la ley, no solo por hacer uso de testigos que no pueden acudir a ratificar lo declarado, sino por violar el procedimiento penal, al detener a un diputado con fuero constitucional”, dijo el también legislador Jefte Méndez.

Por su parte, el penalista Martín Aguilar Contreras recalcó que cada vez que la PGR incumple en sostener sus señalamientos iniciales contra procesados, queda en evidencia que en las cárceles de México sigue habiendo miles de inocentes.

Para Aguilar Contreras, los dichos de los testigos debe tomarse con certeza cuando se trata de personas honorables, no así cuando son delincuentes, como el caso de “Paco”, que tras haber participado en el homicidio de tres policías y haber traficado con droga, se convirtió en el fiscal general de toda una nación.

Lo quieren en Michoacán

El testigo protegido Jorge Luis Velásquez Sánchez, “Paco”, encarará en breve una demanda por parte de un grupo exfuncionarios michoacanos que fueron detenidos a raíz de sus señalamientos en el llamado “Michoacanazo”.

De acuerdo a la información de uno de los abogados de este caso –quien pidió la omisión sus datos, por seguridad- 7 de los 12 alcaldes que fueron detenidos el 26 de mayo del 2009 por acusaciones hechas por “Paco” ya iniciaron el procedimiento ante la instancia correspondiente.

La intención, dijo el jurista, es llevar a juicio no solo al que hizo señalamientos falsos, sino también contra los funcionarios de la PGR que incentivaron el hecho.

La acusación de los exalcaldes michoacanos se suma a la querella también presentada por los hermanos Javier y Arturo Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) y excomisario de la corporación en Tabasco, respectivamente, quienes reclaman ante la PGR los testimonios falsos que los mantuvieron en prisión.

El caso de los exfuncionarios michoacanos mantiene una relación con el proceso del diputado de Nueva Alianza, Luis Díaz Pantoja, explica el diputado Jefte Méndez, pues fue también “Paco” quien lo acusó, lo que significa que el testigo estuvo presente en al menos tres lugares distintos en el mismo día y hora. 

“Mientras ‘Paco’ estaba en Oaxaca, también estuvo en Sinaloa, en Michoacán, en el Distrito Federal, en Jalisco y Veracruz, de acuerdo a sus propios testimonios dictados ante jueces federales”, señaló Méndez.

Ni vistos ni oídos

De los 57 testigos protegidos que registra la PGR –desde que se instituyó esa figura- en diversas averiguaciones previas y procesos penales, por lo menos 37 de ellos no han acudido a los llamados de los jueces para llevar a cabo los careos constitucionales que solicitan las defensas de los inculpados. 

> Jorge Luis Velásquez
Nombre clave: “Paco”
Oficialmente no se sabe cuándo dejaron de ser instrumento de acusaciones de la fiscalía. Versiones al interior de la dependencia hablan de un secuestro, aunque nunca dejó de tener vigilancia permanente de la Federación.

> José Salvador Puga
Nombre clave: “El Pitufo”
Ha dejado de intervenir en los procesos penales, la mayoría de ellos iniciados durante la gestión de Marisela Morales como titular de la Procuraduría General de la República. Nadie sabe el paradero de este testigo

> Bryan Cabrera Castillo 
Nombre clave: “Zajad”
Declaró en por lo menos 28 procesos y también ha sido excusado por la PGR en los juzgados cada vez que un juez federal lo reclama para carearse con reos acusados por delitos graves, como delincuencia organizada y narcotráfico.

> Onofre Hernández  
Nombre clave: “Emilio”
Tampoco puede acudir a carearse con los procesados. Fue encontrado muerto cerca del municipio de Jiutepec, Morelos, en marzo del 2013. Los imputados por el dicho de Emilio ya no tienen posibilidad de carearse con el testigo.

> Édgar Enrique Bayardo
Nombre clave: “Tigre”
Exinspector de la Policía Federal, quien hizo señalamientos a 33 presos. Fue ejecutado en la Ciudad de México en diciembre de 2009. Muchos de sus acusados aún están a la espera del cierre de su instrucción.