El paulatino avance en los derechos de algunas de las comunidades vulnerables como la LGBTI+ han traído consigo también una respuesta negativa.
En 2010, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad de la República en reconocer el matrimonio igualitario.
Diez años después, se sumarían otros 19 estados como Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, aprobándolo entre los años 2019 y 2020.
Además, 15 entidades permiten la adopción homoparental y 13 han expedido leyes de identidad de género. En Jalisco y Oaxaca, estas normas reconocen también a las infancias trans.
Sin embargo, este avance paulatino en los derechos de estas comunidades ha venido acompañado por una serie de reacciones poco favorables, las cuales Jairo Antonio López, profesor de la Universidad Veracruzana y nivel I del Sistema Nacional de Investigadores retomando a otros investigadores, denomina como pánico moral.
“En México se encuentra un campo muy fértil para que este discurso conservador pueda circular, no solo porque siempre ha sido tabú hablar de la sexualidad en términos públicos, no se diga en términos de discusión política, también dado el poco escenario que existe para el debate”.
López analiza esta estrategia de grupos religiosos y conservadores, acompañados de actores con claros intereses políticos y económicos.
“Se oponen, por ejemplo, a los proyectos de reforma en materia de educación sexual, acciones que pueden generar espacios de formación, discusión y debate donde el tema de la sexualidad y el género deje de ser tabú”, dice.
Grupos religiosos y conservadores, acompañados de actores con claros intereses políticos y económicos se oponen a proyectos como la reforma en materia de educación sexual, acción que puede generar espacios de formación, discusión y debate donde el tema de la sexualidad y el género deje de ser tabú
Este 2021 buscan la reelección los diputados Juan Carlos Leal, quien llegó al Congreso de Nuevo León como plurinominal de Morena y, tras ser expulsado, pasó una temporada en el PES y hoy es candidato del Partido Verde, ambos aliados del partido oficial, y Elsa Méndez, integrante del PAN en Querétaro hasta su renuncia, tras la cual también transitó por el PES y ahora aspira a mantener su escaño por la vía independiente.
Ambos legisladores defienden iniciativas como el PIN parental, una creación del partido español VOX para evitar que las escuelas impartan educación sexual a alumnos cuyos padres consideren que se trata de temas que agravian sus valores.
Como argumento, los legisladores promueven la idea de que este tipo de clases funcionan como adoctrinamiento de la que denominan “ideología de género”, un concepto impulsado en toda Latinoamérica por distintas organizaciones.
“Sacan frutos de generar pánico, con ello pueden argumentar que hay muchas personas que están a favor de mantener los valores de la familia tradicional y hacen de este círculo vicioso una especie de capital político”, explica López del accionar de estas figuras.
Política y religión contra derechos LGBTI+
El PES, vinculado a las iglesias evangélicas y que, pese a incluir ministros de culto en sus asambleas fundacionales, recibió el aval del TEPJF para recuperar el registro que perdió en 2018, fue el único partido que apeló la acción afirmativa emitida por las autoridades electorales para las candidaturas de la comunidad LGBTI+ y, al ser rechazada su queja, lamentó públicamente lo que denominó una “imposición” contra sus valores.
“Eso nos lleva a repensar qué tan lógico y viable es que existan partidos que dentro de sus propios principios programáticos se encuentre el rechazar derechos y valores propios de la democracia”, dice López.
Comparándolo con el PAN, históricamente opuesto a temas de la comunidad LGBTI+, el blanquiazul no presenta dichos principios e incluso acató la acción afirmativa postulando a Karla Coronado, mujer trans, a diputada federal plurinominal por la tercera circunscripción.
Lol Kin Castañeda coincide al cuestionar que el PES rechace mandatos constitucionales bajo el argumento de ser un partido de la familia.
El PES prefiere pagar una multa a cumplir con la Constitución, si no están ceñidos a la Carta Magna no tengo idea para quién van a gobernar o legislar. El negar derechos forma parte de una agenda que le habla estrictamente a un grupo que se regocija con sostener privilegios
La diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual consagró los derechos de la comunidad LGBTI+ en la capital de la República, también observa un ejercicio de presión hacia gobernantes y legisladores por parte de estos grupos que promueven el discurso de la ideología de género. Criticando que “ridiculizan” a la diversidad sexual por medio de los estereotipos creados por la falta de información.
“Esos mensajes a quienes se dirigen de manera directa es a quienes gobiernan. Lo que se está jugando es si eres ‘pro-ideología de género’ o si eres una persona de ‘buenas costumbres’. Bajo esa lógica, con lo que juegan es con los estereotipos, que por supuesto conocemos, los hemos aprendido y crecido con ellos y muchos siguen creyendo que son reales”, expone.
Sobre si estas reacciones significan que la sociedad mexicana no está dispuesta a aceptar los derechos de la comunidad LGBTI+, Castañeda considera que estos actos de presión no repercuten por completo en la población, sino que se quedan en las mismas figuras.
“Yo no pensaría que esas expresiones sean muestra representativa de la sociedad, más bien es una muestra muy clara de cómo el poder en estas representaciones simuladas no pasa absolutamente por el consenso social, por el diálogo, por el parlamento abierto. Se nutre de ellos mismos, no hay un debate”, dice
Si bien Morena no ha llevado los derechos LGBTI+ a nivel federal, sus mayorías en congresos estatales sí han impulsado reformas en este sentido.