La historia del proyecto inmobiliario y Club de Golf Terralta está marcada por fracasos empresariales y extensos litigios, donde se ha dejado al descubierto un presunto fraude de acreedores.
El plan original fue concebido con el empresario Alberto Jaime Martínez Fernández, quien no midió la envergadura financiera del negocio y su error de cálculo derivó en la quiebra de esta aventura comercial.
En 2003 inició la venta de acciones a través de Consorcio Promesa, S.A. de C.V., y de la hoy quebrada Inmobiliaria Terralta, S.A. de C.V., con las que captó dinero de inversionistas.
El corazón de la disputa se resume a las tierras ejidales de Mesa de los Nogales y Pájaro Seco, ubicadas en el Municipio de García, que fueran dadas como pago por un adeudo menor.
Esto se remonta a 2005, cuando la empresa contrató un crédito de 8.4 millones de dólares con la financiera D’Capital Consultores, S.A. de C.V.
Entre 2006 y 2009 se adquirió más deuda con el empresario Martín Gerardo Gallardo Hernández –uno de los acreedores que denuncia fraude-, por otros 120 millones de pesos.
Ante un manejo financiero de ese calado, el Sistema de Administración Tributaria inició una auditoría y le abrió un crédito fiscal a la empresa por más de 90 millones de pesos.
Al no pagar a sus acreedores, D’Capital Consultores, S.A. de C.V., demandó.
Por ello, se constituyó Terralta Dos, S.A. de C.V., en marzo de 2009, por el empresario José Gómez Cañibe y otra de sus compañias: Pargo, S.A. de C.V.
Un año después de esta operación, en abril de 2010, la financiera que prestó el dinero cedió los derechos litigiosos de deuda a la nueva empresa.
La compra se concretó en julio de ese año, cuando se otorgó como dación de pago las 277 hectáreas de Pájaro Seco y Mesa de los Nogales.
Por esta razón los acreedores hablan de fraude, porque según ellos, se liquidó un adeudo de 8.4 millones de dólares con tierras que valen unos 424 millones de pesos.
Más adelante, en julio de 2011, se dictó la sentencia que declaró en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta, S.A. de C.V., donde los acreedores exigen cancelar la operación en la que se transmitieron los bienes de una compañía a otra.
Para este proceso, la autoridad nombró conciliador al abogado Ernesto Canales Santos y como síndico a Roberto Barquera Ugarte.
Así, se inició una intensa disputa entre las partes que continúa hasta el día de hoy.
Dentro del juicio de concurso mercantil 10/2011-1, el acreedor Martín Gerardo Gallardo Hernández promovió un incidente para emplazar a destacados políticos y empresarios de Nuevo León, que se señalan como demandados.
El pasado 20 de febrero, se incluyó en el juicio al propio Ernesto Canales Santos, al empresario Jaime Martínez Fernández, al extinto Alberto Santos de Hoyos, al exgobernador Fernando Canales Clariond, y al promotor inmobiliario Federico Garza Santos.
También a las compañías Constructora Maiz Mier, S.A. de C.V., Terralta Dos, S.A. de C.V., y D’Capital Consultores, S.A. de C.V., así como a banco Afirme y al Quinto Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, Juan Antonio Carvajal Rodríguez.
Por otro lado, Inmobiliaria Terralta, S.A. de C.V., desocupó sus oficinas sin avisar al juez encargado de resolver el concurso mercantil y anunció que “extravió” toda su documentación fiscal.
En medio de esto, intervino el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Asuntos Agrarios de Nuevo León, que convocó a una asamblea a las personas que creían tener derechos sobre las tierras, pero la operación finalmente no prosperó.
Además, a pesar de que siguen en disputa los terrenos, desde el año pasado los promotores pusieron en preventa los predios que aún están en litigio.
En las oficinas del proyecto, ubicadas sobre Calzada del Valle, en San Pedro, se ofertan las acciones y se presentan a los interesados maquetas del desarrollo.
Por otro lado, se dio a conocer que el litigante Ernesto Canales Santos fue multado, apenas con la cantidad de 7 mil pesos, porque durante su gestión como conciliador no inscribió la sentencia que declara en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta.
Luego se reveló un posible conflicto de interés de este abogado, mencionado como socio del proyecto, ya que sería dueño de acciones equivalentes a 5 millones de dólares con dos unidades de inversión conocidas como “Macoys”.
Traspiés financieros
> 2003: Inicia la venta de acciones del proyecto inmobiliario.
> 2005: El desarrollo adquiere un crédito de 8.4 millones de dólares de D’Capital Consultores.
> 2006-2009: Se adquiere más deuda por 120 millones de pesos. Se constituye Terralta Dos.
> 2010: Se transmiten las tierras ejidales de Inmobiliaria Terralta a Terralta Dos, para cubrir el adeudo, aunque están valuadas en 424 millones de pesos.
> 2011: Se inicia el juicio de concurso mercantil de la quebrada Inmobiliaria Terralta, en el cual se denuncia fraude de acreedores.
