Los trabajos de extracción de 4 mil barriles de petróleo crudo derramados en el Río San Juan, en el municipio de Cadereyta, fueron interrumpidos gracias a las fuertes lluvias que se han presentado en el estado con el paso del huracán Dolly.
Ayer a las 11:30 de la mañana cesaron las labores de limpieza para contener el derrame de petróleo, por la creciente del río con las recientes lluvias, según los trabajadores del lugar.
Sin embargo, el gobernador Rodrigo Medina y Pemex aseguraron que las lluvias no afectarán los trabajos en el río, donde según dicen, ya se ha retirado un 97 por ciento del petróleo derramado.
A través de un vocero, Pemex rechazó que hubiera algún riesgo por la creciente del río y señaló que los trabajadores fueron retirados para asignarles otras labores, porque ya no hay crudo en fase libre.
Pero los trabajadores aseguraron que fueron evacuados de la zona a causa de la creciente del río.
Según el gobernador, Rodrigo Medina, el día de hoy se llevará acabo una inspección para hacer una valoración del estado del río San Juan, en donde tuvo lugar el derrame de crudo el pasado 17 de agosto a causa de una toma clandestina, lo que afectó 23 kilómetros del río.
El riesgo latente es que el petróleo llegue a la presa El Cuchillo, en China, pues es uno de los tres grandes vasos almacenadores que alimentan de agua a la zona metropolitana de Monterrey, y parte de Tamaulipas.
Aunque según las autoridades ven esa posibilidad muy poco probable.
El derrame de petróleo crudo fue ocultado por las autoridades varios días, ahora el PRI de Nuevo León busca la destitución del superintendente de seguridad de Pemex en el estado, Martín Eduardo Ruiz.
Pemex también ha sido criticado por usar de “esponjas” a los habitantes de los ejidos, pues los contrató para limpiar el río, después de darles una breve capacitación, pagándoles aproximadamente 2 mil pesos por semana.
Por su parte, Ernesto Badillo Aguilar, delegado de la PGR, ha manifestado que las indagatorias continúan y hay avances, pero que aún no pueden ser revelados.
El delegado no descartó que la responsabilidad de la toma ilegal sea de la delincuencia organizada.