El pasado dos de febrero, Diana Arredondo participó en el proceso de designación de un nuevo integrante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Durante la comparecencia fue cuestionada por un diputado local debido a que ésta era divorciada.
Ante esta situación, la aspirante presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que este lunes determinó que sí hubo violaciones a sus derechos políticos por el trato discriminatorio con que fue cuestionada.
El buen juez por su casa empieza, fue una de las frases que utilizó Alberto Casas Reynosa, legislador local por la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. Dichos cuestionamientos incomodaron a la ponente, quien lo expresó al momento del percance en la comparecencia.
“Su pregunta que es atentatoria a mis derechos humanos y de las mujeres en Jalisco. Las condiciones que rodean a las personas divorciadas no tienen nada que ver con las capacidades de las personas”, afirmó Arredondo Rodríguez.
Con maestría en derecho comercial y de empresa, así como un doctorado en derecho, Diana Arredondo venía impulsada por diversas organizaciones de mujeres que buscaban una mayor inclusión. Con la queja de la aspirante, también se emitieron una serie de críticas al legislador, que pidió disculpas vía sus redes sociales.
“Al legislador se le pide ofrecer una disculpa, en el marco de una sesión oficial del Congreso del Estado de Jalisco, dirigida a la ciudadana agraviada, y extensiva a todas las ciudadanas del estado de Jalisco. Dicha disculpa incluirá la afirmación expresa de respetar la obligación que como autoridades del Estado mexicano tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como de abstenerse de cometer cualquier acto de discriminación motivado por el género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las ciudadanas jaliscienses”, señaló el organismo como sanción.
Mientras que al resto de la legislatura se le recomendó ceñirse a los lineamientos siguientes para la designación de nuevos puestos y trabajar en materia de igualdad de hombres y mujeres que aspiren a los cargos designados por el Congreso. Del mismo modo en que expresaron la necesidad de implementar el principio de paridad para los órganos jurídicos del estado.