"Abrimos la queja de oficio porque en un momento como este... probablemente las familias de las víctimas no se acerquen de motu propio”
Daba la impresión que el gobierno de Calderón tenía la intención de provocar innecesariamente a los vecinos
Si los primeros indicios de los hechos violentos ocurridos el primero de diciembre en la Ciudad de México, apuntaban hacia el surgimiento de la subversión violenta, con el paso de los días empiezan a surgir otras evidencias que debilitan esta hipótesis y fortalecen otra.
La tesis más fuerte, hasta ahora, presume la existencia de un plan de acción orquestado desde alguna instancia gubernamental que perseguiría dos objetivos políticos:
El primero, debilitar la imagen de Enrique Peña Nieto, para hacerlo debutar como un gobernante intolerante y represor frente a los que se manifiestan en su contra.
El segundo, hacer aparecer a Andrés Manuel López Obrador como el instigador de una escalada de violencia para descalificar su república amorosa.
¿Quién realmente estuvo atrás de estos movimientos violentos?
¿Son grupos radicales que decidieron manifestarse espontánea y agresivamente precisamente a partir del primero de diciembre?
¿O estamos frente a una trampa como la ocurrida el 10 de junio de 1971, el famoso Jueves de Corpus, para reventar políticos?
Entre el 1 de diciembre y los guantes blancos
Todo empezó la mañana del domingo 26 noviembre cuando millones de personas que se transportan cotidianamente en el Metro se enteraron que se habían cerrado las entradas las estaciones Santa Anita, Jamaica, Fray Servando y Candelaria de la línea 4, direcciones Santa Anita-Martín Carrera.
La orden provenía del Estado Mayor Presidencial de Felipe Calderón, sin que el gobierno del Distrito Federal pudiera haber hecho algo para evitar la decisión.
Además las “medidas preventivas” supuestamente para garantizar la seguridad en la toma de posesión de Peña Nieto, también implicaban la instalación de un cerco metálico a cargo de la Policía Federal, que aislaba 10 kilómetros cuadrados en torno a la Cámara de Diputados.
Nunca había sucedido nada igual. No había precedentes históricos de tan absurdas y exageradas medidas. Con tal prepotencia, con tanta anticipación.
Para traspasar el cerco, los vecinos de la zona tenían que acreditar que habitaban en las viviendas circundadas. Para un ciudadano común, atravesar la valla representaba tantos o más obstáculos que cruzar la frontera con los Estados Unidos.
El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, protestó la medida. El presidente de la Cámara de Diputados Jesús Murillo Karam, también.
Y hasta Miguel Osorio Chong, entonces coordinador General de Diálogo Político y Seguridad de Peña Nieto se vio obligado a intervenir para que se reabrieran las estaciones del Metro y se facilitaran los accesos a San Lázaro y a las zonas habitacionales.
Daba la impresión, ya desde entonces, que el gobierno de Calderón tenía la intención de provocar innecesariamente el enojo y la molestia de los vecinos de San Lázaro. De predisponerlos en contra del arribo del nuevo gobierno.
Y es que la muy anticipada instalación del cerco, además de violentar las garantías de tránsito, no se justificaba desde ningún punto de vista.
Menos aún cuando el propio Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres, y el movimiento Yosoy132, habían anunciado que continuarían con sus manifestaciones pacíficamente.
El halconazo
En la historia reciente de México ha habido miles de manifestaciones, pero las violentas, se pueden contar con los dedos de la mano.
Y en todas ellas, con el paso tiempo, se ha descubierto que la violencia fue provocada desde alguna instancia de gobierno, con objetivos políticos muy específicos.
Asi sucedió con la participación de los guantes blancos del batallón Olimpia en los sucesos del 2 de octubre de 1968.
Y así ocurrió también con la matanza del llamado Jueves de Corpus de 1971, cuya verdadera historia fue relatada por Alfonso Martinez Dominguez al respetado activista de izquierda Heberto Castillo.
“No, señor presidente. Creo que si realizan su marcha no habrá mayores problemas. Soy de la opinión de que no se tomen sino medidas precautorias. Vigilar que no haya provocaciones. No habrá problemas”.
Quien así hablaba era el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez.
El presidente Luis Echeverría lo había convocado para analizar los riesgos de una marcha de protesta que se realizaría el 10 de junio de 1971.
Sin embargo, Echeverría daba la apariencia de no estar de acuerdo con la opinión de Martínez Domínguez:
“No, Alfonso. La izquierda me está toreando, quiere que muestre debilidad y entonces se me subirán a las barbas. Los meteremos al orden.»
La verdad sobre lo que sucedió entonces se supo años después a través del relato de Martínez Domínguez a Heberto Castillo.
En realidad, el objetivo primordial de Echeverría era deshacerse de Martínez Domínguez, porque el político que años después fue gobernador de Nuevo León, “tenía pasado y fuerza política. Le hacía sombra al presidente.”
Y por eso el presidente de la República había diseñado un plan para hacer aparecer al jefe de gobierno del Distrito Federal como un represor intolerante ante la ciudadanía.
El 10 de junio de 1971 los jóvenes marcharon y sobrevino la masacre.
Martínez Domínguez no pudo hacer nada por evitarla porque Echeverría lo había convocado a Los Pinos a una reunión de trabajo.
“Nada pudimos hacer. La marcha se llevó a cabo y los halcones adiestrados en el Departamento del Distrito Federal, con la complacencia de la policía, golpearon a periodistas, rompieron cámaras fotográficas, hirieron, mataron y remataron muchachos, hasta en las camas del hospital Rubén Leñero, en la Cruz Verde.”
De acuerdo con el relato de Martínez Domínguez, Echeverría había instruido directamente al jefe de la policía del DF, Rogelio Flores Curiel, para que mandara al grupo paramilitar bautizado como “Los Halcones” a reprimir la manifestación.
Años después Echeverría hizo gobernador de Nayarit a Flores Curiel, mientras que se encargó de que todo el peso moral de la marginación política recayera en Martínez Domínguez.
El que fuera gobernador de Nuevo León relató que en la reunión el presidente Echeverría se levantó de la mesa en varias ocasiones a hablar por teléfono. Se advertía que le reportaban acontecimientos graves.
Martínez Domínguez afirma haber escuchado que el presidente decidía por teléfono: “Quemen a los muertos. Que nada quede. No permitan fotografías…”
Llegó el momento en que Echeverría interrumpió la reunión. Se dirigió con Martínez Domínguez y le dijo:
“Alfonso, han ocurrido hechos sangrientos. Los estudiantes agredieron a la policía y hubo muertos y heridos. La situación es grave. Necesita usted ir a sus oficinas y dar una conferencia de prensa.”
Se trataba de que Martínez Domínguez saliera a decir que grupos estudiantiles antagónicos se habían enfrentado en la calle.
El jefe de gobierno atendió fielmente las indicaciones del presidente, tanto que al reencontrarse más tarde con Echeverría, el presidente lo felicitó “por su buena memoria”.
Echeverría también pidió a Martínez Domínguez que le organizara una gran manifestación de apoyo en el Zócalo para el 15 junio.
La manifestación se realizó exitosamente, tal y como el presidente lo había ordenado. Sin embargo, horas después el regente de la ciudad de México fue convocado a Los Pinos.
“Me dijo: Alfonso, vaya usted a su hogar, reúna a su esposa y a sus hijos y dígales que va a servir al presidente de la República.”
“Dígales que ha renunciado usted al cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal. Sirve usted así al presidente y a su amigo”.
Echeverría había logrado deshacerse de Martínez Domínguez.
Los infiltrados y grupos de choque
Mientras Enrique Peña Nieto estaba por llegar al recinto de San Lázaro la mañana del primero de diciembre, los legisladores de izquierda denunciaban desde la tribuna la represalia violenta que en esos momentos ocurría en contra de quienes se manifestaban en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.
Y sí. En el cruce de las avenidas Eduardo Molina y Emiliano Zapata se habían dado enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Los manifestantes lanzaban bombas molotov, palos y piedras en contra de los policías. Y estos a su vez respondían con gases lacrimógenos y balas de goma.
Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de diversas personas, también había civiles que claramente actuaban a las órdenes de la policía.
El periodista Raúl Tortolero, colaborador de Reporte Indigo, afirma que en el lugar de los hechos “la Policía Federal llevaba agentes no uniformados que recibían órdenes de los mandos presentes”.
“Vestían en mezclilla, playeras, como estudiantes, como civiles. Algunos se tapaban la cabeza con capuchas o la cara con paliacates. Eran claramente una fuerza de choque especial de la Policía Federal. Eran infiltrados”.
Obviamente la condena en contra de los vándalos se generalizó. Era imposible dejar de hacerlo.
Las escenas de los videos mostraban a los manifestantes lanzando bombas de gas lacrimógeno y causando destrozos en los establecimientos de la avenida.
Sin embargo, a pesar de estas escenas, subsistían los cuestionamientos.
¿Por qué los opositores a Enrique Peña Nieto, que siempre se habían manifestado pacíficamente en la ciudad de México, se habrían convertido, de la noche la mañana, en agresivos y violentos?
¿Eran los mismos?, ¿Eran provocadores profesionales al servicio de alguna instancia política o de gobierno?
La confusión y la inmediatez de los hechos no permitía ni siquiera configurar alguna hipótesis más o menos sólida, que la de la de una aparente subversión violenta de grupos extremistas de izquierda.
Detenciones arbitrarias
La policía pasó de la defensiva a la ofensiva. Y empezaron a hacer detenciones. Detuvieron a 69 personas. Fueron 58 hombres y 11 mujeres acusados como presuntos responsables de cometer diversos delitos graves cuyas penas podrían llegar hasta a 45 años de prisión.
Sin embargo poco a poco la hipótesis de la “subversión” parecía debilitarse frente a la hipótesis de la conspiración política.
Y es que conforme pasan los días, aumentan las evidencias que acreditan que en los disturbios del primero de diciembre participaron civiles que actuaron bajo las órdenes de la policía.
Víctimas políticas
Si existió o no una intención preliberada para crear un problema político contra el presidente Peña Nieto, y de paso a Andrés Manuel López Obrador, el hecho es que ya lo tienen.
Desafortunadamente a uno y a otro se les imputa precipitadamente alguna responsabilidad en los hechos.
A Peña Nieto algunos los acusan de ser un represor, cuando apenas estaba tomando posesión del cargo.
Sus adversarios ni siquiera se han detenido a analizar que el discurso del nuevo presidente dio un giro de 180 grados respecto a su predecesor Felipe Calderón.
El nuevo presidente habla de la paz. Calderón, de la guerra.
Además, resulta obvio que al último que le convenía que su gobierno se inaugurara con actos violentos y de represión, era al propio Peña Nieto.
Por otra parte, otros acusan a López Obrador de ser un instigador de la violencia.
Sus detractores dejan de lado el hecho de que el excandidato presidencial siempre ha dejado constancia de que su lucha es pacífica.
Ni en sus protestas más agresivas, las que bloquearon por semanas Paseo de la Reforma, se dieron actos vandálicos como los del pasado primero de diciembre.
Es obvio, también, que ni a López Obrador, ni a su movimiento político, les convendría ser percibidos por la población como violentos.
Y si no se ha podido acreditar fehacientemente que la violencia del primero de diciembre haya sido promovida por un movimiento subversivo, y sí se ha podido acreditar que en las acciones de la policía hubo presencia de civiles bajo el mando de la policía, y detenciones de inocentes, cabría preguntarse:
¿No estaríamos entonces frente a una provocación violenta como la que ocurrió en 1971 con los llamados Halcones?
Confirma CDHDF tortura en San Lázaro
Por Adriana Amezcua
Desde el primer momento, las irregularidades quedaron a la vista. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ratifica que las denuncias por las prácticas contra los detenidos tras las manifestaciones del 1 de diciembre tienen sustento.
En el marco del operativo policiaco puesto en marcha durante los disturbios, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) habrían detenido de forma arbitraria a 22 personas, según un informe preliminar dado a conocer el jueves 6 de diciembre por la comisión que preside Luis González Placencia.
Unos pasaban por la zona por casualidad. Otros se manifestaban pacíficamente. Algunos se encontraban cubriendo los eventos que acontecían. Otros más trataban de socorrer a quienes eran agredidos por las fuerzas policiacas.
Sin razón alguna “no realizaban ningún acto violento que alterara el orden público”, varios jóvenes fueron introducidos en coches patrulla. Luego, fueron trasladados a agencias del Ministerio Público y después, consignados en reclusorios capitalinos, argumentando que habían cometido “actos vandálicos”.
La Comisión indaga también cuatro supuestos casos de tortura contra jóvenes que se manifestaban pacíficamente durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.
Tres de ellos habrían sido torturados con aparatos de choques eléctricos y a otro más le habrían causado tormentos físicos graves.
“Abrimos la queja de oficio porque en un momento como éste, que generó muchísima confusión, probablemente las familias de las víctimas no se acerquen de motu propio a interponer quejas ante la Comisión”, comenta González Placencia a Reporte Indigo.
Entrevistado horas antes de darse a conocer el informe preliminar del caso denominado “1D”, el titular de la CDHDF apunta que esta queja abarca todas las aportaciones relativas a las 69 personas detenidas en el primer día de Gobierno de Peña Nieto.
El organismo público ha solicitado a la autoridad correspondiente que le suministre información concreta que contribuya a esclarecer lo ocurrido en el centro histórico de la Ciudad de México.
Ha solicitado a la SSPDF que les remita los videos oficiales con los que cuenta, las transcripciones de radio de las conversaciones entre jefes policiales y agentes durante ese día, así como la línea de mando o el plan estratégico para atender la contingencia, entre otros requerimientos.
En el momento de la conversación con González Plascencia, dicha información no había sido publicada.
El ombudsman capitalino asegura que la institución que encabeza defenderá a las personas detenidas injustamente y cuyos derechos humanos se han violentado durante la detención o el debido proceso.
Pero precisa que rebasa el ámbito de actuación de la CDHDF poder investigar o determinar quién está tras los disturbios cometidos el primero de diciembre o si hubo grupos de choque que actuaron con premeditación. Aclarar esto es obligación, dice, de la Procuraduría de Justicia.
Sin embargo, el defensor de los derechos humanos señala “es importante que, en el cumplimiento de su papel, no haya personas inocentes que resulten incriminadas”.
Agentes encubiertos
Otro tema a clarificar es la participación de agentes encubiertos en los disturbios de la Alameda Central, posteriores al enfrentamiento en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, una práctica que la CDHDF ha condenado en varias ocasiones.
“Es importante que la policía preventiva esté plenamente identificada”, subraya González Placencia.
Y agrega que, si bien es factible que haya policías de investigación “una facultad reservada a la policía adscrita al Ministerio Público” éstos no están facultados para hacer detenciones en la vía pública.
Por eso, afirma que están investigando “con mucha responsabilidad” los testimonios que sustentan que agentes no uniformados detuvieron a varias personas. Y que, en caso de comprobarse, “nos pronunciaremos con toda energía”, asegura el doctor en política criminal.
En algunos casos, la CDHDF está coadyuvando a los defensores de los detenidos y han hecho una revisión minuciosa de las evidencias disponibles.
Por ejemplo, analizaron los vídeos que circulan en las redes sociales y otros aportados por los familiares de los detenidos.
De este modo, hicieron una comparación para ver cuántas de las personas que aparecen en las imágenes estaban vinculadas con los nombres de los detenidos, así como los casos donde se puede presumir que no tienen relación con los hechos violentos.
Por otra parte, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades mexicanas para que se investiguen los hechos del #1DMX de forma pronta, imparcial y exhaustiva, respetando los derechos humanos de los detenidos.
Ante las denuncias y la evidencia del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes durante los desmanes, el organismo internacional solicitó que se informe de los resultados de la indagación.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong negó el jueves pasado que se hayan realizado detenciones arbitrarias y que se hayan utilizado balas de goma, pero que se investigarán los sucesos, y el nuevo alcalde, Miguel Ángel Mancera, se dijo dispuesto a asumir todas las responsabilidades por los hechos, en el programa de Carmen Aristegui.
El caso Uriel
No fue detenido, sino que acabó en el hospital gravemente herido. El caso de Uriel Sandoval Díaz, el estudiante de Ciencias Ambientales y Cambio Climático de la UNAM que perdió su ojo derecho tras una agresión del 1 de diciembre, ha sido muy difundido en medios nacionales y redes sociales.
Ayer, el joven, de 22 años, fue dado de alta y en rueda de prensa al abandonar el centro hospitalario informó de que ha presentado una denuncia por tentativa de homicidio y abuso de poder.
El miércoles 5 de diciembre aseguró, desde su cama del Hospital General al programa Noticias MVS, que su único delito fue usar “el derecho a la libre manifestación de mis ideas”. Describió cómo, al manifestarse en las inmediaciones de San Lázaro, él, su novia y otros jóvenes fueron agredidos con gases lacrimógenos.
Lo último que oyó fue que gritaron: “¡Bala, bala!”. Después, un fuerte golpe nubló su vista y ya solo pudo ver con un ojo.
Su madre, María Leonor Díaz, ha pedido a las autoridades que respeten los derechos de su hijo y que le den seguridad en una intervención en el programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui. Díaz solicitó también que se aclare con urgencia la situación jurídica de su hijo ya que hasta la fecha –y tras amplios interrogatorios por parte de policías federales y médicos legistas– no existe ningún cargo en su contra.
La madre de Uriel indicó que resulta preocupante cómo se está abordando el tema en algunos medios de comunicación: “Muestran a los manifestantes como personas violentas, aunque muchos de ellos, como es el caso de mi hijo fueron a expresarse de forma pacífica”.
— Arbitrariedad: botones de muestra
Caso Judith
Judith Gómez Contreras está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla sin haber cometido delito alguno, de acuerdo con las denuncias de su defensa, sus familiares y sus amigos que han montado una red de apoyo para llamar la atención sobre su situación.
El 1 de diciembre acudió a una manifestación pacífica en contra de la toma de posesión de Peña Nieto. La joven, de 27 años, que en la actualidad trabaja en el Cine Tonalá, fue detenida en Filomeno Mata. En ese lugar, un grupo de granaderos “los encapsuló a ella y otros compañeros que se manifestaban pacíficamente en esa calle”.
Así lo narra a Reporte Indigo su hermano Luis. El arquitecto dice que, de ahí, fue trasladada al Ministerio Público 50, donde permaneció todo el fin de semana.
Sin pertenecer “a ningún grupo”, fue acusada de formar parte de los actos violentos que ocurrieron en la Avenida Juárez, lejos del lugar donde se encontraba.
A su familia le habían dicho que iba a salir libre, pero en la madrugada del lunes 2, fue trasladada a Santa Martha Acatitla y no solo está señalada por realizar ataques contra la paz social, sino que están identificándola como una de las líderes de los hechos violentos acontecidos en la Avenida Juárez.
“Es totalmente falso. Estamos juntando pruebas, con fotos y vídeos de que ella no estuvo ahí, sino en Filomeno Mata”. dice su hermano.
Su caso se ha agravado. El martes por la noche, medios como Cadena 3 y el canal 28 airearon una foto de su hermana, indicando que era una de las responsables de los destrozos en un hotel del Centro Histórico.
En las informaciones difundidas, se sostenía que, entre las pertenencias de los inculpados, “entre ellas, las suyas, había bombas molotov y granadas de fragmentación, lo que anticipaba que los hechos violentos estaban premeditados”.
A los padres de Judith, que están siguiendo con detalle su proceso, no les han querido entregar sus pertenencias. Su madre la ha visto una vez, en buen estado, aunque al parecer no les darían alimentos ni agua y los detenidos estarían totalmente incomunicados y sin contacto con el resto de la población penal, siempre según los testimonios de Luis.
El pasado miércoles, Judith Gómez declaró ante el Juzgado 47 del Reclusorio Norte y sus familiares esperaban informaciones sobre su audiencia.
Caso Mariana
Mariana Muñiz, estudiante de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, fue detenida de igual modo en la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo.
A ella y más de 30 compañeros, en su mayoría mujeres, les acusaron de perturbar la paz pública, aunque nunca estuvieron en el lugar donde ocurrieron los ataques.
De todos los detenidos, Mariana es la única estudiante de teatro y está presa en el reclusorio femenil de Santa Martha.
En espera de ser procesada, su abogado, el activista Jesús Robles Maloof, ha referido que fue consignada sin que se presentaran pruebas en su contra.
No obstante, sobre esta integrante del colectivo Artistas Aliados pende la amenaza de cárcel de entre 5 y 30 años.
Ayer a las 5 de la tarde, varios ciudadanos acudieron a protestar por su detención arbitraria en el andén del Metro Santa Martha, de la Línea A Pantitlán, La Paz. En ese acto, divulgaron las pruebas de que el 1 de diciembre Mariana sólo realizaba una protesta artística, en una calle donde los disturbios no acontecieron.
Protestas online
Artistas como Héctor Bonilla, Damián Alcazar y Laura Esquivel se manifestaron en video en contra de los supuestos abusos de autoridad que se dieron en las protestas.
