El estado de Sonora sigue siendo una alerta constante tanto para la administración del gobernador Alfonso Durazo como para la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muestra de esto son las recientes cifras en materia de homicidios dolosos, así como las exigencias y protestas ciudadanas en cuanto a seguridad y derechos humanos.
Sonora acumuló un total de 876 homicidios dolosos durante el primer semestre de 2022, siendo el séptimo estado en la lista a tan solo 50 casos del sexto, Chihuahua, y sacándole casi 200 al octavo, Guerrero. Esto según muestra el informe mensual del Gabinete de Seguridad de López Obrador presentado en su conferencia matutina del 20 de julio.
En el marco de este informe, Durazo recibió a la plana mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: la secretaria Rosa Icela Rodríguez; al subsecretario Ricardo Mejía Berdeja; al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y al general Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia.
Aprovechando para celebrar reuniones de las zonas noroeste y noreste de las conferencias nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario, uno de los principales temas a tratar fue el despliegue de elementos del Ejército y la Marina como parte de la Guardia Nacional para tareas de seguridad.
Fue Durazo quien pidió revisar la reforma constitucional que dio un plazo de cinco años para este despliegue.
“Es necesario revisar ese artículo transitorio toda vez que es imprescindible, cuando menos en Sonora, darle continuidad a la colaboración de esas dos extraordinarias instituciones que todos los días nos ayudan a combatir la inseguridad”, dijo tras la reunión.
“Es imprescindible, cuando menos en Sonora, darle continuidad a la colaboración de esas dos extraordinarias instituciones (el Ejército y la Marina) que todos los días nos ayudan a combatir la inseguridad”
Sonora tras Caro
La cumbre de seguridad también coincidió con el violento fin de semana que vivió Sonora, en particular el municipio de Guaymas, que a su vez se vinculó con la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, cuya estructura criminal se había asentado en el estado y se encontraba en confrontación con la de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Aunque fue capturado por elementos de la Marina en el vecino estado de Sinaloa el viernes 15 de julio, el llamado “narco de narcos” había establecido sus operaciones en Sonora desde su liberación en 2013, encabezando una organización identificada como el Cártel de Caborca que peleaba las rutas de la entidad a “Los Chapitos” y sus aliados.
Entre el viernes 15 y el martes 19 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó un total de 13 asesinatos, nueve de ellos tan solo en el puerto de Guaymas en el transcurso del fin de semana posterior a la captura de Caro Quintero. Aunque tanto medios locales como nacionales contabilizaron extraoficialmente 28 casos.
A las alarmas del incremento de la narcoviolencia en Sonora por el vacío de poder que deja Caro Quintero se suman casos mediáticos y virales como la balacera grabada antes de la medianoche del domingo 17 en el fraccionamiento Los Lagos, al norte de Guaymas, cuyas imágenes y audios inundaron redes sociales durante los siguientes días.
Las alarmas se encendieron en Sonora por el vacío de poder que dejó Rafael Caro Quintero tras su captura
Desesperación creciente
Mientras la violencia en Sonora continúa, aumenta la desesperación por uno de sus efectos más desgarradores: la crisis de desaparecidos que suma cuatro mil 248 personas no identificadas en la entidad y que parece tener en el desamparo a los colectivos de familias buscadoras que han logrado avances pese a las adversidades.
En mayo pasado, Ceci Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, informó que suspendería la búsqueda de su hijo Alejandro que inició en 2015 debido a las amenazas de muerte que recibía, mismas que la habían obligado a desplazarse del estado y a buscar la protección del Gobierno federal.
El pasado 12 de julio, Flores interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el subsecretario Alejandro Encinas, encargado de los programas de búsqueda y protección, luego de que este dio a conocer datos como el número de personas en los mecanismos de seguridad y las medidas con las que cuentan, entre otros.
Tras protestar frente a la Secretaría de Gobernación y amagar con tomar Paseo de la Reforma, Flores y otros integrantes de colectivos de búsqueda se reunieron con el secretario Adán Augusto López el lunes 25 de julio con la exigencia de que el Estado mexicano les reconozca como víctimas y, de nueva cuenta, criticar la labor de Encinas.
“Mi reunión con Adán Augusto no fue como esperaba. Pedí la renuncia de Encinas y lamento que no pueda hacerlo. Su equipo amablemente recibió documentos y pruebas. En una semana veremos avances o tomaremos otra estrategia. #HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre”, publicó Flores en su cuenta de Twitter tras el encuentro.
Mi reunión con @adan_augusto no fue como esperaba. Pedí la renuncia de @A_Encinas_R y lamento que no pueda hacerlo. Su equipo @SEGOB_mx amablemente recibió documentos y pruebas. En una semana veremos avances o tomaremos otra estrategia. #HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre
— Ceci Flores (@CeciPatriciaF) July 25, 2022
