Detrás de la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que impuso una multa superior a los 23 millones de pesos a las agrupaciones de autotransporte en el AICM por presuntas prácticas monopólicas, hay motivaciones políticas, denuncian los permisionarios.
El trasfondo sería un intento de desprestigiar al gremio ante la opinión pública mientras se discute en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados la posibilidad de que las empresas de aplicaciones móviles, como Uber y Cabify, obtengan ventajas para la prestación del servicio en el aeropuerto capitalino.
Para Carlos Tepale, representante de la agrupación Nueva Imagen, la Cofece se ha convertido en un instrumento para intentar hacer a un lado a los permisionarios.
“Son medidas de presión para dejar entrar a empresas que no cuentan con un permiso, que no dan las garantías de seguridad. Es desmedido el interés que vemos para que estas empresas puedan ingresar al mercado”, apunta Tepale.
Miguel Ángel Téllez, asesor legal de los transportistas, asegura que la autoridad evidencia ignorancia y mala fe en las declaraciones de Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece, sobre la posibilidad de que se rescinda a las agrupaciones el contrato de prestación de servicios.
“Las agrupaciones no pueden ser sujetas de revocación de concesión porque no tienen ninguna. Las agrupaciones son organizaciones de los trabajadores para tener una mejor logística en la prestación de sus servicios.
“Esa es parte de la mala voluntad con la que se llevó a cabo esa investigación y donde después de tres años no le queda claro a la propia autoridad quiénes son realmente los que tienen los permisos otorgados y quiénes son realmente los que prestan el servicio”, asegura Téllez, “los agremiados son los que prestan el servicio, no son las agrupaciones”.
Recalca que son más de mil 500 permisionarios a quienes de manera individual se les otorga un permiso por parte de la SCT, y quienes tienen un contrato individual con el AICM para el derecho de acceso y prestación del servicio.
Detalla que preparan su estrategia legal para dejar sin efecto las penalizaciones que les fueron impuestas, y en próximos días presentarán una demanda de amparo para obtener la suspensión provisional de los efectos de la resolución y, posteriormente, la nulidad total.
Las agrupaciones presentarán una demanda de amparo para buscar la suspensión provisional de la resolución
“Las agrupaciones no pueden ser sujetas de revocación de concesión porque no tienen ninguna. Las agrupaciones son organizaciones de los trabajadores”
Conflicto en varias pistas
Tras la resolución de la Cofece, las organizaciones señaladas sostienen que la principal beneficiada es la empresa Servicios de Excelencia, con la que arrastran un choque desde hace años, que Reporte Indigo ha documentado.
Taxis del AICM en la mira de Cofece
Condonación millonaria por excelencia
‘No se manipularon tarifas’
El punto central de las conclusiones de la Cofece es que se presume la posibilidad de que las agrupaciones se habrían puesto de acuerdo para manipular el precio del servicio, lo que constituye una práctica monopólica.
La Comisión detalló en su resolución que las agrupaciones Confort, Porto Taxi, Sitio 300, Yellow Cab y Nueva Imagen contrataron a una consultoría en 2011 para que realizara un estudio de costos y determinara las tarifas más adecuadas, por lo que se compartió información que en condiciones normales de competencia no habría sucedido.
“No hay ningún tipo de acuerdo para poder manipular las tarifas. Lo que hicimos fue contratar a un despacho de consultoría, cada quien por su lado, cada quien con un contrato individual, con una cláusula de confidencialidad”, explica Carlos Tepale.
El costo que habría representado la contratación del servicio para una agrupación como Porto, que cuenta con 78 asociados, no se podría comparar con el que pudiera representar para Nueva Imagen, que cuenta con 500 agremiados, por lo que el único acuerdo al que habrían llegado fue acudir a la misma empresa consultora.
“De tal manera que en el volumen obtuvieron un menor precio, siempre y cuando la información se entregara y se procesara por separado y de manera confidencial”, declara Miguel Ángel Tellez.
Sobre la similitud en las tarifas entre una y otra agrupación, el asesor legal argumenta que es debido a que el parque vehicular es similar, sumado a que parten y regresan al mismo lugar, que usan el mismo tipo de combustible, pagan la misma póliza de seguro y contraprestaciones, por lo que la variación entre las tarifas es mínima.
“Esta situación que ha promovido en los últimos días la Cofece ha sido para enrarecer la opinión pública, para poder lograr la entrada de las empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros”
Se cierra el círculo
Las agrupaciones afectadas por la resolución de la Cofece señalan que la más beneficiada con la misma es la empresa Servicios de Excelencia, que también opera en el AICM y con la que han mantenido un pulso en los últimos años.
En 2013, distintas agrupaciones de taxistas de la terminal aérea iniciaron una lucha ante la SCT y las autoridades de la AICM, denunciando también a la Cofece, que existía un subsidio disfrazado por parte del Aeropuerto a favor de esta empresa.
Desde 2009, Excelencia dejó de pagar sus contraprestaciones al Aeropuerto, y al día de hoy el adeudo asciende a más de 260 millones de pesos. Al no pagar estas contraprestaciones estaba en ventaja para poder cobrar una tarifa más baja por el servicio.
Reporte Indigo publicó el 22 de junio que el Consejo de Administración estaba por aprobar un acuerdo para condonarle a Excelencia más de 220 millones de pesos en su adeudo y permitirle seguir operando.
Servicios de Excelencia presentó en 2013 una denuncia en contra de las agrupaciones ahora señaladas de la Cofece por prácticas monopólicas relativas, y en 2014 otra por prácticas monopólicas absolutas, la primera concluyó sin ninguna responsabilidad y la segunda es la que concluyó con la millonaria multa de la Comisión.
Los principales accionistas son militantes del PAN, principalmente asentados en Nuevo León, como José Alfredo Pérez Bernal, exdirigente del partido en ese estado, y Felipe de Jesús Cantú, exalcalde de Monterrey.
El presidente de la Comisión de Transporte, en donde se discute la reforma a la Ley que permitiría la entrada de empresas de transporte como Uber y Cabify -y quien presentó la iniciativa- es el panista Alfredo Javier Rodríguez Dávila, diputado federal del distrito 10 de Nuevo León, en Monterrey.
Servicios de Excelencia presentó en 2013 una denuncia en contra de esas agrupaciones por prácticas monopólicas relativas, y en 2014 otra por prácticas monopólicas absolutas
