"...Me comentó Cuauhtémoc Voguel que Don Manuel era cuñado de Juan García Ábrego, quien es el creador del Cártel del Golfo, y que Don Manuel estaba bien relacionado con esa raza"
A través de un comunicado, el Pleno de la Judicatura Federal informó que encontró elementos suficientes para iniciar el procedimiento contra Jerezano Treviño
La declaración pormenoriza los encuentros que sostuvo Jerezano Treviño con su grupo de cómplices a lo largo de dos años, para planear las estrategias del despojo del casino La Fortuna
El juez Luis Armando Jerezano Treviño es quizás un personaje intocable para las autoridades ministeriales y judiciales de Nuevo León, pero no para la Procuraduría General de la República.
La PGR le sigue los pasos, tras obtener la confesión de uno de sus operadores clave que lo liga al cuñado del capo extraditado Juan García Ábrego y lo señala como el autor intelectual del despojo de La Fortuna, así como del secuestro de uno de los socios de ese casino.
La declaración pormenoriza los encuentros que sostuvo el juez con su grupo de cómplices a lo largo de dos años, para planear las estrategias con el objetivo de apropiarse ilegalmente del disputado centro de apuestas.
Reporte Indigo publicó ayer sobre la investigación internacional de lavado de dinero que implica directamente a Jerezano Treviño, encabezada por la DEA, por los depósitos millonarios a una cuenta bancaria que el juez tenía en Texas.
Ahora, esta publicación exhibe nueva evidencia que vincula al juez de Distrito con varios delitos federales y con la presunta anuencia de la Procuraduría del Estado de Nuevo León, a cargo de Adrián de la Garza Santos.
Es la declaración ministerial del abogado Erick Garza Treviño, quien confirmó ante los agentes de la PGR que Jerezano Treviño maquinó la operación para adueñarse del casino, con la presunta colusión de las autoridades estatales.
Este litigante rindió su comparecencia ante la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, dependiente de la PGR.
Garza Treviño declaró el 19 de diciembre de 2013, como parte de la averiguación previa número AP/PGR/SEIDO/UEIARV/012/2013, abierta para investigar un presunto lavado de dinero en La Fortuna, que se detectó después de que Jerezano Treviño y su gente lo arrebataron a sus dueños.
Ante elementos de la Policía Federal Ministerial, el compareciente manifestó que fue contactado a mediados de octubre de 2012 por otro colega, el abogado Antonio Villarreal Gutiérrez, quien le ofreció un “bisne o un tiro”.
Se trataba de un trabajo que consistía en elaborar un supuesto emplazamiento a huelga para despojar a los propietarios de La Fortuna, en el que iban a participar autoridades judiciales del Estado.
El compareciente se incorporó a trabajar con la agrupación del juez federal por un sueldo de 15 mil pesos, para planear el juicio laboral número 748/2012.
Según su declaración, el grupo le entregó un poder legal a su nombre -que peritajes determinaron como falso- para representar a la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., la exoperadora de La Fortuna.
Este documento fue elaborado en la Notaría Pública Número 31 y pasó ante la fe de Alberto J. Martínez González.
En el testimonio se lee que el 30 de octubre de 2012, un día antes de la supuesta huelga, su colega Antonio Villarreal Gutiérrez le presentó a Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel, Jerónimo Garza Chaib y Antonio Orlando Balderas Martínez, todos operadores del juez casinero.
“(Comentaron) que ya estaba todo listo, que yo sólo tenía que presentarme con mi poder a las 11:00 once de la mañana, para lo cual tenía que hacerme pasar como cliente”, narró en su declaración.
Garza Treviño manifestó que las autoridades de Conciliación y Arbitraje del Estado que acudieron a la diligencia tenían conocimiento de esta operación ilegal, y que el grupo iba a recibir apoyo de taxistas que están agremiados a la CTM.
Como publicó Reporte Indigo en su momento, este emplazamiento culminó en un zafarrancho entre cetemistas, militares, corporaciones civiles de Seguridad y los propios operadores del juez.
“Se hizo un conato de bronca entre los de la CTM y los guardias del casino, por lo que llegaron soldados, al parecer marinos y Fuerza Civil”, recordó.
La diligencia fue suspendida y la operación ilegal falló, porque se percataron que el casino ya estaba administrado por una razón social distinta: Doblecar, S.A. de C.V.
Esta empresa se creó después de que uno de los propietarios del negocio, Arturo Cardona Calderón, fue secuestrado con el propósito de despojarlo de sus acciones de Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.
El grupo comandado por Jerezano Treviño privó de la libertad al casinero el 14 de mayo de 2012.
A pesar de que el empresario presentó una denuncia con pruebas en audio y video que vinculan al juez en el secuestro, la Procuraduría del Estado dictó el inejercicio de la acción penal.
Vincula a Jerezano con Cártel del Golfo
El testimonio de Erick Garza Treviño ante la SEIDO se torna más sombrío cuando el juez suspendido aparece en su declaración.
El mismo día en que falló la huelga, los operadores del juez se reunieron en la sucursal del restaurante Buchakas, ubicado sobre la avenida Gómez Morín, en San Pedro.
Ahí, según la comparecencia, tramaron otra estrategia para despojar de una vez por todas a los casineros de su negocio.
En esa reunión estuvieron presentes el propio Garza Treviño, Antonio Orlando Balderas Martínez, Cuauhtémoc Antonio Ramírez Voguel, Antonio Villarreal Gutiérrez y un líder cetemista que el compareciente no pudo identificar.
“Comentaron que pues había fracaso y que tenía que buscar otra estrategia, a lo que me dijeron que teníamos que juntarnos dos días después”.
El 2 de noviembre de 2012, el grupo se reunió en el mismo restaurante y entonces el testigo conoció en persona al autor intelectual de toda la operación.
“Llegó una persona de aproximadamente 1.70 de estatura, de aproximadamente 42 años de edad, complexión delgado, usaba lentes, y llegó diciendo: ‘puras mamadas con ustedes, no que muy buenos’.
“Él era el juez de nombre Jerezano Treviño”, precisó.
El litigante contó que el juez le encargó tramitar la demanda laboral número 748/2012, relacionada con la disputa por La Fortuna, en el Juzgado Tercero de Jurisdicción Concurrente en Nuevo León.
Así que se dio a la tarea de elaborar la contestación del recurso que fue presentado por Antonio Orlando Balderas Martínez y su padre, el exalcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, también acusado de secuestro.
Fue en ese periodo que el compareciente se enteró de los vínculos que este último operador tenía con el narcotráfico.
“Una ocasión me comentó Cuauhtémoc Voguel que Don Manuel era cuñado de Juan García Ábrego, quien es el creador del Cártel del Golfo, y que Don Manuel estaba bien relacionado con esa raza”, confesó.
Más adelante, a mediados de noviembre de 2012, Jerezano Treviño pidió al abogado que se vieran en un restaurante Applebee’s, en la avenida Vasconcelos, en San Pedro, para analizar el acuse de la contestación de la demanda.
“Me dijo: ‘Así se hace, excelente trabajo’”, narró.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, Antonio Orlando Balderas Martínez citó al declarante de la PGR en un café Starbucks, en Plaza Fiesta San Agustín.
En ese lugar, el operador le entregó al litigante los papeles de la demanda de otro juicio, el 926/2012, que había presentado el casinero Arturo Cardona Calderón en el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente.
El ‘Malacara’ y la clausura inventada
Luego de realizar trámites laborales en representación del grupo de despojadores, Erick Garza Treviño recibió una llamada sorpresiva del juez el 26 de diciembre de 2012.
En esa conversación, Jerezano Treviño le pidió que tenía que contactar a un amigo que trabajaba en La Fortuna, solamente identificado como “Malacara”, quien tenía acceso a los planos del casino.
“Me comentó que me ocupaban verme de manera personal.
“Citándome el mismo día en el (restaurante) Papalote de San Jerónimo, al llegar estaba Antonio Villarreal y Luis Armando Jerezano Treviño, diciéndome que les urgía que les consiguiera la ubicación de las cámaras del casino La Fortuna”.
A cambio de 20 mil pesos, el abogado pidió a su amigo “Malacara” los planos del casino, para saber dónde estaba ubicado el equipo de videovigilancia y las salidas de emergencia, una propuesta que nunca se concretó.
Poco tiempo después, la agrupación intentó apoderarse de nueva cuenta del casino a través de una supuesta “clausura” con inspectores falsos del Ayuntamiento de Monterrey, el 2 de enero de 2013.
Ese día, el abogado fue informado del fracaso y se le pidió proponer una nueva estrategia ilegal para apropiarse del centro de apuestas.
“Me habla Antonio Villarreal que la estrategia de una clausura les había fallado por mi culpa, que porque yo no estaba ahí como representante, que me habían estado localizando y que yo tenía mi teléfono fuera de servicio”.
Revela complicidad de la Procuraduría
Luego de tres intentos de despojo sin éxito, el abogado reveló que en enero de 2013 el grupo elaboró otra maniobra para adueñarse de La Fortuna.
Ésta consistía en interponer una denuncia penal de despojo de inmueble en contra de los propios dueños del centro de apuestas.
La querella, presentada el 13 de febrero del año pasado, fue operada por el abogado Jacobo Isaac Rodríguez Obregón y derivó en una averiguación previa en contra de los casineros.
Ese litigante, según el compareciente, tiene conexiones en la Procuraduría del Estado que le agilizaron el proceso penal que culminó con la consignación y aprehensión de los socios de La Fortuna.
“Se hicieron todas las diligencias y Jerezano Treviño me exigía que fuera rápido y que le urgía consignar para Semana Santa”, afirmó, “Jacobo Rodríguez se mueve bien en Monterrey y siempre arregla las cosas con dinero”.
Él confesó que gracias a sus vínculos con la Procuraduría de Nuevo León, el abogado logró que se decretara el inejercicio de la acción penal en la averiguación previa número 81/2012, abierta por el secuestro de uno de los socios.
Y añadió que, a través de Édgar Sadot, ese mismo litigante también operó toda la elaboración del acta de asamblea que transmitía las acciones del casino en la Notaría Pública Número 35, a cargo de Ricardo Efraín Vargas Güemes.
“No he participado en ninguna simulación de despojo, la persona que se encargó de este asunto es Jacobo Rodríguez por medio de sus contactos en la Procuraduría General de Justicia en Nuevo León”, señaló.
Incluso, en su declaración, ventiló los encuentros desafortunados que ese abogado tuvo con José Luis Carrizales Coronado, “El Tubi”, el extinto capo del Cártel de Sinaloa en la entidad, y Francisco Carlos Esquivel Maldonado, “El Capi”, uno de sus cómplices.
El 18 de enero de 2007, un comando pretendió ejecutarlo a él y al también litigante Javier Garza Cortez en una persecución de la Avenida Leones, meses después de haber representado a los delincuentes a través del Bufete Jezzini, un despacho legal.
“Una ocasión hace como seis o siete años lo balacearon en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, Nuevo León, las personas que lo balacearon eran gente del ‘Capi’ o el ‘Tubi’”, declaró ante los agentes de la Policía Federal Ministerial.
El compareciente fue informado que la Procuraduría del Estado ya había girado una orden de aprehensión en contra de los propietarios de La Fortuna, los hermanos Arturo y Pedro Cardona Calderón, y de Jesús Andrés González González, a quienes les tendió una trampa.
Con la excusa de llegar a una supuesta negociación, los citó el 7 de agosto de 2013 en el restaurante del hotel Safi, de San Pedro, donde los entregó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
“Inmediatamente me trasladé al Walmart Las Torres y ahí había como unas ocho gentes de la Policía Ministerial y me dijeron que los citara para que ellos pudieran aprehenderlos”, confesó.
El breve encuentro terminó con la detención de los casineros, a quienes nunca se les mostró la orden de aprehensión.
‘Hay que darles otra calentadita’
Erick Garza Treviño también confirmó en su declaración que el juez federal fue el autor intelectual del secuestro del casinero Arturo Cardona Calderón.
Esa información le fue trasmitida en una reunión en el transcurso de marzo de 2013, sostenida con Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel y Jerezano Treviño.
“Decían que estos weyes no entendían, refiriéndose a los Cardona, y que había que darles otra calentadita”, contó.
“Me dijo Jerezano que había que levantarlo de nuevo, confirmando que sí los habían levantado en el mes de mayo”.
Al oír estas revelaciones, el litigante manifestó ante los agentes de la SEIDO que empezó a sentir temor por él y su familia, y que transmitió estas inquietudes a su colega Antonio Villarreal Gutiérrez.
“(Le comenté) que ya no me estaba gustando trabajar de esa forma, diciéndome que hablara con Jerezano y me dijo que sabía mucho y que no me podía salir.
“Sólo por medio de Luis Armando Jerezano Treviño sé que levantaron a Arturo y lo obligaron a firmar el acta de asamblea ante el Notario Público Número 35 de Monterrey, Nuevo León”.
Prestanombres ambiciosos
Tras la aprehensión de los dueños de La Fortuna, aún recluidos en el penal de Cadereyta, el litigante se enteró que los operadores del juez eran sus prestanombres.
“Quiero señalar que Antonio Orlando Balderas Martínez, Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel y Jerónimo Garza Chaib son prestanombres de Luis Armando Jerezano Treviño”, se lee en la declaración.
Esto, según él, fue corroborado el 23 de agosto de 2013, cuando el grupo tomó la posesión del casino, porque ellos sólo recibían órdenes del juez suspendido.
“Él es quien da instrucciones de todo lo relativo al casino La Fortuna”, dijo.
Aseguró que tras apropiarse del centro de apuestas, el grupo también pretendía adueñarse del otro casino que los socios tienen en Los Cabos, Baja California Sur.
Después de consumarse el despojo, el compareciente relató que el juez le ordenó plantear a los casineros una posible negociación.
La propuesta era que por 150 millones de pesos y los casinos en Monterrey y Los Cabos, Jerezano Treviño los “perdonaba”.
Esta propuesta nunca fue aceptada por los dueños, quienes aún disputan la posesión del negocio y pelean por su libertad.
Judicatura inicia proceso disciplinario
Después de dos años de que el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a Luis Armando Jerezano Treviño por favorecer a casinos en sus resoluciones, este órgano colegiado anunció ayer que inició un procedimiento disciplinario de oficio en contra del juez de Distrito.
Mientras la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, investigó al funcionario por lavado de dinero y le incautó una cuenta bancaria que sumaba más de 1 millón de dólares, la institución judicial determinó continuar con el proceso que en 2011 lo separó temporalmente de su cargo.
A través de un comunicado, el Pleno de la Judicatura Federal informó que encontró elementos suficientes para iniciar el procedimiento contra Jerezano Treviño, quien al momento de ser suspendido se desempeñaba como juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo.
El anuncio se dio a conocer después de que Reporte Indigo reveló la investigación internacional que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos inició, tras detectar inusuales transacciones que el juez y su esposa realizaron en una sucursal del banco IBC, en McAllen, Texas.
A estas operaciones se sumaron los depósitos a favor del matrimonio, que ascendieron a casi 1 millón de dólares, realizadas por el abogado Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, durante el periodo en que el juez concedió un amparo a favor de un narcotraficante.
Este litigante es representante legal de Juan Chapa Garza, un operador financiero de Juan García Ábrego, el creador del Cártel del Golfo.
La Judicatura Federal aseguró que en sesión plenaria también determinó iniciar el procedimiento disciplinario en contra de Gerardo Tiscareño Mercado, quien fungía como secretario de Juzgado en Coahuila.
El órgano manifestó en el comunicado que esta decisión implica que ambos funcionarios públicos no podrán gozar de sueldo alguno, hasta que concluya el proceso administrativo.
Hasta antes de la determinación de ayer, el juez de Distrito suspendido por conductas irregulares gozaba del 40 por ciento de su salario.
El organismo precisó que las conductas que derivaron en la suspensión de ambos servidores públicos se relacionan con su desempeño en el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón.
Jerezano Treviño y Tiscareño Mercado fungieron como titular y secretario de ese Juzgado, respectivamente, cuando resolvieron amparar a Juan Chapa Garza, acusado de delitos contra la salud.
Durante su paso por esa instancia, los funcionarios resolvieron que la PGR debía devolver al operador de Juan García Ábrego las propiedades que le fueron aseguradas cuando fue detenido y extraditado a Estados Unidos.
“Las indagatorias realizadas están sustentadas en el compromiso de los consejeros de la Judicatura Federal, de no permitir conductas contrarias a la expectativa de la sociedad de contar con juzgadores federales éticos y con altos estándares de compromiso con el servicio público de justicia”, mencionó el órgano.
El 20 de septiembre de 2011, la Judicatura Federal anunció que ambos servidores públicos habían sido suspendidos de sus cargos, debido a que eran investigados por conductas irregulares relacionadas con centros de apuestas.
Jerezano Treviño concedió un amparo en 2008 a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., la operadora inicial del trágico casino Royale, donde hace dos años murieron 52 personas en un ataque del crimen organizado.
“De esta manera”, indicó la Judicatura Federal en el comunicado, “reitera que el oficio de juzgar implica un compromiso irrenunciable de sobriedad, honestidad y transparencia”.
Impunidad rampante
> 30 de octubre de 2006
El juez Luis Armando Jerezano concede un amparo para recuperar propiedades incautadas por la PGR al extraditado Juan Chapa, quien designa como su abogado y representante legal a Enrique Adolfo Gutiérrez.
> 19 de marzo de 2007
La esposa del juez, Claudia Zulema Alanís, abre una cuenta en el banco IBC con un depósito de apertura de 92 mil dólares.
> 20 de agosto de 2007
Enrique Adolfo Gutiérrez deposita al juez 301 mil 500 dólares.
> 2 de septiembre de 2007
El juez resuelve que la PGR devuelva a Juan Chapa el fraccionamiento “Las Margaritas”, en Saltillo.
> 17 de diciembre de 2007
Enrique Adolfo Gutiérrez deposita al juez 606 mil 214 dólares.
> Entre el 2 de octubre de 2007 y el 17 de julio de 2008
El juez y su esposa viajan cuatro veces a Estados Unidos para hacer depósitos sin declarar, que suman 108 mil 920 dólares.
> Julio de 2008
IBC cuestiona las transacciones del matrimonio, así que los movimientos posteriores a este mes son de menos de 10 mil dólares y de forma remota.
> 17 de octubre de 2008
Claudia Zulema Alanís añade al juez como titular de la cuenta bancaria, que ya tenía cientos de miles de dólares.
> 6 de diciembre de 2011
La DEA inicia oficialmente una investigación internacional de lavado de dinero contra el juez y su esposa, por información recibida del banco IBC.
> 19 de enero de 2012
Las autoridades de Estados Unidos incautan la cuenta bancaria, que llegó a reflejar 1 millón 556 mil dólares. Se expide un cheque con el saldo a favor del fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo, Texas.
