“Tendríamos un esquema jurídico en donde habría dos clases de gobernados, los que están obligados a todo y los que no se ven obligados a nada”
Los permisionarios del servicio público de transporte de pasajeros en el Aeropuerto de la Ciudad de México piden a las autoridades igualdad de condiciones para poder competir con los servicios de transporte por medio de aplicaciones.
“Los señores transportistas no están en contra de la competencia, lo único que se solicita es que haya un suelo parejo para todos”, asegura Miguel Ángel Téllez, asesor legal del gremio de transportistas.
Ante la iniciativa de ley presentada por el diputado Alfredo Rodríguez Dávila en la Comisión de Transporte de San Lázaro advierten que su aprobación significaría la existencia de dos realidades jurídicas diferentes.
Por un lado, los permisionarios autorizados tendrían que continuar absorbiendo los gastos de capacitación, permisos al aeropuerto, licencias federales y seguro de usuario, entre otros, mientras que los taxis de Uber o Cabify podrán entrar al AICM sin necesidad de pasar por esta regulación, lo cual atenta contra la legítima competencia.
Las modificaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal pretenden que estos nuevos competidores, los servicios de transporte a través de aplicaciones móviles, no tengan ninguna regulación, que no requieran para operar placas federales, que no tengan que pasar por la revisión semestral de las unidades, que los operadores no tengan que contar con licencia federal y que puedan operar indistintamente.
Además se pretende que los transportistas federales que ya tienen el permiso de la SCT mantengan las mismas reglas.
“Si las redes de transporte por aplicaciones tuviesen las mismas reglas de operación que los transportistas federales difícilmente podrían sostener esas tarifas. Si los transportistas federales no tuvieran las limitaciones que les impone la regulación actual sus costos tendrían una disminución”, afirma el asesor de los transportistas.
El gremio transportista del AICM, con presencia de 7 distintas agrupaciones y más de mil 800 operadores, asegura, no busca monopolizar el servicio, sino que está a favor de la competencia, pero justa.
“Esta lucha es por la legalidad. No estamos en contra de la competencia, estamos a favor de un estado de derecho que lo vemos violentado al momento de que hay personas, en este caso una empresa extranjera que viene a suplir al estado, cuando el estado es el encargado de dar concesiones a este tipo de servicio”, apunta Carlos Tepale, representante de la agrupación Nueva Imagen.
Los transportistas argumentan que de aprobarse esta ley, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes perdería la potestad de otorgar las concesiones para el servicio de transporte federal en los aeropuertos, y que en la práctica sería un particular, una empresa extranjera la que otorgaría sin ningún tipo de control la autorización a personas físicas para realizar esta actividad.
“Las empresas de la aplicación autorizarían vehículos y choferes para operar en los aeropuertos, cuando hoy día esa facultad la tiene la SCT”, concluye Miguel Ángel Téllez.
