Terralta 
abandonó oficina y no avisó a juez

Más irregularidades se suman a la polémica en torno al desarrollo inmobiliario y Club de Golf Terralta, donde se disputan terrenos valuados en millones de pesos en el Municipio de García.

Inmobiliaria Terralta, la empresa quebrada que en un inicio promovió el proyecto, desocupó sus oficinas sin avisar al juez encargado de resolver el concurso mercantil y “extravió” toda su documentación fiscal.

Variar de domicilio sin previo aviso a la autoridad constituye un delito tipificado penalmente, sobre todo cuando está en trámite un procedimiento fiscal de comprobación en contra de la compañía.

El corazón de la disputa son los terrenos de Mesa de los Nogales y Pájaro Seco, que fueron transmitidos de Inmobiliaria Terralta a Terralta Dos, para pagar un adeudo de 8.4 millones de dólares que la primera había adquirido con D’Capital Consultores.

Los acreedores que alegan un fraude aseguran que esa transacción les causó un perjuicio, porque se enajenaron propiedades valuadas en más de 424 millones de pesos para cubrir un adeudo menor.

Sin previo aviso al juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, Julio César Franco Ávalos, la empresa abandonó sus instalaciones ubicadas en el piso 19 del número 109, de la calle Batallón de San Patricio, en Valle Oriente, en San Pedro.

Esto se advirtió durante una diligencia judicial del 23 de agosto de 2012, en la que estuvo presente el síndico designado al concurso mercantil 10/2011-1, Roberto Barquera Ugarte.

“(Personal del edificio) manifestó que ya no se encontraban en ese lugar, y que no tenía conocimiento de dónde se ubicaran. Por tal motivo, nos trasladamos a las oficinas que ocupa el Juzgado”, se lee en la actuación.

Gonzalo Martínez Sada, quien se ostenta como el representante legal de Inmobiliaria Terralta, informó al juez de Distrito que la empresa ya no tenía oficinas por la falta de ingresos y que tampoco contaba con bienes inmuebles.

“No tiene domicilio ni oficinas, en razón a la falta de ingresos no hay administración en la empresa y el domicilio que tenía fue desocupado ante la imposibilidad de poder seguir pagando una renta”, señaló en un escrito del 3 de septiembre de 2012.

Sin embargo, el representante se contradijo cuando el síndico le pidió posteriormente que entregara diversos bienes de la empresa, detectados en un dictamen realizado a la declaración fiscal de 2011.

Aunque Martínez Sada había asegurado que no poseía nada, en el análisis se desprendió una lista de propiedades que tenía la compañía en ese ejercicio anual.

Entre los bienes había computadoras, una motocicleta, un jeep, un televisor, maquinaria y equipo de videoconferencias. Pero el representante legal manifestó que todo eso se había “extraviado”.

Y, más sorprendente aún, cinco meses después de que la autoridad se percató que la empresa ya no tenía domicilio, Martínez Sada afirmó que aún se ubicaban en la misma dirección abandonada.

“Los bienes muebles que requiere el síndico, fueron extraviados durante la operación del proyecto inmobiliario que resultó fallido, al resultar abandonados en el campo o terreno donde se proyectó el fraccionamiento y Club de Golf.

“Con excepción del automóvil, del cual se conserva únicamente la factura original, misma que se acompaña como anexo”, justificó en un escrito del pasado 24 de enero.

Barquera Ugarte señaló que esta actuación apunta a un presunto fraude de acreedores, por el hecho de que se proporcionó el mismo domicilio fiscal que supuestamente se había desalojado.

Las inconsistencia no terminaron ahí. 

El juez ordenó al representante legal de la quebrada que entregara al síndico las facturas de los bienes supuestamente extraviados.

Pero, bajo protesta de decir verdad, respondió el pasado 19 de febrero que también se perdieron porque “estuvieron detenidas y los bienes abandonados durante largos periodos de tiempo”.

Otra de las irregularidades señaladas por Barquera Ugarte fue que las dos empresas involucradas despacharon en el mismo lugar. 

Esto se desprendió dentro de un incidente sobre declaración de actos en fraude, promovido dentro del juicio por el acreedor Juan de la Cruz Morales, que tiene el objetivo de nulificar la cesión de los terrenos en disputa.

Ahí, el síndico aportó como pruebas diversas facturas que demuestran que las dos compañías ocuparon el mismo domicilio: oficina 1602, piso 16, del número 111 de la calle Batallón de San Patricio, justo al lado del antiguo despacho.