El Gobierno federal anunció el día de ayer que prepara un decreto para liberar a cientos de presos acusados de delitos no graves, encarcelados por más de 10 años sin sentencia, mayores de 65 años, con enfermedades crónicas y cualquier interno que haya sufrido tortura, siempre y cuando sea comprobado por el protocolo de Estambul, normas para documentar la tortura adoptadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace más de 20 años.
El problema es, coinciden expertos, que en ‘México la tortura está fuera de control’, impera la impunidad, falta la aplicación de protocolos y quienes avalan que un preso padeció tortura son las mismas autoridades que practican los castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, casi siempre al querer obtener una confesión.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura fija sanciones de hasta 12 años de prisión, quinientos días de multa e inhabilitación en el servició público al funcionario que torture
Una semana antes del anuncio del presidente López Obrador, la Organización Contra la Tortura (OCT) reveló que en México la impunidad y la falta de reconocimiento de las víctimas de tortura persiste y no retrocede. Además, recordó la fallida Ley de Amnistía, con la cual en más de un año desde su aprobación solamente se han liberado a cinco personas y la Comisión encargada de analizar los casos sesiona en promedio dos veces por año.
“Medidas como la Ley de Amnistía, que fueron aprobadas para reducir la superpoblación y proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, así como figuras de sustitución de la pena o preliberación, previstas en la ley vigente, no se han traducido en una reducción de la población penitenciaria.
“En la práctica, sigue habiendo una falta de voluntad y de recursos, que se muestra, de forma particular, en la actitud y prácticas, lentas y obstructivas, de la mayor parte de las instituciones implicadas en la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, de terminar con esta práctica”, señaló la organización internacional.
’Tortura fuera de control’
En el mismo sentido Amnistía Internacional acusó que en México la tortura está fuera de control y reveló que siete de cada 10 personas detenidas fueron torturadas, en mayor medida, mujeres víctimas de tortura sexual.
“La tortura en México está fuera de control. La población mexicana sabe que en su país prácticamente cualquiera puede ser torturado. Mientras tanto, las autoridades miran hacia otro lado y confían en que la comunidad internacional también lo haga”
De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (marzo 2021) en el país existen 219 mil 117 personas en prisión, por lo que de acuerdo con el promedio dado a conocer por Amnistía, más de 150 mil presos habrían sido torturados.
Un informe publicado por la organización Centro ProDH señala que en promedio en una década al menos 17 mil presos han denunciado tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero en los últimos 10 años solo ha habido ocho sentencias condenatorias por tortura a nivel estatal y cinco a nivel federal, imperando la impunidad. Esto pese a que desde el 27 de diciembre de 1991 existe la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Dicha ley fija sanciones de prisión de tres a 12 años, de doscientos a quinientos días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a cualquier servidor público que “ inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionar para que realice o deje de realizar una conducta determinada”.
Letra Muerta
Al respecto Viridiana Valgañón, abogada senior en la área de litigio de EQUIS Justicia para las Mujeres comenta que las leyes y mecanismos para erradicar y castigar la tortura, pero quedan en letra muerta.
“Existen ojos cerrados contra la tortura de los procuradores e impartidores de justicia. El problema es que más allá de la buena voluntad del decreto, lo que pasa en los hechos es que los jueces y las Fiscalías no se han hecho cargo de dar seguimiento a las denuncias de tortura de las personas que son detenidas o procesadas”, comenta.
Durante el anuncio del decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que uno de los requisitos para poder acceder a la liberación es comprobar haber sido víctima de tortura bajo el protocolo de Estambul, algo casi imposible ya que muchas de las denuncias por dicho delito no son atendidas.
“Van a exigir que presentes tu protocolo de Estambul para demostrar que fuiste torturado pero si nadie atendió tu denuncia de tortura no tienes protocolo. Ese es uno de los grandes retos.
“El problema es que México no existe una institución encargada de dar seguimiento a las denuncias de tortura con especialistas que tengan las credenciales, la experiencia y que cumplan con el requisito de independencia para aplicar protocolos de Estambul”, agrega la especialista.
Valgañón aclara que quienes deben de realizar las investigaciones de tortura contra personas en prisión tienen que ser independientes de las autoridades de justicia y fiscalías y no personal adscrito a la misma institución que comete el delito.
“Actualmente tenemos que la institución que te torturó es la que determina si fuiste víctima de tortura. Por eso, de manera casual y reiterada los protocolos siempre salen en negativo”
Respecto a la impunidad para castigar el delito de tortura, la especialista ejemplifica con lo que ocurrió en 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, cuando fuerzas policiacas torturaron sexualmente a 26 mujeres.
“No se atienden las denuncias de tortura, es muy bajo el número de personas que son sentenciadas, como en el caso de Atenco en el que solamente ha sido sentenciado un agresor. Ya lo decía el Relator Especial de la ONU sobre la tortura (Juan E. Méndez) ‘México es un país en el que la tortura es cotidiana y ejercida por las fuerzas del Estado.
“Por eso creo que no es una prioridad (del Gobierno federal) ayudar a las personas privadas de la libertad, ya lo hubieran hecho efectivo con la Ley de Amnistía, más bien lo que hay es un intento de discursar desde el populismo una serie de elementos que se presentan como beneficios pero que ya están previstos en la ley”, concluye.