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Las obras en Tajamar no se autorizaron solas. Detrás de estas licencias existe una huella corruptora casi tan azul como el Mar del Caribe.
Las pruebas oficiales señalan a quienes autorizaron las obras y construcciones en Tajamar: Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, los titulares de Fonatur John McCarthy, Miguel Gómez Mont y Rosa Adriana Pérez Quesnel, así como los exsecretarios de Medio Ambiente José Luis Luege Tamargo y Juan Rafael Elvira Quesada.
Si bien el problema estalló cuando los grupos ambientalistas reprocharon la incursión con maquinaria pesada en el manglar de Tajamar el 16 de enero, en Cancún, Quintana Roo, el tema pudo haberse hecho público desde los primeros días de este gobierno. Aún así, esta administración federal está decidida a salir adelante del escándalo generado luego de las protestas ambientalistas de Salvemos Manglar Tajamar -que contó con el respaldo de grupos internacionales como Greenpeace-.
El registro ante el Programa de Obras del CIP Cancún en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda corrió a cargo del gobierno del presidente Vicente Fox. En 2003, cuando se autorizó el documento que establece la urbanización del terreno conocido como Malecón Tajamar, el titular de Fonatur era John McCarthy y en ese año hubo dos secretarios del medio ambiente: Víctor Lichtinger y el exgobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez. Fonatur no ha detallado en qué fecha se expidió la autorización para determinar quién era el titular de la Semarnat entonces.
En el periodo de seis años de McCarthy al mando de Fonatur se le atribuyen proyectos similares en Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Algunos polémicos, como un caso denunciado en 2008 en un terreno denominado El Rincón, en Baja California Sur, en el que como director de Fonatur se le acusó de operar para que empresas inmobiliarias de Estados Unidos y España pudieran verse favorecidas para obtener mil 500 hectáreas. A cambio, presuntamente recibió un millón 550 mil dólares y una empresa para la que colaboraba tendría participación en el negocio.
Actualmente, es socio fundador de la empresa Leisure Partners y parte de sus actividades en redes sociales en Internet las concentra en buscar inversionistas.
“Leisure Partners tiene en su portafolio de propiedades estas dos oportunidades de inversión, en esta ocasión tenemos una propiedad en Litibú y otra en Cancún, las dos muy bien ubicadas, si necesitan más información manden un mensaje”, asegura McCarthy su perfil de LinkedIn.
Además de su experiencia en el Gobierno Federal, es experto en hotelería y ha laborado en como miembro del consejo de administración del Club Med Huatulco (1995-2000), miembro del Consejo de Administración de Hoteles Presidente, director general de Desarrollo Turístico Regina y presidente de Raintree Resorts International, entre otros.
Otro de los implicados es José Luis Luege Tamargo, un colaborador cercano a los gobiernos panistas. Participó con ambos como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se le señala de haber otorgado en 2005 la autorización en materia de impacto ambiental para las obras de urbanización. En ese mismo año, la dependencia realizó una visita de campo y aprobó el estudio técnico justificativo.
Además, en 2006 la Semarnat -con Luege Tamargo en la titularidad- autorizó un cambio de uso de suelo en los terrenos forestales.
Fonatur acusa que “las ampliaciones de vigencia de las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo se otorgaron durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de manera posterior a la adición del artículo 60 TER en la Ley General de Vida Silvestre, por el cual queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar (1o de febrero de 2007)”.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) también indica que fue en el periodo calderonista cuando se construyeron la mayor parte de los lotes. En total se han vendido 43 lotes y 36 de ellos (más del 83 por ciento de los disponibles) fueron vendidos de 2007 a 2012, es decir, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
De 2012 a 2015 también se reportan ventas, pues se han vendido cinco lotes y aún quedan dos por negociar.
Sin mencionarlo, Calderón Hinojosa ha atribuido la expedición de estas licencias a su antecesor, Vicente Fox, quien ha guardado silencio sobre el tema en que las organizaciones ambientalistas han reclamado la muerte de flora y fauna única en el mundo para la realización de viviendas de lujo. Uno de los dueños de este complejo turístico es José Martín Domene, cuñado del exgobernador neoleonés Benjamín Clariond, y quien participó en el grupo Amigos de Fox para financiar parte de la estrategia para llevar a la Presidencia al guanajuatense.
Otro funcionario que estuvo al frente de las autorizaciones fue Miguel Gómez Mont, hermano del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. El 11 de febrero de 2009, mientras estaba al frente del Fonatur, se gestionó la ampliación del plazo de la autorización de impacto ambiental con vigencia al 8 de febrero de 2016 ante la Semarnat, cuyo titular era Juan Rafael Elvira Quesada.
Gómez Mont fue cesado de Fonatur tras una bronca en el Mundial de Sudáfrica en 2010 luego del partido contra Argentina en el que se enfrentó con los familiares de los seleccionados mexicanos.
Desde la fecha de autorización del manglar 2003, con Vicente Fox en la presidencia, hasta a 2012, cuando termina el sexenio de Calderón, Fonatur invirtió 618 millones 756 mil pesos. El año en que más dinero se invirtió fue 2008, cuando se inyectaron en el proyecto casi 281 millones de pesos.
A la defensa… de particulares
Fonatur defiende que los lotes que han sido desmontados en el manglar pertenecen a particulares “quienes los adquirieron para desarrollarlos conforme a las autorizaciones expedidas en favor de Fonatur por la Semarnat, y en pleno ejercicio de sus derechos, desde el año 2006 hasta el día de hoy, han realizado las acciones de chapeo y desmonte por su cuenta”.
La dependencia ha actuado con precaución por la posibilidad de demandas millonarias por incumplimiento.
La afectación contra el patrimonio de los particulares que compraron estos terrenos “hubiera generado” un daño al gobierno de la República por más de 3 mil millones de pesos, más de la mitad del presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo, de acuerdo con los argumentos de defensa de la Fonatur reunidos en el documento “Malecón Tajamar, desarrollo responsable apegado a derecho”.
Al ser el Fondo el titular de las autorizaciones ambientales y al haber comercializado los lotes para su desarrollo, de no haberse realizado el chapeo y desmonte previo al vencimiento de las autorizaciones otorgadas por Semarnat, los compradores estarían impedidos para desarrollar sus respectivos proyectos. Por ello, procedieron el 16 de enero a desmontar una parte importante del manglar.
“Los lotes que han sido desmontados, en su totalidad, pertenecen a privados (sic), quienes los adquirieron para desarrollarlos conforme a las autorizaciones expedidas en favor de Fonatur por la Semarnat, y en pleno ejercicio de sus derechos venían realizando, desde el año 2006 hasta el día de hoy, las acciones de chapeo y desmonte por su cuenta y obra”, afirma la Fonatur.
Las organizaciones ambientalistas acusan que en el sitio vivían cocodrilos, iguanas, aves y serpientes entre otras especies y que al menos 50 hectáreas desaparecieron “de la noche a la mañana”. La Semarnat y Fonatur, en cambio, ha negado el ecocidio e incluso aseveran que el sitio que se intervino no está comprendido en el inventario de sitios Ramsar.
Para la dependencia el impacto en Internet es mayor al daño ecológico. Fuentes aseguran que organizaciones ambientalistas han utilizado fotografías de casos desvinculados con el manglar. Hay al menos tres imágenes que han circulado en Internet y que no coresponden a la incursión en Tajamar: la muerte del cocodrilo “Lolong” en Filipinas, al que un pueblo entero despidió, un cocodrilo hallado muerto y sin cola y otro más atropellado, ambos en Cozumel.
Los ambientalistas realizaron protestas en Quintana Roo tras la incursión del 16 de enero y llevaron los restos de animales del lugar. En tanto, un juez ordenó la suspensión de los trabajos para el desarrollo turístico, informó este miércoles el Poder Judicial.
El visto bueno universitario
En la aprobación del proyecto Malecón Tajamar en el que se comercializaron con usos de suelo habitacional, comercial y de servicios 74.24 hectáreas para su comercialización, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se apegó a un estudio de la Universidad Autónoma de Yucatán.
El estudio se efectuó a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y se destaca: “En el caso de la fauna (…) no se visualizó ningún individuo, así como nidos y madrigueras, en el área del proyecto.”
Dicho estudio concluye que, “lo anterior podría deberse al impacto ocasionado por el crecimiento urbano que rodea el predio del proyecto”.
Con base en este estudio universitario, “se procedió a la construcción de vialidades, guarniciones y banquetas; la instalación de drenaje sanitario y pluvial; la electrificación y el alumbrado público; y la lotificación de los terrenos en venta, impactando parcialmente la superficie contemplada en la manifestación de impacto ambiental, particularmente la zona de mangle colindante con el Sistema Lagunar Nichupté”, de acuerdo con la versión de Fonatur.
En el área, han trabajado biólogos especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y la propia Semarnat y han realizado recorridos para la identificación de fauna silvestre y se propició una migración natural de los animales a sitios contiguos y se reubicó la flora.
Buscan tirar la COP 13
Organizaciones ambientalistas y los Supercívicos buscan que se retire a Quintana Roo la Sede de la Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención sobre la Diversidad Biológica de la ONU.
La iniciativa es impulsada desde la plataforma Change.org y lleva casoo 130 mil firmas.
“El gobierno federal no ha hecho nada para proteger ese ecosistema, ni tampoco por intentar reparar el daño; por el contrario, dicha obra contó con su autorización, por conducto de Semarnat”, se lee en el planteamiento de la solicitud.
La ciudad de Cancún, Quintana Roo, recibirá cerca de 10 mil participantes, entre investigadores, científicos, autoridades locales y público en general, representantes de los países que forman parte del convenio, de países observadores y de organizaciones internacionales.
Las organizaciones civiles consideran que, dados los hechos del 16 de enero pasado, “ni el gobierno del estado de Quintana Roo que encabeza Roberto Borge Angulo, ni el gobierno de México son aptos para ser anfitriones del evento más relevante a nivel internacional para la defensa de la biodiversidad, y la sede debe ser otra”.
El colectivo encabezado por el locutor Arturo Hernández acusa que las autoridades carecen de interés en la protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a contar con un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
“Lo ocurrido en Tajamar constituye una flagrante violación a la Constitución de nuestro país, así como a los tratados y convenciones internacionales que imponen a México obligaciones específicas, como es la protección al ambiente y a la biodiversidad. Con ello, las autoridades del Estado mexicano, federales y locales, han incurrido en responsabilidad jurídica y política, nacional e internacional”.
Los permisos
Las autorizaciones para los desarrollos en Tajamar se hicieron antes.
> 2003
Se obtiene el registro del Programa de Obras del CIP Cancún en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP. En el documento se establece la urbanización del predio conocido hoy como Malecón Tajamar
Semarnat: Víctor Lichtinger Waisman-Alberto
Fonatur: John McCarthy
Presidente: Vicente Fox
> 2005
La Semarnat otorga la autorización en materia de impacto ambiental para las obras de urbanización en Malecón Tajamar. La dependencia realizó una visita de campo y aprobó el estudio técnico-justificativo de la Fonatur.
Semarnat: José Luis Luege Tamargo
Fonatur: John McCarthy
Presidente: Vicente Fox
> 2006
La Semarnat autorizó un cambio de uso de suelo en los terrenos forestales.
Semarnat: José Luis Luege Tamargo
Fonatur: John McCarthy
Presidente: Vicente Fox
> 2009
El 11 de febrero se gestiona la autorización en Materia de Impacto Ambiental entregada en 2005, se entrega una prórroga y por ello tiene vigencia hasta 8 de febrero de 2016.
Semarnat: Juan Rafael Elvira Quezada
Fonatur: Miguel Gómez Mont
Presidente: Felipe Calderón
> 2011
El 23 de marzo se otorgó una ampliación de la vigencia de dicha autorización de cambio de uso de suelo en favor de Fonatur con fecha de vencimiento del 8 de febrero de 2016.
Semarnat: Juan Rafael Elvira Quezada
Fonatur: Rosa Adriana Pérez Quesnel
Presidente: Felipe Calderón
> 2016
La administración actual tardó en intervenir en el ecocidio de Tajamar, luego de que fue reportado por organizaciones ambientalistas.
Semarnat: Rafael Pacchiano Alamán
Fonatur: Héctor Martín Gómez Barraza
Presidente: Enrique Peña Nieto
