Termoeléctrica ‘La Charrería’, una amenaza ambiental para Jalisco

El proyecto de la termoeléctrica “La Charrería” que pretende instalarse en el municipio de Juanacatlán, Jalisco, y que fue rechazado por el Gobierno estatal en el 2019, generaría múltiples impactos ambientales para la entidad, incluyendo en materia hídrica, según lo tienen diagnosticado las autoridades locales.

La amenaza ecológica de la termoeléctrica podría seguir latente, pues aunque en el 2020 el Gobierno de Jalisco interpuso un recurso legal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para revocar sus autorizaciones, las autoridades ambientales del estado nunca fueron notificadas de alguna resolución al respecto.

De acuerdo con el recurso de revisión que presentó directamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 23 de enero de 2020, para cancelar las autorizaciones de la Manifestación de Impacto Ambiental y del Estudio de Riesgo Ambiental del proyecto, este resultaría particularmente riesgoso en el ámbito hídrico.

“Situación que se vuelve significativa dado que el acuífero en cuestión se encuentra sobreexplotado y de control para prevenir perjuicios al abastecimiento de agua potable y usos domésticos de la ciudadanía. En este contexto, la omisión de esta información y análisis técnico sobre el abastecimiento de agua genera un sesgo en el estudio de impacto ambiental sobre todas las implicaciones hídricas del proyecto”.

Omisiones e irregularidades

Ante esta “omisión” en la evaluación de los impactos hídricos, señala el mandatario en su recurso, definitivamente el aprovechamiento en el proyecto autorizado ocasionará una afectación a la ciudadanía habitante del municipio de Juanacatlán y a la población jalisciense, vulnerando con esto su derecho humano al agua, al verse afectado en  sus  elementos  de  disponibilidad,  calidad,  accesibilidad  y  no discriminación.

También se advierte que la termoeléctrica “La Charrería” estaría contraviniendo el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) de Guadalajara, debido a que el terreno donde proyecta instalarse no tiene un uso de suelo compatible con este tipo de infraestructura.

“De acuerdo con la zonificación antes descrita, el predio donde se pretende desarrollar la planta de generación eléctrica de ciclo combinado denominado ‘La Charrería’, se clasifica como Área de Conservación Ambiental, lo que no permite el desarrollo de la actividad planteada”.

El documento señala que, al ser este Plan de Ordenamiento un instrumento de aplicación obligatoria, y al haber sido omitido en la resolución que autoriza el proyecto, la autoridad responsable transgredió la Ley General de Asentamientos Humanos y ocasionó violaciones al derecho humano al ordenamiento territorial, al derecho a la ciudad, a los principios de coherencia y racionalidad, resiliencia, seguridad urbana y riesgos, entre otros.

Cambio climático

Otro argumento central que esgrime Alfaro Ramírez en su recurso contra el proyecto es que este agravará la contaminación atmosférica de la metrópoli de Guadalajara, y que aumentará los gases causantes del cambio climático, ya que una central termoeléctrica de ciclo combinado, no deja de contribuir con la emisión de contaminantes a la atmósfera.

“El cumplimiento de las metas, compromisos internacionales y disposiciones legales obligatorios en nuestro país, deben ser tendientes a la reducción de contaminantes y gases efecto invernadero que afectan la salud de las personas; no a las emisiones de nuevas fuentes de contaminantes en lugares donde no existen. (…) La responsable no evalúa los aspectos sobre las emisiones contaminantes a la atmósfera y gases efecto invernadero, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por México y las disposiciones legales en materia de cambio climático”, dice el documento.

El mandatario le advierte a la Semarnat que ya en estos momentos la metrópoli enfrenta una problemática seria por su mala calidad del aire.

“Se debe tomar en consideración la situación específica del área en la que se pretenda establecer esa fuente de contaminación, si es que esta área ya presenta problemas de contaminación atmosférica, como es el caso del Área Metropolitana de Guadalajara, que se integra con el municipio de Juanacatlán, donde, con los datos registrados de 2000 a 2017, se demuestra que se han rebasado los límites máximos permisibles sobre la calidad del aire”.

Con la autorización del proyecto, señala el recurso, la autoridad responsable vulnera los derechos humanos a un medio ambiente sano, relacionado con el de la salud, esto en detrimento de la población del municipio de Juanacatlán, del Área Metropolitana de Guadalajara y en general de los jaliscienses, por lo que deberá revocarse el acto impugnado.

La incertidumbre

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado informó vía transparencia que este fue el único recurso jurídico que se interpuso para cancelar el proyecto, y que hasta ahora no ha sido notificada de ninguna resolución al respecto por la Semarnat, pese a que han transcurrido tres años desde que fue presentado.

“A la fecha en que se emite el presente, no se ha recibido notificación alguna por parte de la instancia ante la cual se interpuso el recurso de revisión, de la determinación que se haya emitido al respecto. Se sugiere en todo caso redireccione su solicitud de información a la instancia federal respectiva a efecto de que se verifique la existencia o inexistencia de la resolución respectiva (Folio 142042122015126)”.

Así lo informó inicialmente la dependencia el 17 de noviembre de 2022, y luego lo confirmó el 13 de enero de 2023 mediante el recurso de revisión de transparencia: RR 6938-2022.

De esta forma, la autoridad ambiental de Jalisco desconoce si las autorizaciones de la termoeléctrica siguen vigentes o si fueron revocadas.