Tamaulipas: Guardia Estatal atropella derechos y no le pone fin al abuso policial

La corporación de seguridad pública de Tamaulipas, que fue creada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para ponerle fin al ‘abuso policial” acumula ya más de 500 quejas por violación de derechos
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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La Guardia Estatal de Tamaulipas que fue creada por el Gobierno del mandatario, Américo Villarreal Anaya, y que tenía entre sus objetivos centrales eliminar el “sistemático abuso policial” que se había impuesto en el estado con su anterior corporación de seguridad pública, acumula ya cientos de quejas por violación de derechos humanos presentadas por ciudadanos.

En noviembre del año 2022 el Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma legal que promovió el gobernador, Villarreal Anaya, para desaparecer la antigua Policía Estatal, y crear, en su lugar, la nueva Guardia Estatal, la cual, según se prometió, estaría libre de los vicios y deficiencias operativas que se le atribuían al cuerpo de seguridad que había heredado el pasado Gobierno.

El 10 de noviembre de 2023, con motivo del primer año de existencia de la Guardia Estatal que impulsó Villarreal Anaya, el Congreso de Tamaulipas emitió un comunicado donde resaltaba el “respeto a los derechos humanos” que presuntamente se había logrado con la puesta en marcha de esa nueva institución del Estado.

“El Gobernador Américo Villarreal Anaya, celebró que hace un año, por unanimidad, el Congreso Local creó la Guardia Estatal, una corporación que ha transformado la atención a la sociedad, velando por su seguridad con la mayor de las entregas, privilegiando el respeto a los derechos humanos”.

Mientras que el propio mandatario, Villarreal Anaya, celebró los logros en su Segundo Informe de Gobierno, rendido el 26 de febrero de 2024.

“Del sistemático abuso policial y la intimidación pasamos al uso estrictamente necesario legal proporcional y legítimo de la fuerza. Tomamos la decisión de desaparecer la vieja y deshonesta corporación con sus mal llamados cuerpos de élite GOPES, para crear en su lugar la Guardia Estatal con los mismos valores y cualidades de la Guardia Nacional”.

No obstante, toda esta narrativa oficial que se ha construido alrededor de la Guardia Estatal que creó Villarreal Anaya, no se ve reflejada en los registros que elabora la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, donde la nueva corporación de seguridad pública aparece con más de 500 quejas interpuestas por ciudadanos contra los agentes de la institución.

En efecto, a pesar de que el tiempo que lleva operando la Guardia Estatal todavía es relativamente breve (se puso en marcha en noviembre de 2022), la Comisión de Derechos Humanos local ha recibido un total de 521 quejas promovidas por ciudadanos, quienes consideran que la nueva institución ha vulnerado sus derechos humanos.

Así lo muestra un reporte elaborado por esa Comisión estatal, y en específico por su Coordinador de Quejas y Orientación, Gustavo Adolfo Rueda López, mismo que fue obtenido vía transparencia (Folio: 280527424000014), y donde se hace la siguiente precisión sobre las violaciones de derechos humanos que los habitantes del estado le están atribuyendo a la Guardia Estatal.

“Tipo de Derecho Humano Violado: Violación del derecho a la libertad e integridad personales y violación del derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica”.

Emiten Recomendación

En octubre de 2023, la Guardia Estatal de Villarreal Anaya ameritó la emisión de la Recomendación 17/2023, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ya que un detenido que estaba bajo su vigilancia se habría suicidado, lo cual sucedió en una celda que se había quedado sin energía eléctrica.

En dicha Recomendación, la Comisión  corroboró que la víctima que perdería la vida había sido arrestada por alterar el orden y realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

“Fue ingresado a las celdas municipales, persona que, a dicho de la C. (…), Guardia Estatal informó que se encontraba de encargada de barandilla que siendo aproximadamente las 5:18 de la mañana aproximadamente del día 5 de noviembre se fue la luz y siendo las 6:23 de la mañana realizó rondín de vigilancia en compañía del Policía A (…), al entrar a la celda número 2 observaron a una persona arrestado del sexo (…) de iniciales (…) se encontraba sujeto del cuello con una prenda de vestir, mismo que perdió la vida por dicha circunstancia”.

El órgano defensor de derechos humanos presentó la siguiente argumentación para sustentar la responsabilidad que le fincó a la Guardia Estatal en este caso:

“En cuanto a estos aspectos la persona quien en vida llevara las iniciales (…) haya utilizado una prenda de vestir para ahorcarse, lo relevante de esta situación es la obligación que tienen en todo momento las autoridades de la Delegación del 2 Zaragoza de supervisar las instalaciones de dicha delegación para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de la libertad, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas.

“No pasa desapercibido la falta de suministro de luz, por tal motivo, se considera necesario que en dicha Delegación se cuente con una planta de luz a fin de que siempre se tenga iluminación en las celdas y las cámaras de vigilancia funcionen a efecto de prevenir acontecimientos como el que nos ocupa”.

Reparación del daño

Los registros que proporcionó vía transparencia la Comisión de Derechos Humanos del Estado, muestran que la Guardia Estatal recibió 118 quejas por violación de derechos humanos durante el año 2022, en sus meses finales, cuando comenzaron formalmente sus operaciones. Mientras que en el año 2023 sumó otras 402 (más de una por día) de estas quejas interpuestas por ciudadanos. Finalmente, en el año 2024 (hasta enero) había acumulado una más.

En el caso de la Recomendación 17/2023, donde se corroboró la violación de derechos, la Comisión le solicitó a la institución la Reparación Integral del Daño causado a la víctima, así como gestionar la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que incluya una compensación justa y suficiente por las violaciones a sus derechos humanos aquí acreditadas.

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