El aumento a la tarifa del transporte público en Nuevo León es una violación a los derechos humanos de los pasajeros que utilizan los camiones colectivos para trasladarse a sus centros de trabajo, a una cita con el doctor, a la escuela o universidad o para salir de paseo.
Lo anterior fue catalogado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a través de su presidenta Olga Méndez Arellano, quién criticó la medida ejercida por el Gobierno del Estado y que va a repercutir directamente en la economía de las familias.
Mejor servicio
La funcionaria explicó que el acuerdo para subir de 13 a 15 pesos la tarifa de los camiones debió primeramente considerar el contexto económico de las personas que con frecuencia utilizan el transporte colectivo como medio de traslado, así como analizar las condiciones salariales de las personas.
Aseguró que los regiomontanos son los ciudadanos que pagan uno de los servicios de transporte público más caros del país, incluyendo la tarifa del Metro que actualmente cobra 8.40 pesos y cada mes se registra un aumento de 10 centavos.
Méndez Arellano pidió a las autoridades locales considerar como una primera instancia mejorar la calidad y las condiciones del servicio que brindan los empresarios transportistas, así como garantizar la seguridad de los pasajeros tanto al interior de las unidades como en los parabuses oficiales.
La falta de camiones y las pocas opciones de pago, dijo, adicionan una carga más al ciudadano que tiene que usar alguna ruta de camiones para ir y regresar a su hogar, pues en la mayoria de las unidades el pago es electrónico por medio de la tarjeta “Muevo León” o por el código QR de la aplicación “Urbani”.
La presidenta de la CEDH aseguró que realizará el seguimiento correspondiente a las recomendaciones que emita a la autoridad de Movilidad y monitoreará la situación con los usuarios del transporte público.
