Tareas pendientes

Una ley reglamentaria será el siguiente paso para que la iniciativa de la reforma de las telecomunicaciones, que se espera se vote el jueves en la Cámara de Diputados, concluya. 

Faltan por esclarecer varios puntos: los mecanismos para aquellos concesionarios que tienen más del 50 por ciento, si se producirán separaciones funcionales o desinversiones en Telmex y Televisa, y de qué manera se medirá la concentración en las radiodifusoras, que se mide  por audiencia.

La iniciativa no es clara en estos aspectos y tampoco en los relacionados con infraestructura, agenda digital, acceso a banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador.

Serán necesarias reformas secundarias para precisar el alcance en materia de regulación de contenidos y no caer en excesos que puedan limitar la libertad de expresion, juzga Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Para Fernando Viveros Castañeda, director de Mediatelecom Comunicaciones, la reforma no podrá avanzar sin una comisión nacional de banda ancha y una agenda digital que reúnan todos los esfuerzos de coordinación de la administración, la industria y la sociedad. 

El derecho a la información, a las TICs y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a través de las plataformas convergentes, requiere de una instancia coordinadora que defina inversiones, alianzas público-privadas, despliegue de infraestructura, acceso a las tecnologías y políticas de cobertura, entre otras, opina.

Viveros Castañeda considera que resta por conocer la política de inclusión digital del Ejecutivo que alcance la meta del 70 por ciento de hogares y del 85 por ciento de pymes conectados a un Internet rápido. 

También falta saber cómo se concretarán las reformas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales para garantizar el derecho de acceso al servicio público de banda ancha. 

Y se pregunta: ¿cómo se garantiza la alineación de la política pública de inclusión digital si un órgano autónomo estará a cargo de la administración del recurso más esencial que es el espectro radioeléctrico? 

¿Cómo se alineará la política del Estado con la administración del espectro y la regulación de las redes para lograr la cobertura universal?

De ahí que las alineaciones y requisitos para transitar a la concesión única de prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones no deberán ser discriminatorios, define el especialista. 

“Debemos aprender de los nulos efectos del Acuerdo de Convergencia y fomentar la competencia a través de todas las plataformas, como única condición para garantizar el fortalecimiento de los derechos vinculados a la libertad de expresión”, asegura.

Acotada la gratuidad

A juicio de Viveros Castañeda, resulta una contradicción fortalecer la libertad de expresión y el derecho a las telecomunicaciones y condicionar la gratuidad de las señales radiodifundidas a los concesionarios con poder sustancial de mercado. 

“Un derecho fundamental no admite restricciones, ni siquiera de tipo económico o regulatorio. Por eso la retransmisión de las señales radiodifundidas deben ser gratuitas a través de todas las plataformas”. 

La iniciativa, que promete legislar de forma neutral, favorece a las televisoras privadas.

“Se corre el riesgo de excluir a los suscriptores de dichas señales, contradiciendo los términos de la radiodifusión como servicio público de interés general”, dice.

El decreto, aclara el presidente de Mediatelecom, debe garantizar criterios propios de radiodifusión como audiencia, publicidad, producción o distribución de contenidos. De lo contrario, la declaración de agente preponderante sólo se aplicará a los operadores de telecomunicaciones.

En materia de competencia económica, se cuestiona: ¿cuáles serían las atribuciones del Ifetel y la Cofeco para regular alianzas comerciales y mercados no vinculantes al de telecomunicaciones y que pudieran generar algún tipo de práctica anticompetitiva? 

Por ejemplo, los acuerdos comerciales entre tiendas de conveniencias y telefónicas para brindar descargas. La desagregación efectiva de la red local del agente predominante en servicios fijos (Telmex), omite la necesidad de que todos los jugadores inviertan en su propia infraestructura. 

Esta política no crea incentivos a la inversión y la innovación, pues los competidores gozarán de un subsidio directo.

“Si se desagrega la red de Telmex, la competencia será solo en los mercados donde ya existe competencia y una oferta de servicios y no en zonas rurales o marginadas”. 

¿De qué manera el Estado garantizará la provisión de servicios de telecomunicaciones en regiones poco rentables donde no llegan los operadores y el mercado? ¿Cuál es el costo económico y social de no permitir la inversión en infraestructura por parte de los actuales concesionarios?, se pregunta.

Licitación en 120 días

En un plazo máximo de cuatro meses (120 días) después de la formación del Ifetel, deberá lanzarse la convocatoria para agrupar frecuencias y licitar dos cadenas de televisión abierta con cobertura nacional. 

Con ello, se descarta la pretensión de la actual Cofetel de solo licitar cadenas regionales de TV. 

Tanto Televisa como TV Azteca no podrán participar en la licitación de nuevas frecuencias de televisión porque tienen más de 12 MHz de espectro (dos canales de televisión). 

De esta manera se asegura que sean otros los jugadores en el mercado. Sobre todo, porque la reforma permite 49 por ciento de inversión extranjera directa en radiodifusión y de 100 por ciento en telecomunicaciones.