La demanda de justicia nunca se detiene en el país, por ello, para hacer frente a las adversidades que llegaron con la pandemia de COVID-19, los poderes judiciales y legislativos han buscado entrar a la nueva normalidad de la mano de diversas soluciones tecnológicas.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , el Ministro Arturo Zaldívar, señaló que en todos los rubros la sociedad se debe adaptar a esta nueva realidad.
Al impartir la Conferencia Magistral “El PJF, retos y oportunidades después de la pandemia”, Zaldívar dijo que “los jueces tenemos que buscar fórmulas creativas para seguir prestando la función tan importante que nos encomienda la Constitución y hacerlo de forma eficaz con una gran sensibilidad social y humana”.
Además, destacó que el cambio más importante en el Poder Judicial fue a partir de junio, cuando inició la justicia en línea de manera completa, pues a partir de entonces todos los juicios, procedimientos y recursos se pueden tramitar de manera digital.
Sin embargo, en entrevista para Reporte Índigo, organizaciones de la sociedad civil señalan que aún hace falta un estándar nacional de acceso a la justicia tras la pandemia, lo que podría provocar un servicio de justicia dispar y, en algunos casos, hasta insuficiente.
Transparencia Mexicana y Tojil realizaron una investigación sobre el estado de los Poderes a nivel federal y estatal sobre su capacidad para dotar a la población de esquemas de justicia digital y encontraron que, luego de 120 días de suspensión de actividades y plazos, el Federal y 25 estatales ya reactivaron sus actividades mientras que estados como Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán seguían con suspensión parcial.
Adriana Greaves, cofundadora de Tojil, recalca la importancia de no olvidar que antes de la pandemia, en México ya existía una deuda en acceso a la justicia.
Tener justicia en el país es complicado, es muy difícil que sea pronta y con la pandemia se hizo más amplia esa brecha para acceder a ella pues su impartición no fue catalogada como una actividad esencial y el Poder Judicial a nivel nacional solo estableció atender asuntos de emergencia o urgentes, pero hasta en eso hubo conflictos pues no establecieron los criterios para catalogar un asunto como urgente, no hubo claridad
De acuerdo con las organizaciones, hasta el 19 de agosto, 19 poderes judiciales operan de manera presencial, 10 poderes, incluido el Federal, de forma mixta (opción de acudir a las instalaciones o tramitar vía virtual), una de manera virtual que es el caso de Tamaulipas donde el ciudadano no puede optar por tramitación presencial y es un juez quien lo autoriza en ciertos casos, tres estados (Chiapas, Oaxaca y Yucatán) se encuentran prácticamente cerrados pues suspendieron la tramitación presencial (salvo casos de excepción) y no cuentan con la opción de un tribunal digital.
También señalan que entre los 29 estados que ofrecen el servicio de justicia de manera presencial o mixto, 26 establecieron alguna restricción para la atención presencial al público, por ejemplo, la obtención de una cita previa o la limitación a horarios o días específicos.
De igual forma, se especifica que solo 28 poderes judiciales, incluido el Federal, permiten consultar acuerdos digitales mientras que Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala no cuentan con esta modalidad.
“Aunque ya se trabaja en esta migración a lo digital, la apertura de los poderes ha sido de manera escalonada y en general no han abierto completamente su trabajo, pues mientras algunos estados permiten seguir el juicio en línea o hacer la denuncia, otros no dejan hacer el seguimiento de la queja interpuesta”, declara Greaves.
Máxima publicidad de la justicia a medias
La investigación señala que aunque el Poder Judicial Federal y 21 poderes judiciales permiten el desarrollo de audiencias a través de videoconferencias, sólo Nuevo León y Coahuila prevén acceso a las audiencias penales de manera remota.
“La Constitución es muy clara al reconocer el principio de publicidad como un elemento esencial del proceso, pues es en favor de los derechos de las víctimas, se le dio un rol de control de vigilante y de contrapeso para poder acceder a las audiencias pero, al argumentar que se quería disminuir el riesgo de contagio, algunos poderes optaron por realizar las audiencias a puerta cerrada”, expone.
A pesar de algunos de los atrasos que presentan los poderes, las organizaciones de igual forma señalan las ventajas que se obtienen con la justicia digital. Por ejemplo: nueve poderes judiciales (Federal, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas) ya cuentan con todos los mecanismos digitales para operar el llamado “juicio en línea”: recepción de escrito inicial y subsecuentes, consulta y notificación de acuerdos, celebración de audiencias y emisión de sentencia por vía digital.
También se destaca que siete poderes permiten la recepción de escritos iniciales en línea: CDMX, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Quintana Roo.
Ante dicho escenario y al analizar ventajas y desventajas, Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, asegura que la justicia digital no solo es posible en México sino que resulta de carácter indispensable.
“Los tribunales suelen estar en las capitales de los Estados, es decir, que el traslado de las personas a dichos lugares es costoso en recursos y tiempo, además que se vuelve una barrera a la justicia, por eso, si se logra tener una justicia digital digna, se van a reducir dichos costos y va a aumentar la transparencia del proceso”, comenta.
Para el director de la organización es crucial aprovechar este momento de la pandemia para transitar de la justicia física a la digital y así acercar los servicios judiciales a toda la población
“Los impartidores de justicia pueden cambiar su manera de trabajar, pero la calidad de los servicios no debe hacerlo” recalca.
Al preguntarle sobre qué herramientas pueden usar las autoridades en su favor, Bohórquez destaca que si bien Zoom es una plataforma disponible para prestar teleservicios a distancia, existe tecnología de bajo costo que puede utilizarse, por ejemplo, la máxima publicidad de las audiencias penales puede darse por canales como Youtube.
