La iniciativa que analiza el Congreso de Jalisco para eliminar los sueldos de los miembros del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha encontrado oposición en el ámbito local y nacional.
El diputado José de Jesús Hurtado Torres propuso la iniciativa con el argumento de que solo eliminando el actual sueldo de los miembros del comité se puede tener certeza de que actuarán de manera autónoma y no influenciados por las autoridades estatales que les pagan cada mes.
Actualmente, los integrantes del comité son Lucía Almaraz Cázarez, Annel A. Vázquez Anderson, Jesús Ibarra Cárdenas, Nancy García Vázquez y David Gómez Álvarez.
Cada uno percibe salarios de 88 mil 435 pesos mensuales, lo que representa un egreso anual de 5 millones 306 mil 100 pesos para el estado.
Hurtado Torres es del PAN, pero logró la adhesión de otros 22 legisladores de diversos partidos políticos que lo apoyan, como Movimiento Ciudadano, Morena y el PRI.
La suma de los 23 diputados (el 60 por ciento de los que componen el Poder Legislativo), emanados de las principales bancadas en el Congreso local evidencia la inconformidad sobre la actuación del Comité de Participación Social del SEA, su costo y los resultados obtenidos en materia anticorrupción.
La propuesta de quitar los salarios ya ha sumado a 23 diputados, es decir, al 60 por ciento del Poder Legislativo en Jalisco
“Es menester la presente iniciativa (para) reformar el artículo 16 del cuerpo de leyes mencionado (Ley del Sistema Anticorrupción), en virtud de que los consejeros del Comité de Participación Social no perciban ingresos económicos.
“Esto en virtud de la imparcialidad que debe contar éste órgano de relevada importancia en el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Considerando que pueden percibir ingreso en áreas académicas”, se lee.
La defensa de los sueldos
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha pronunciado en contra del planteamiento para eliminar los sueldos de sus pares locales.
“Les expresamos nuestra profunda preocupación por la iniciativa que se ha turnado a Comisiones, relativa a eliminar la contraprestación a la que tienen derecho los miembro del CPS de Jalisco; así como la drástica reducción que previamente habrían considerado para el presupuesto de este año en el rubro registrado”, señaló el CPC nacional en un comunicado.
“Disminuir o eliminar las contraprestaciones de los miembros del CPS, autorizadas por el propio Comité de Transparencia y Valoración Salarial es contrario a las recomendaciones nacionales e internacionales para que los ciudadanos que forman parte del Sistema puedan llevar a cabo el libre ejercicio de sus servicios y la objetividad de sus aportaciones establecidos en la Ley”, dijo el 27 de febrero.
A decir del comité nacional, este proyecto de reforma para cancelar los salarios del Comité local es “contrario a lo establecido en la Ley General en la materia (…). No debe pasar desapercibido que la SCJN ya se ha pronunciado en el sentido de que la integración y funcionamiento de los sistemas anticorrupción de la entidades federativas deben ser equivalentes al SNA, tal como lo hizo al resolver la acción de inconstitucionalidad 119/2017”.
Uno de los miembros del comité nacional, sin embargo, es Jorge Alberto Alatorre Flores, quien anteriormente estuvo en el CPS de Jalisco, por lo que en su momento se vio beneficiado por ese sueldo de más de 88 mil pesos.
A nivel local, se pronunció contra la medida el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción, una instancia ciudadana que la calificó como un “grave retroceso”, puesto que significaría imposibilitar el acceso “a perfiles que no puedan dedicar tiempo completo al mismo, así como perder imparcialidad y autonomía. (…), la independencia del @cpsseajal corre riesgo ya que sus integrantes deberán tener otro medio de subsistencia”.
Lucha anticorrupción y austeridad
Las instancias que se han pronunciado en contra de la cancelación de los sueldos del CPS de Jalisco no hacen mención al hecho de que los comités de otros estados son mucho más austeros, como el de Baja California, donde el sueldo que se paga por la misma función es de 30 mil pesos, es decir, un 66 por ciento menos.
Los jugosos sueldos que ofrece la estructura del Sistema Anticorrupción jalisciense están causando inclusive que resulten atractivos para exfuncionarios públicos –recientemente ingresó al Comité, David Gómez Álvarez Pérez, quien laboró para el exgobernador del PRI, Aristóteles Sandoval Díaz-, y que sean disputados por los grupos políticos y fácticos del estado.
En el 2019, por ejemplo, fue de conocimiento público un conflicto al interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción local, debido a que su titular, Aimée Figueroa Neri, habría pretendido beneficiar con la asignación de plazas a miembros del llamado Grupo Universidad que lleva las riendas de la Universidad de Guadalajara.
Debido a que el Comité de Participación permite que sus integrantes puedan obtener otros ingresos por puestos académicos, no está claro hasta ahora cuántas horas de su día están dedicando a las funciones que tienen asignadas para el Sistema Anticorrupción y por las cuales se les paga.
El Comité, dice su portal, “tiene la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de todo el Sistema en el estado, de proponer políticas públicas, metodologías e indicadores de evaluación contra la corrupción y de generar mecanismos para que la sociedad participe en su prevención y denuncia”.
