Suelo de conservación de la CDMX en peligro; vecinos piden al Congreso no aprobar PGDU y PGOT

Esta misma semana podría consolidarse un nuevo golpe al medio ambiente y a la crisis de agua que existe en la Ciudad de México (CDMX) por la posible aprobación del Plan General de Desarrollo Urbano (PGDU) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Organizaciones civiles afirman que dichos documentos dejan desprotegido al suelo de conservación, principal fuente de recarga de los mantos acuíferos y que, a su vez, dotan de agua a las 16 alcaldías.

Por lo anterior, llaman al Pleno del Congreso de la CDMX para que, además de no aprobar los instrumentos de planificación, respalde que se repongan los procesos de elaboración de cada uno y se reconstruyan en conjunto con la ciudadanía.

Del 13 de octubre al 10 de noviembre, se llevaron a cabo foros de parlamento abierto con vecinas y vecinos de diferentes demarcaciones territoriales para discutir el PGDU y el PGOT, por lo que la fecha límite para que el Pleno del Legislativo los dictamine es el 8 de diciembre, de acuerdo con lo anunciado por las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Planeación del Desarrollo.

Ambos documentos regirán el crecimiento urbano y el ordenamiento territorial de la capital durante los próximos 20 años; es decir, guiarán las políticas de vivienda y medioambientales que se elaboren en los siguientes tres sexenios de Gobierno.

Futuro del suelo de conservación, en juego

“Las autoridades de la Ciudad de México no han dimensionado el impacto ambiental que tendrán el PGOT y el PGDU, ni la verdadera importancia del suelo de conservación para dar sustentabilidad”, dijo Luis Miguel Robles Gil, integrante del Frente por los Derechos de los Pueblos Anáhuac y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac.

Esto, durante una conferencia convocada por la organización para dar a conocer los efectos negativos que generarían ambos documentos de aprobarse.

En ese sentido, Robles Gil, quien también participó en el proceso de revisión y consulta vecinal de dichos proyectos, acusó que el actual PGDU solo cuenta con una división primaria del suelo de conservación y urbano, mientras que el anterior, el que aún está vigente, hace una especificación detallada del suelo de conservación, lo que contribuye a su protección.

Añadió que el documento no proyecta el aumento de áreas naturales protegidas en la capital del país.

Advierten por posibles consecuencias negativas

El también académico afirmó que, al dejar desprotegido al suelo de conservación, se deja la puerta abierta para que se hagan desarrollos inmobiliarios en las zonas de recarga del acuífero de la ciudad.

De este modo, puntualizó que, actualmente, la mayor parte del agua que se consume en la CDMX proviene de la zona de recarga de la sierra Chichinautzin, localizada en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan al advertir que el sistema Lerma-Cutzamala solo compensa lo que se pierde en fugas y por la extracción irregular de agua.

Ante dichos argumentos, Luis Miguel Robles Gil precisó que con los nuevos mecanismos de planeación y ordenamiento territorial se deja desprotegida a la sierra de Chichihuatzin, zona amenazada por los asentamientos irregulares.

En consecuencia, se abatirá más al acuífero de la ciudad, lo que podría traer consigo otras problemáticas, además de la carencia de agua.

“Nos va a generar más problemas de hundimientos diferenciales y habrá mayor vulnerabilidad sísmica”, comentó.

Asimismo, acusó que la aprobación de ambos documentos presuntamente responde a intereses económicos de las empresas inmobiliarias.

Mal comienzo en la elaboración de las estrategias

Es importante mencionar que la creación del Plan General de Desarrollo Urbano y del Programa General de Ordenamiento Territorial tiene un historial de retrasos y polémicas por la oposición de vecinos de pueblos, barrios y colonias.

De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en 2017, tanto el PGDU como PGOT debían ser elaborados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en el año 2019.

No obstante, hasta el 2020 se creó el instituto de manera formal y Pablo Benlliure Bilbao fue nombrado como su director.

Después, en julio de 2022, el organismo y el Gobierno capitalino concluyeron el borrador del proyecto de ambos documentos y los pusieron a consulta ciudadana, a través de plataformas digitales.

Sin embargo, en diciembre de ese año se suspendió el proceso por las protestas en contra y porque se quitaba la clasificación de suelo de conservación.

Medio año más tarde, en junio de 2023, las autoridades capitalinas anunciaron que, tras otro proceso de consulta ciudadana, estaba listo el proyecto final de ambos documentos para su dictaminación y votación en el Congreso local.

De este modo, fue en septiembre de 2023, tres años después de que se creó el Instituto de Planeación y un año antes de que acabe el actual Gobierno, que el Poder Legislativo comenzó con la realización de foros de Parlamento Abierto para discutir con la ciudadanía los proyectos mencionados.

No obstante, el proceso también ha sido cuestionado por la ciudadanía: el Frente por los Derechos de los Pueblos Anáhuac y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac acusó que solo fueron una simulación porque durante los ejercicios no hubo diputados presentes y que las opiniones de los ciudadanos no son integradas.