El Tribunal Electoral determinó que el Senado asuma las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial cuyos miembros renunciaron. Foto: Especial

El TEPJF y la Reforma Judicial: impacto mínimo por extinción de fideicomisos

El Tribunal Electoral queda inmune a las alteraciones que causará la orden contenida en la reforma judicial de extinguir los fondos financieros de los órganos del Poder Judicial pues solo cuenta con uno que no resulta determinante en sus necesidades de gasto

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resultará sin afectaciones importantes en sus finanzas cuando asuma el mandato establecido por la reforma judicial de extinguir los fideicomisos judiciales.

La reforma judicial que introdujo la elección popular como el nuevo mecanismo para seleccionar a los futuros juzgadores del país, mandata que todos los fideicomisos de naturaleza judicial que no estén respaldados en leyes deberán ser cancelados para transferir sus recursos públicos hacia las Tesorerías de la Federación y los Estados.

El decreto de dicha reforma judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, así lo establece en su artículo décimo transitorio:

“Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda”.

   

 

Y hace también la siguiente precisión exclusivamente en materia de recursos públicos federales: “Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine”.

El TEPJF, sin embargo, asegura que solamente dispone de un fideicomiso que reúne las características señaladas en el artículo transitorio citado de la reforma judicial. Se trata del “Fideicomiso de Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, con Excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Este fideicomiso fue creado por el Tribunal Electoral con el siguiente objetivo: “Apoyar a su personal para enfrentar las necesidades que pudieran llegar a tener tanto los servidores públicos como sus dependientes, en situaciones económicas difíciles de afrontar como consecuencia de una enfermedad que pueda atenderse al amparo del seguro de gastos médicos mayores, debido a que no está cubierta, o que, estando cubierta por el citado seguro, se haya agotado la suma asegurada; y que la ayuda proveniente de la seguridad social suministrada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no sea proporcionada con la urgencia y la oportunidad que requiera su estado de salud”.

Por esta razón el Tribunal Electoral queda inmune a la reforma judicial

No obstante, aunque este fideicomiso deberá desaparecer para cumplir así con el mandato de la reforma judicial, el Tribunal Electoral federal señala que, en realidad, tiene muy pocos recursos depositados en ese instrumento, por lo cual el impacto presupuestal que derivará de este proceso de extinción será mínimo:

“El saldo al tercer trimestre de 2024 es de $18’255,542.69. Dicho monto fue publicado en el Diario Oficial el 22 de octubre de 2024. El saldo al 30 de noviembre de 2024 es de $18’534,616.77 (Folio 330030624000560)”, así lo informó la Dirección General de Recursos Financieros, del Tribunal Electoral federal vía transparencia.

Confirmó también que ya comenzó con los trámites para extinguir dicho fideicomiso, tal y como lo mandata la reforma judicial: “Se encuentra en proceso de extinción”; y que, igualmente, está por cumplimentar la transferencia de esos recursos públicos hacia la hacienda del Gobierno de México: “El proceso se encuentra en curso”.

   

Claudia Sheinbaum identifica los obstáculos de la Corte a la reforma

Esta obligación que tienen las instituciones judiciales de extinguir los fideicomisos que posean y que carezcan de un fundamento legal, ha sido también motivo de fricciones entre ese Poder público y el Poder Ejecutivo que representa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, según quedó de manifiesto este 17 de enero de 2025.

Ese día, la presidenta Sheinbaum Pardo, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba implementando tres acciones para entorpecer la próxima elección judicial, y que precisamente una de estas consistía en obstaculizar la transferencia de los recursos públicos que se encuentran depositados en sus fideicomisos que tendrán que ser extinguidos:

“La Corte está buscando, o sea, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial, han hecho tres acciones en contra de la reforma constitucional: La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la Tesorería; cuando la Constitución es clara de que así debe ser”.

   

Y continuó: “La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos, la Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas”.

Finalmente: “Y la tercera forma es que, al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que ‘los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que los de la presidenta de la República’; ahora, ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores, cuando la Constitución es clara: que deben permanecer intactos los derechos de los trabajadores”.

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