Temor desde Santa Fe

En medio de la guerra de acusaciones de políticos que administraron Cuajimalpa, respecto a quién autorizó los permisos para la instalación de las antenas y la construcción del complejo Vista del Campo, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal y la delegacional mantienen monitoreo permanente en la zona.

Desde ayer, personal de la empresa Nextel, propietaria de la antena de 18 metros que se mantiene en ese talud, comenzaron las labores de retiro para minimizar el riesgo, pues el talud sigue derrumbándose. 

La resonancia del caso de derrumbe en Santa Fe ya provocó que grupos de vecinos organizados, entre ellos Suma Urbana, comenzaran desde ayer la entrega de una carta a los jefes delegacionales en el Distrito Federal, en la que exigen se detengan las construcciones ilegales que autoridades permiten en la Ciudad de México.

Con esta acción que se desplegó a las 16 delegaciones políticas, los vecinos plantearon que es preciso evidenciar y tomar medidas para acabar con el desorden urbano y la corrupción en los cambios de uso de suelo que imperan en el Distrito Federal.

De hecho, como parte de la advertencia de lo que ocurre con los cambios de uso de suelo, los grupos vecinales acumularon las denuncias, caso por caso, de lo que hechos consideran como ejemplos de corrupción inmobiliaria.

En el mismo sentido, piden hacer pública la lista de infractores y sanciones de las 6 mil construcciones edificadas ilegalmente, según sostienen.

Cabe recordar que hace cuatro meses, aproximadamente, los diputados de la pasada legislatura intentaron aprobar en sesión extraordinaria una lista de cambios de uso de suelo en diversas zonas del Distrito Federal.

La intentona generó una serie de protestas afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a las que se sumaron los diputados locales electos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Actualmente está pendiente la elaboración del Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como dos iniciativas presentadas por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, una referente a la Norma 26 y la segunda de los artículos 41 y 42, explican los vecinos.

“Los vecinos organizados hacen una solicitud a las autoridades para que se eliminen de forma urgente de la Ley aquellos elementos de crecimiento urbano basados en la discrecionalidad, que destruyen la planeación y facilitan la corrupción y el caos”, precisaron a través de un comunicado.

En ese clima de incertidumbre en torno a malas construcciones, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal ubicó a más de 281 mil construcciones catalogadas de alto riesgo desde el 2013, que requieren la atención de la Secretaría de Protección Civil y de la Secretaría de Obras del GDF.

Indagan antecedentes 

Sin ánimo de disparar el pánico, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la administración priista en Cuajimalpa, que encabeza Miguel Ángel Salazar, mantiene la búsqueda y revisión de los documentos que se hayan emitido en años pasados desde la Seduvi, Dirección General de Servicios Urbanos.

Buscan obtener información que permita conocer el por qué del problema que hoy amenaza con fracturar el cerro que alberga las cinco torres habitacionales de Altavista 111, Prados de la Montaña.

Estudios documentan que los terrenos de Prados de la Montaña albergan el socavón, producto de la histórica actividad minera de la zona.

Fue utilizado como relleno sanitario en el que desde 1987 se depositaron los residuos de las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En 1994 las autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) lo cerraron y comenzó la comercialización de los terrenos de Santa Fe.

El proyecto de Zedec

Esto atrajo a una ola de inversionistas que entró en negociaciones con Servimet, organismo facultado para comercializar propiedades del DDF, a fin de adquirir grandes extensiones de tierra destinados a desarrollos urbanos.

Al ambicioso proyecto de alto nivel se le conoce como Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec) Santa Fe.

La extensión de la Zedec Santa Fe se compone por 650 hectáreas de terreno, de las cuales 215 se determinaron como zonas de preservación ecológica, más de 200 hectáreas para zonas habitacionales, 30 para centros comerciales y 67 para albergar edificios de oficinas de las más importantes firmas de consorcios internacionales.

Otras 31 hectáreas para centro educativos y 22 para una central de energía eléctrica, telefónica y planta de tratamiento de aguas residuales.

Al cabo de los años y del cierre del relleno Prados de la Montaña se dio la vorágine de las compañías inmobiliarias.

Algunos vecinos, activistas de la zona, comienzan a mencionar que Santa Fe se desmorona y que el caso del complejo Vista del Campo puede ser el primero de muchos.