La Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México adjudicó su seguridad cibernética y sus servicios digitales a empresas irregulares.
En julio de 2021, a un mes de concluir su gestión, el primer Congreso otorgó más de 3 millones de pesos a 2 empresas que no cumplían con los requisitos para participar en concursos de contratación pública por no estar registradas de manera oficial a nivel local y federal.
Lo anterior viola las leyes en materia de adquisiciones tanto de la ciudad como del país. Sin embargo, no son las únicas anomalías, ya que también una de las beneficiadas vendió sus productos con sobrecosto al Legislativo capitalino.
Seguridad ‘patito’
En julio pasado, el primer Congreso firmó el contrato OM/DGAJ/DCVO/ IL/AD/I-77/2021 para la adquisición de licenciamiento de los software de seguridad Fortgate 500E, Fortiswitch 224E y Fortianalyzer 400E, con soporte técnico incluido con la empresa Revont S.A. de C.V.
La empresa representada por Francisco Raúl Valdivia recibió un pago de 2 millones 899 mil 659 pesos, monto que fue autorizado por el entonces Oficial Mayor, Reynaldo Baños Lozada.
Sin embargo, Revont no está dada de alta como empresa ante la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México, revela una revisión al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), y tampoco cuenta con un folio real.
Lo anterior va en contra del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente que indica que los proveedores gubernamentales tienen que acreditar su existencia legal.
“Se deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente”
Además, Revont no está registrada en el Padrón de Proveedores de la ciudad, requisito obligatorio de la administración capitalina para participar en procesos de contratación con el sector público local.
Licencias a sobrecosto en el Congreso de la CDMx
Después está el contrato OM/ DGAJ/DCVO/IL/AD/I-76/2021 que firmó la Primera Legislatura para la adquisición de software para creación, edición, y modificación de archivos gráficos de diseño y archivos en general para su uso en la página web.
La empresa a la que se le otorgó el convenio comercial fue LMA Tecnología SAS, a la que se le pagó 267 mil 943 pesos.
LMA Tecnología SAS sí está registrada ante el SIGER pero no en el Padrón de Proveedores de la capital, por lo que tampoco podía participar en concursos de contratación a nivel local.
Además, las licencias anuales para el uso de 14 suites de Adobe Creative Cloud adquiridas para la edición de fotografía, diseño, video, sitios web y redes sociales fueron compradas a sobrecosto.
El costo de cada una de las 14 licencias fue de 19 mil 138 pesos, revelan los anexos técnicos del contrato, pero este precio es superior al que la empresa Adobe ofrece el producto en su portal electrónico.
La compañía digital renta cada licencia de la suite de Adobe Creative Cloud en 12 mil 588 pesos: cada permiso para el uso del software fue pagado un 52 por ciento más caro.
Además, tanto el contrato para el software de seguridad como para el diseño digital fueron adjudicados directamente, es decir, no hubo un concurso de licitación pública que garantizara las mejores condiciones para la administración pública local.
Por último, los acuerdos comerciales fueron firmados en la Primera Legislatura del Congreso pero han estado vigentes durante los primeros tres meses de trabajo de la Segunda Legislatura porque vencen el 31 de diciembre.
La segunda generación de diputados locales rindió protesta el 1 de septiembre y estará en el cargo hasta 2024.
Conflicto de interés
Los contratos referidos no son los únicos en los que se presumen irregularidades por parte de la Primera Legislatura del Congreso de la capital: anteriormente ha incurrido en conflictos de interés.
El 8 de enero de 2020, Reporte Índigo dio a conocer en el texto “Panistas encubridores en conflicto de interés” que los excontralores del Congreso habían permitido que una empresa de un militante del Partido Acción Nacional (PAN) fuera beneficiada.
Durante 2018, la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) asignó a la empresa Pegaso Magno un contrato de 250 mil pesos aunque su representante era Guillermo Cerda Guillén, afiliado en activo al partido blanquiazul.
En 2019, ya con el primer Congreso instalado, se modificó el contrato y se aprobó extenderlo.
El acto fue encubierto por la Contraloría Interna, cuyos encargados militan en ese mismo partido político, a pesar de que tenían la tarea de vigilar y en su caso sancionar los malos manejos administrativos por parte de los trabajadores.
Contraloría acéfala
En la nueva Legislatura del Congreso local, el órgano que debe vigilar que no se cometan irregularidades dentro del Legislativo, la Contraloría Interna, está sin titular.
No tiene director aunque la Segunda Legislatura del Congreso ya tiene 3 meses desde que rindió protesta.
Apenas en noviembre pasado, el Sistema Local Anticorrupción (SLA) envió una terna al Congreso para que eligiera un contralor.
No obstante, los perfiles fueron rechazados y se le pidió al SLA enviar otra propuesta pero hasta el momento no hay nuevos posibles aspirantes y se desconoce si el sistema ya está trabajando en otra convocatoria.
