La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la noche de este lunes 1 de julio suspender los trámites de todos los amparos en marcha que tengan que ver con la figura de prisión preventiva oficiosa.
Esta instrucción, acordada en sesión privada del pleno del máximo tribunal del país, va dirigida a todos los tribunales y juzgados de la nación.
De acuerdo con los reportes, esto se debe a que la Corte resolverá varios juicios referentes a la validez de esta polémica figura.
De esta manera, se busca evitar que cualquier instancia jurisdiccional emita una resolución contraria a lo que resuelva la SCJN en el futuro.
Actualmente, existe un debate en torno a la prisión preventiva oficiosa, pues el gobierno la considera necesaria para su modelo de impartición de justicia.
Por otro lado, defensores de derechos humanos señalan que esta figura sirve en su mayoría para encarcelar a personas inocentes sin emitir sentencias.
¿Qué es la prisión preventiva?
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar establecida por la ley que permite la detención de una persona acusada de ciertos delitos sin necesidad de que un juez evalúe la situación particular del caso.
Esta medida se aplica automáticamente a ciertos delitos considerados graves, con el objetivo de asegurar la presencia del acusado durante el proceso judicial y prevenir posibles riesgos, como la fuga o la alteración de pruebas.
En México, la prisión preventiva oficiosa está contemplada en el artículo 19 de la Constitución Política, que lista los delitos que ameritan esta medida, como homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, entre otros.
Sin embargo, esta medida ha sido objeto de debate y controversia, ya que algunos la consideran necesaria para garantizar la seguridad y la justicia, mientras que otros la critican por vulnerar el principio de presunción de inocencia y los derechos humanos del acusado.