La declinación del colectivo #FiscalíaQueSirva de acudir a las comparecencias de los aspirantes a titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y la aprobación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados con cambios cosméticos al dictamen original, dejan en evidencia una vez más que aunque el Congreso de la Unión abra la puerta a escuchar opiniones externas, siempre termina ignorando la mayoría de las recomendaciones.
El colectivo #FiscalíaQueSirva integrado por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil consideró que el procedimiento para la selección del fiscal general adoptado por el Senado de la República no cumple con los estándares internacionales que vinculan al Estado mexicano, debido a que “no garantiza, entre otros aspectos, una participación ciudadana efectiva y suficientemente informada para auditar el proceso de designación”
“Nos parece que el procedimiento así como está diseñado en esta etapa con entrevistas tan cortas, con tan poca posibilidad de profundizar en las propuestas de los aspirantes, en conocer su perspectiva respecto de la transición PGR-Fiscalía, termina siendo más una formalidad que realmente un proceso que tienda a obtener información para evaluar la idoneidad de las personas. Por eso no lo queremos”, dijo Edgar Cortez vocero del colectivo en entrevista con Reporte Indigo.
Esta no es la primera vez que el Poder Legislativo abre la discusión sobre algún tema en donde incluye a la sociedad civil y a otros participantes.
La semana pasada, en San Lázaro se mantuvieron audiencias públicas sobre la creación de la Guardia Nacional con legisladores, representantes de organizaciones de carácter ciudadano, órganos autónomos, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales.
Sin embargo, los cambios a la inciativa fueron mínimos y ayer por la tarde, la bancada de Morena y sus aliados, el PT y PES, con el apoyo del PRI, aprobaron en lo general y lo particular la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, por lo que seguirá su recorrido en el Senado.
El acto de ignorar las sugerencias de la sociedad civil y otros actores en torno a la nueva corporación que tiene como objetivo garantizar la seguridad pública, fue reiterado por diversos legisladores de las fracciones del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
“La conclusión más importante de las audiencias fue que el dictamen de reforma constitucional que se había presentado y lo que hoy se nos pretende hacer y presentar como cambios no debía ser aprobado en sus términos”, señaló la diputada panista Adriana Dávila.
Antes de que culminaran las audiencias públicas la semana pasada, el Gobierno federal solicitó a los legisladores que en la iniciativa de la creación de la Guardia Nacional incluyeran que el mando de esta corporación fuera civil y no militar, derivado de las inconformidades del Alto Comisionado de la ONU, la CDNH y el colectivo Seguridad Sin Guerra, entre otros.
La acción de llamar a un mando civil a dirigir la Guardia de entrenamiento a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se interpretó como una reacción a la presión de organizaciones de la sociedad civil y otros entes; no obstante, David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, considera que este fue solo un cambio en la estrategia de muchos que se han solicitado.
Entre las propuestas de la sociedad civil, se encuentran que se fortalezcan las labores policiacas en estados y municipios, en vez de continuar con una estrategia de militarizar al país, lo cual no ha surtido efecto en la disminución de la crisis de violencia e inseguridad en las dos administraciones federales pasadas.
“Todo depende de qué manera vayan a definir el mando civil, porque en la iniciativa dictaminada había lo que diversos diputados mencionaron como una forma híbrida (…) Y lo justificaban mencionando que en algunos artículos especifican que los programas, las estrategias y los planes, se decidirán desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero parte fundamental de lo que implica el trabajo queda todavía en el Ejército.
“Al final de los foros decir que se escuchó a la sociedad civil y que la Guardia Nacional va a contar con un mando civil, solo se verá como una buena reacción a las críticas si se hacen los cambios para que se desvincule de manera inmediata o de manera progresiva del Ejército; si no se hace, entonces sí estaremos hablando de simulación”
Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la juventud mexicana a sumarse a la Guardia Nacional.
Los opositores al mandatario criticaron que abriera la convocatoria para la corporación, pues esta todavía no está inscrita en la Constitución.
Durante las audiencias públicas sobre la Guardia, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que esperaba que estos espacios de discusión con los legisladores no significaran solo una acción para legitimar una decisión del Gobierno federal previamente acordada.
“Llama la atención que de manera paralela a la realización de estas audiencias que, en el contexto de austeridad imperante han sido objeto de una amplia difusión, se haya iniciado, sino formalmente, cuando menos mediáticamente, el proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional, además de que en el Presupuesto de Egresos se hayan contemplado recursos para la implementación operativa de la misma, lo que haría presumir que, con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente a una determinación ya tomada”, apuntó González Pérez.
LSI, el otro antecedente
La postura del Senado ante la negativa de ampliar el diálogo para que la sociedad civil intervenga en la evaluación de los perfiles de los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y las audiencias públicas en la Cámara de Diputados sobre la creación de la Guardia Nacional, ya tenían un referente similar en el pasado.
En diciembre del 2017, cuando el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, el colectivo Seguridad Sin Guerra se manifestó en contra y denunció que la sociedad civil no fue tomada en cuenta en esa decisión; también pidieron al entonces presidente Enrique Peña Nieto vetar la legislación, pues advertía que se militarizara la seguridad pública en el país.
Casi un año después de su aprobación, la Ley de Seguridad Interior fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2018, bajo el argumento de que la Seguridad Pública, la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior ya contaban con regulaciones en la Constitución.
