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A ocho meses del homicidio del diputado federal del PRI por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, no hay personas detenidas, aún cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró la aprehensión de cuatro presuntos responsables, así lo detalla un informe de la Procuraduría General de la República (PGR).
En abril pasado, Reporte Indigo solicitó a la PGR, a través de una solicitud de transparencia, información sobre el número de personas involucradas en el asesinato del legislador priista
“Se me informe el número de personas detenidas, vinculadas al asesinato del diputado federal del PRI por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, ocurrido en septiembre de 2014”, fue la petición hecha a la dependencia federal, la cual atrajo el caso el año pasado.
En el oficio SJAI/DGAJ/05160 /2015 emitido el 28 de abril de 2015, la PGR dio contestación de la información requerida por este medio de comunicación.
De acuerdo con la Procuraduría, la solicitud de información fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), “por ser la unidad administrativa que en el ámbito de sus facultades pudiera conocer de la misma”.
La respuesta plasmada en el documento firmado por Adriana Campos López, titular de la Unidad de Enlace de la PGR, es contundente:
“En consecuencia, la SEIDO informó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus Unidades Especializadas, se tiene ‘cero’ registros de personas detenidas vinculadas con el asesinato del diputado federal”.
En octubre de 2014, el Gobierno de Jalisco aseguró la detención de cuatro personas, supuestamente relacionadas con el crimen del diputado Gómez Michel, en una vivienda de la zona de Oblatos, en el oriente de Guadalajara.
“Hay gente, sí, que efectivamente detuvo la Fiscalía y que ya está en manos de la PGR, con la colaboración que tenemos. Estamos aportando y apoyando en todo lo que requiere la PGR, porque vamos a dar con los responsables”, declaró el 6 de octubre del año pasado el gobernador del estado, el priista Aristóteles Sandoval Díaz.
El crimen
Gabriel Gómez Michel fue asesinado el 22 de septiembre de 2014; su cadáver, calcinado en el interior de una camioneta Suburban, fue hallado en el poblado de Apulco, en Zacatecas.
Durante la tarde de aquel día, el legislador viajaba acompañado de su asistente Heriberto Núñez Ramos, rumbo al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara.
Sobre el periférico, a la altura de la calle Morelos, en el municipio de Tlaquepaque, el vehículo fue interceptado por otro, del cual bajaron hombres armados y se llevaron al priista y su asistente; pasaron casi 50 minutos para que la Fiscalía estatal se percatara que el diputado había sido privado de su libertad.
Los captores, junto con el legislador y su empleado, recorrieron casi todo el periférico, para salir por el norte de Zapopan. En la madrugada del martes, las autoridades de Jalisco recibieron la noticia de las de Zacatecas: el legislador y su acompañante habían sido encontrados muertos adentro de la camioneta.
Gómez Michel había sido dos veces alcalde de El Grullo. Médico de profesión, también era miembro del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara y era además, productor de caña, integrante de la Confederación Nacional Campesina.
PGR atrae el caso
Un día después del homicidio, el Congreso de la Unión solicitó a la PGR la atracción del caso.
El perredista Silvano Aureoles Conejo, quien entonces presidía la Cámara de Diputados, relató el 24 de septiembre del año pasado que había sostenido una comunicación con Jesús Murillo Karam, que en ese tiempo era el procurador general de la República, en la que el último le confirmaba sobre la intervención de la PGR en el asunto.
Ese mismo día, después de comparecer ante diputados federales en San Lázaro, Murillo Karam se limitó a decir en torno al suceso: “nuestra obligación es encontrar la verdad, sea cual sea”.
Casi 12 días después, la FGE informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el homicidio del priista.
El fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, compareció el 6 de octubre de 2014 ante diputados del Congreso del Estado, donde insistió en la detención de las cuatro personas, y la relación de algunas con otros delitos como el robo de vehículos y el tráfico de armas.
“Tres de ellos tenían relación con estos temas y pedimos la intervención de la autoridad federal”, dijo aquella vez el funcionario estatal.
Fiscalía, en duda
No es la primera vez que la Fiscalía de Jalisco se ve envuelta en contradicciones.
En abril de 2014, tras un enfrentamiento en marzo de ese año, entre policías y aficionados del club Chivas, en el estadio Jalisco, durante un encuentro entre los rojiblancos y el Atlas, la dependencia presentó como uno de los agresores de los oficiales, a Miguel Ángel Sevilla Gutiérrez.
La defensa del muchacho comprobó que la Fiscalía “fabricó culpables” y que inculpó a su cliente con pruebas falsas e irrisorias: oficiales de la dependencia fueron descubiertos comprando una gorra similar a la del verdadero agresor que tenían identificado; sólo la pusieron en la cabeza de Miguel Ángel al momento de su presentación.
El Juez duodécimo de lo criminal determinó que no había elementos para dictar el auto de formal prisión al joven.
Tras los hechos violentos del 1 de mayo en Jalisco, en el que se cometieron 39 narcobloqueos con vehículos incendiados que afectaron a 25 municipios, y ocasionaron la muerte de 15 personas y las detenciones de otras 19, el papel de la FGE está en duda de nuevo.
El Gobierno federal anunció que la coordinación de la Operación Jalisco, para capturar a la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación, estará a cargo del general Miguel González Cruz, relegando así el papel del fiscal de la entidad.
El 7 de mayo pasado, tres de los detenidos fueron puestos en libertad. El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales, dentro de la causa penal 69/2015, determinó liberar a las personas porque no habían sido detenidas en flagrancia.