Mayo se convirtió en un mes histórico por los casos de jueces y magistrados suspendidos por beneficiar a empresas casineras.
Los últimos son el juez Javier Rubén Lozano Martínez, extitular del Juzgado Segundo de Distrito, así como los magistrados Eduardo Ochoa Torres, expresidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey y José Manuel Rodríguez Puerto, exintegrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, de Tamaulipas.
Pero también se suspendió a Mario Alberto Prado Rodríguez, secretario del consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca.
Son acusados por el CJF ante la PGR, de estar involucrados en la red de funcionarios que beneficiaron al empresario casinero Juan José Rojas Cardona, que actualmente tiene ya 26 centros de apuestas cerrados alrededor del país por la revocación de su permiso.
A estos casos se suman el de Hiram Barbosa Alanís, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, quien también fue suspendido en 2011 y sancionado en abril por el CJF.
Otro es el caso del polémico juez casinero, Luis Armando Jerezano Teviño, suspendido en septiembre del 2011 y puesto a disposición de la PGR por el CFJ en este mes de mayo para investigarlo por amparos con argumentaciones irregulares, entre ellas de casinos y de propiedades de gente del Cártel del Golfo.
Esto, además de que a Jerezano Treviño también se le acusa de operar, junto a su esposa, una cuenta bancaria abierta en McAllen, Texas, donde tenía depósitos de un operador del mismo Cártel del Golfo.
Concretamente, cuando esa organización delictiva era dirigida por Juan García Ábrego, fundador de ese grupo, junto con su tío, Juan Nepomuceno Guerra.
Desde enero de este año, el Consejo de la Judicatura Federal informó que encontró elementos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario de oficio en contra del juez y su secretario de juzgado, Gerardo Tiscareño Mercado.
Y hace tres años, también fueron suspendidos Álvaro Tovilla León, Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, retirado de su cargo por la investigación en contra de su secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández, acusado de enriquecimiento ilícito y vínculos con casineros.
