La otra agenda: ciudadana

La sociedad civil no ceja en su intento de llevar una agenda ciudadana al Congreso de la Unión.

Hoy, en un hecho sin precedentes, organizaciones civiles de derechos humanos, promotoras de la transparencia y la rendición de cuentas, y agrupaciones empresariales, dan a conocer una agenda común que impulsarán en el Congreso de la Unión.

El eje central de la propuesta y el seguimiento ciudadano del Legislativo será el combate a la impunidad.

Los precedentes más cercanos en que la sociedad civil participó en el proceso legislativo están en la construcción de la legislación en materia de transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Ahora, la agenda de la sociedad civil comprenderá nuevas propuestas legislativas y el seguimiento de las que ya fueron aprobadas.

Bajo el lema #VamosPorMás, la sociedad civil irá por una segunda generación de reformas del 

Sistema Nacional Anticorrupción; el seguimiento a la asignación de recursos públicos del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; y un nuevo impulso a la legislación en derechos humanos.

Además, con el principio de “Designaciones contra la corrupción y la impunidad”, este frente social 

vigilará también el nombramiento de los nuevos funcionarios y participantes del Sistema 

Anticorrupción, así como a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de un ente que consideran fundamental para combatir la impunidad: el o la titular de la Fiscalía General de la República.

La agenda ciudadana será paralela a la que presentaron todos los grupos parlamentarios en ambas Cámaras para el periodo ordinario de sesiones que comienza mañana y terminará el 15 de diciembre próximo.

Sin embargo, la agenda ciudadana estará libre de los intereses de los partidos políticos. De hecho, lo que buscan es desterrar lo más posible la partidización en el Congreso de la Unión, para hacer de la tarea legislativa una labor de Estado.

Los miembros del Congreso de la Unión nuevamente se enfrentarán a una sociedad civil ávida de participar y que, por primera vez, aglutinará a varios sectores que antes defendían su agenda por separado.

La coalición social en torno a los grandes temas nacionales se hace cada vez más grande.

Contra la impunidad

La principal motivación de quienes han decidido formar este frente social amplio es terminar con la impunidad que se ha enseñoreado en el país.

Edna Jaime, directora general de la organización México Evalúa, considera que un problema común exige el impulso de una agenda común, para tener mejores resultados.

“El tema que de alguna manera vincula todos nuestros esfuerzos es el de la impunidad. Y estamos hablando de la impunidad de quienes perpetran una violación de derechos humanos y quienes cometen un acto de corrupción. Entonces creemos que podemos ir articulando una agenda que aborde los problemas estructurales de impunidad en el país”, subraya Jaime.

Con la finalidad de tener un papel más activo en la discusión de los temas legislativos y en los nombramientos que se deciden en el Congreso de la Unión, las organizaciones civiles han anunciado que se acercarán a ambas Cámaras para participar con los legisladores federales.

El nuevo frente social lo conformarán organizaciones relacionadas con la defensa de derechos humanos, como la Fundación para la Justicia para el Estado de Derecho; la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro Pro Derechos Humanos; SeraPaz; o el Instituto de Justicia Procesal Penal.

Estarán también representantes de organizaciones dedicadas a los temas de transparencia y rendición de cuentas, como Artículo XIX; el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); México Evalúa; la Red para la Rendición de Cuentas; Transparencia Mexicana; y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Se unirán asimismo representantes de organismos empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Para Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, la unión de todas estas organizaciones es un hecho histórico en el país, pues permitirá tender puentes con el Congreso para impulsar conjuntamente una agenda que importa a todos.

“Desde Fundar estamos tratando de tender puentes porque vemos el contexto tan complejo, tan complicado en el país, que creemos que es momento de empezar a construir una agenda ciudadana colectiva, en donde participen actores diversos y plurales encontrando los puntos, los elementos, en los que sí estamos de acuerdo y nos pueden unir”, sostiene Pérez Garrido.

La unión de estos sectores llega en un momento de crisis en la credibilidad de las instituciones.

Ocurre ante una figura presidencial que se encuentra en sus niveles más bajos de aprobación desde que inició el sexenio; un Congreso cuestionado por aprobar reformas que han traído consecuencias contrarias a las esperadas; y una sociedad harta de la corrupción y la impunidad en el país.

La sociedad civil, ante tal circunstancia, se ha convertido en un actor principalísimo en la vida de México, considera Pérez Garrido, toda vez que hay tanta desconfianza y falta de legitimidad en las instituciones, que son los ciudadanos quienes han tenido la capacidad –tanto política como técnica- para participar en la construcción de un país diferente.

“No pretendemos bajo ninguna lógica sustituir la responsabilidad formal que tienen ni los legisladores ni los funcionarios públicos, pero sí creemos en la colaboración y la co-creación para generar mejores marcos normativos y mejores políticas públicas”, afirma la directora de Fundar.

Para Max Káiser, director de Anticorrupción del IMCO, con la participación de la sociedad civil en la creación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el Congreso de la Unión ya entendió que la agenda ciudadana está alejada de cuestiones partidistas y se enfoca en la creación de mejores normas para el Estado mexicano.

“Una parte del Congreso ya aprendió que si salen con malas propuestas o malas leyes, lo vamos a señalar (…) Pero este anuncio es para decirles: ‘Aquí estamos otra vez, para trabajar juntos. No para imponer, no para exigir nada más, sino para trabajar juntos’”, asevera Káiser.

Cuando organizaciones de la sociedad civil como el IMCO o Transparencia Mexicana, entre otras, se sentaron en la misma mesa que los legisladores para trabajar en las leyes secundarias del SNA, los senadores se vieron obligados a abrir su trabajo, por lo menos de forma mínima.

Fue así como la sociedad se enteró de la forma en que se negocia al interior del Legislativo y las resistencias que existen para aprobar una legislación que afecta ciertos intereses.

El seguimiento de la sociedad civil a los trabajos del Congreso tendrá el mismo efecto. Y ocurrirá en un periodo de sesiones cargado con una agenda compleja de temas, y en la última oportunidad que tendrá el Congreso este sexenio para aprobar leyes, sin la niebla de una contienda electoral.

El reto de estas organizaciones civiles será mantener su autonomía y no entrar en la dinámica político partidista del Congreso.

Edna Jaime, de México Evalúa, acepta que el del Sistema Nacional Anticorrupción fue un momento intenso, pero interesante, en el que las organizaciones de la sociedad civil aprendieron que tienen un rol que deben cuidar para lograr el avance de sus propuestas.

“Ojalá que no perdamos nunca la brújula y que nos quede claro cuál es nuestro papel y no pretender que representamos a nadie”, dice Jaime.

Fiscalía y respeto a DH

Una de las tareas principalísimas del frente de la sociedad civil será impulsar la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República y vigilar de cerca el nombramiento de quien será su titular.

Edna Jaime, de México Evalúa, reconoce que uno de los principales temas del frente social serán los nombramientos, particularmente el del nuevo o nueva Fiscal General, por ser una pieza clave en el combate a la impunidad.

A ese nombramiento se suman otros igual de importantes, cuya designación depende del Ejecutivo o del Legislativo, pero en los que se pedirá que exista un método que permita garantizar que se está eligiendo a la persona idónea para tal o cual cargo y no que se trata de la designación de una persona “conveniente”.

“Los nombramientos no pueden darse en una caja negra (…) Sabemos que no todo son las personas, pero en momentos de tránsito como el actual, donde estamos construyendo instituciones, necesitamos los mejores perfiles en los puestos clave del Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción.

“Y creo que eso puede darnos garantías, si tenemos los perfiles idóneos de gente con capacidades, con talento, con integridad, con trayectoria; así podremos ser más exitosos en la consecución de nuestros objetivos”, insiste Jaime.

Las organizaciones de derechos humanos que participan en la coalición ciudadana llevarán también una propuesta para crear una Fiscalía Especializada en Violaciones Graves de Derechos Humanos y la existencia de servicios periciales autónomos.

Buscan paliar en algo la crisis de derechos humanos que vive el país con la llegada de un fiscal independiente, con buena capacidad de investigación.

Plantean, además, la eliminación del fuero, pues consideran que es una ventana de impunidad que se mantiene y se perpetúa entre la clase política del país.

Transparencia y anticorrupción

Uno de los primeros objetivos de esta unión de fuerzas civiles será la puesta en marcha de las reformas hechas en dos temas fundamentales: transparencia y anticorrupción.

Y también de impulsar la agenda que falta para concretar estas reformas de avanzada.

En el caso del tema de transparencia, se buscará que todos los sujetos obligados y entes públicos instrumenten de forma efectiva los mecanismos de acceso a la información.

En materia anticorrupción, la sociedad civil estará pendiente de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, en la conformación de los órganos y dependencias que participan en él, y en la creación de la segunda generación de las leyes del SNA.

El principal componente de esta segunda generación son las reformas a la Ley de Obras y a la Ley de Adquisiciones Públicas, para evitar la falta de candados que pudieran incentivar la aparición de actos de corrupción.

En el caso de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Ejecutivo envió una iniciativa en noviembre del 2014, que fue aprobada por la Cámara de Diputados pero se frenó en su paso por el Senado, por la presión de la sociedad civil que demandó cambiar la minuta.

En dicha propuesta se plasmaban mecanismos contrarios a la transparencia, como justificaciones para asignar obras mediante adjudicación directa y no por licitación, buscando que la asignación fuera la regla y no la excepción; relegaba Compranet a una herramienta alternativa; y hacía a un lado la obligatoriedad de hacer un estudio de mercado, lo que favorecía a una pobre planeación de la obra pública.

Edna Jaime, de México Evalúa, considera que esta nueva generación de reformas anticorrupción deben ser la prioridad del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Yo creo que la puerta trasera, en este caso, son las contrataciones públicas; es ahí, en la interacción de particulares con privados, donde se dan las oportunidades de corrupción”, dice.

Max Káiser, del IMCO, coincide en que ambas leyes son fundamentales para cerrar el paso a los corruptos.

La coalición social vigilará de cerca los nombramientos del nuevo secretario de la Función Pública; del comité que elegirá a los ciudadanos que participarán en el SNA; y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que serán los encargados de sancionar a quienes sean señalados de cometer actos de corrupción.