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Muchos adultos mayores se ven obligados a trabajar debido a la precariedad con la que viven. Foto: Especial

Tercera edad en precariedad pese a Pensión del Bienestar

Muchas personas de la tercera en México padecen carencias a pesar de haber trabajado toda su vida y recibir apoyo de las autoridades

A pesar de que el pasado 28 de agosto se celebró el día de los abuelos, las escuelas no contaron con la presencia de adultos mayores, pues muchos de ellos aún forman parte de la fuerza laboral del país.

Pese a sobrepasar la edad de jubilación, que es de 65 años, adultos mayores se ven obligados a laborar más allá de este límite debido a la precariedad con la que viven, lo que les impide mantener una existencia digna y con acceso a cuidados.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) personas de más de 60 años de edad representan el cinco por ciento de la fuerza laboral en México.

Aunque programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, elevada a rango constitucional desde 2020, han representado una ayuda para este grupo demográfico, el monto de este apoyo social, que es de 6 mil pesos al bimestre, no alcanza a cubrir sus necesidades al 100 por ciento.

Pensiones reducidas igual a vejez con carencias

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los adultos mayores tienen derecho a la igualdad de oportunidades, a la participación, a los cuidados, comprendiendo tanto de su familia como el acceso a los servicios sanitarios; a la autorrealización, a la dignidad y al acceso a la justicia.

El acceso a todo ello debe ser con un enfoque de derechos y calidad de vida, así como de ciclo de vida y visión prospectiva.

“Toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano.

“El envejecimiento es un proceso involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar los efectos de las acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y elaborar alternativas que consideren escenarios futuros para la población”, menciona este organismo.

Raymundo, un hombre de 71 años de edad, quien además de contar con una pensión después de prestar sus servicios al Estado durante más de 30 años también tiene acceso al monto bimestral que otorga la administración federal, ha seguido laborando tras su jubilación para sostener sus gastos, pues su ingreso no es suficiente.

“Aunque actualmente no trabajo, porque ya no he encontrado dónde colocarme, en los años que vinieron después de que me jubilé realicé trabajos distintos como colocación de antenas de cable, venta de pintura y otras cosas que ya olvidé, bueno, una vez hasta cocinero fui.

“Ahorita tengo mi pensión de extrabajador del Gobierno y la de adultos mayores de López Obrador y pues, afortunadamente, tengo acceso a servicio de salud. Le batallo al formarme y demás, pero no importa, sin embargo, a veces no es suficiente para llegar a fin de mes y tengo qué recortar gastos, irme por productos más económicos e incluso algunas veces, hasta deudas temporales adquiero, porque el depósito de mi pensión es mensual y de la ayuda, pues a veces nos dan mucho de un jalón y lo invierto en algún arreglo que de otro modo no puedo hacer porque estoy sobreviviendo y no lo puedo juntar, entonces pido un poco prestado y lo liquido a principio de mes”, menciona don Ray.

Sin embargo, no todos los adultos mayores del país cuentan con una pensión como Raymundo, lo que dificulta aún más su acceso a salud, cuidados y alimentación.

En su sexto informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la Pensión Universal para Adultos Mayores, resaltó que hasta junio de 2024, el padrón de beneficiarios de este programa gubernamental creció un 138 por ciento, mientras que los recursos asignados este año aumentaron siete veces con respecto a 2018, año en el que comenzó su gestión.

“Desde el inicio de esta administración y hasta junio de 2024 se otorgaron pensiones económicas a 14 millones, 913 mil 413 personas adultas mayores que son o en algún momento fueron derechohabientes del programa”, mencionó.

De acuerdo con datos compartidos por la administración federal, de enero a junio de 2024 se registró un ejercicio de 245 mil 884 millones de pesos para la operación de este programa. Ello representa el 53 por ciento del presupuesto modificado anual de 462 mil 524 millones de pesos.

El Gobierno de México aseguró que estas acciones abonaron al cumplimiento de los Objetivos y metas de desarrollo sostenible delineados por la ONU en su agenda hacia 2030, en la que el combate a la pobreza es un eje prioritario.

“El programa contribuyó al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de manera directa con el objetivo uno, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo”, recalcó el mandatario federal.

En un informe, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indicó que a nivel región, el 34.5 por ciento de las personas mayores de 65 años que viven en América Latina no poseen ningún tipo de ingresos, ni pensiones, lo que los pone en un mayor estado de vulnerabilidad al que ya se encuentran por tratarse de personas de la tercera edad.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mencionó que hacia 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Por lo que este grupo pasará de mil  millones en 2020 a mil 400 millones en una década.

En México, adultos mayores, lejos de una vejez digna

Mientras que la esposa de Raymundo posee una pensión más alta, pese a que también se desempeñó en el servicio público federal, lo que le permite vivir de manera más desahogada y trabajar por gusto ante la ausencia de hijos o nietos en el hogar, el hombre de 71 años de edad continúa buscando un trabajo para aumentar sus ingresos, asegurando que de ser posible, trabajaría, al menos, cinco años más.

En México, de acuerdo con la Ley del Instituto del Seguro Social (IMSS) y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), se encuentra establecido un mínimo de 60 años para el retiro por cesantía y 65 años para el retiro por vejez.

No obstante, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi tres de cada 10 personas de 65 años y más trabajan.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) menciona que a pesar de que las causas por las que los adultos mayores se mantienen laborando pueden ser variadas, es probable que la gran mayoría se debe a que sus ingresos no son suficientes para vivir, como en el caso de Raymundo y su esposa.

Quienes a lo largo de su vida se han desempeñado en el campo laboral informal, son más vulnerables a vivir en situación de pobreza durante su vejez. Foto: Especial

Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que hasta 2020, el 63.5 por ciento de los adultos de 65 años y más que buscan, pero no tienen un empleo, se encuentran en situación de pobreza.

Además, el consejo reporta que el 44.6 por ciento de los adultos mayores que tienen un empleo, perciben un ingreso que es insuficiente para vivir, lo que podría explicar que las personas de este grupo se mantengan trabajando para conseguir cubrir necesidades básicas.

Aunque hacia finales de 2022, el 35 por ciento de las personas de 65 años y más cubrían una jornada completa, de 48 horas semanales,  mientras que 21 por ciento trabajaban jornadas extendidas, esto no se tradujo en mayores ingresos para ellos, pues la mitad de los adultos mayores  que siguen laborando ganan hasta 6 mil 223 pesos mensuales, mientras que solo uno de cada 10 percibe ingresos superiores a los 12 mil 446 pesos al mes.

Raymundo menciona que una de las razones por las que actualmente no trabaja se debe a que por su edad, no encuentra trabajo, pues al entregar sus documentos le dicen que la vacante que buscaba fue cubierta.

“Una vez me dijeron que no me podían emplear porque no dan seguro y yo tengo diabetes, les insistí en que yo igual no necesitaba ser asegurado porque tengo mi servicio de salud oficial y me dijeron que de todos modos no. También me han dicho que por la edad no, una vez hasta dijeron que de plano si me pasaba algo ahí iba a terminar demandándolos o mi familia. También he tenido dificultades porque no sé usar una computadora”, menciona.

Al respecto, el IMCO señala que esta es una de las razones más frecuentes por las que personas adultas mayores son rechazadas en centros de trabajo.

“Las personas de la tercera edad presentan un rezago educativo frente a las nuevas generaciones, ya que a partir de 2012 se hicieron obligatorios los 15 años de escolarización”, indicó el IMCO.

De acuerdo con la ENOE, 42 por ciento de los adultos de 65 y más que trabajan cuentan con la primaria incompleta, mientras que el 57 por ciento de los trabajadores de entre 20 y 39 años, tienen educación media superior o superior.

Mujeres en la informalidad, las más vulnerables

Además de la edad, otro elemento que agrega vulnerabilidad al trabajo en la tercera edad es la informalidad, pues según la ENOE, más de la mitad de los trabajadores mexicanos, el 55 por ciento, trabajan bajo este esquema, lo que eventualmente les impide el acceso a pensiones, lo que aumenta la probabilidad de que dependan económicamente de terceros, como familiares o de apoyos gubernamentales, como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

En este panorama, son las mujeres quienes resultan más afectadas por la informalidad, desde su juventud hasta su adultez, debido a que son ellas quienes más laboran de manera informal debido a las labores de cuidado que ejercen casi exclusivamente.

De acuerdo con el IMCO, en México, 37 por ciento de las mujeres vive en situación de pobreza, equivalente a que 24.8 millones de mujeres no cuentan con ingresos para adquirir los bienes y servicios básicos. Adicionalmente, las mujeres cuentan con al menos una de las seis carencias sociales: educación, servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.

Esto se agudiza debido a que son las mujeres quienes en su mayoría ejercen las labores no remuneradas, por lo que son las mujeres en pobreza son quienes tienen un mayor nivel de prevalencia en las carencias sociales medidas por el Coneval.

Las mujeres en pobreza enfrentan tasas más altas de rezago educativo, hasta 33 por ciento; falta de acceso a seguridad social de manera directa, 91 por ciento; carencia de vivienda propia, 88 por ciento; e inseguridad alimentaria, 36 por ciento, con respecto a hombres o mujeres que no se encuentran en pobreza.

Las mujeres que se encuentran en situación de pobreza trabajan más frecuentemente en la informalidad, por lo que seis de cada 10 carecen de acceso a seguridad social, mientras que para el resto de la población esta cifra es de cuatro de cada 10.

Pese a que 40 por ciento de las mujeres pobres tiene acceso a un servicio de salud pública, sólo nueve de cada 10 son derechohabientes de manera directa. Esto podría directamente traducirse como una mayor falta de autonomía económica.

“La autonomía económica es un mecanismo para lograr un mayor margen de libertad en la toma de decisión, sin embargo, las mujeres en pobreza son quienes más carecen de ella. Las mujeres en situación de pobreza son cuatro veces más propensas a tener un empleo sin salario en comparación con otras mujeres”, asevera el IMCO.

El 30 por ciento del ingreso de las mujeres en condición de pobreza viene de medios indirectos, mientras que para los hombres, la cifra se coloca en 7 por ciento, además de que 19 por ciento de las mujeres en pobreza dependen de programas sociales para satisfacer sus necesidades básicas, respecto al 12 por ciento de hombres en la misma situación.

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